(15 de febrero, 2015).- Después de que el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) emitiera sus observaciones sobre la situación de México en ese rubro, asegurando que las acciones del gobierno no han sido las adecuadas, éste se pronunció declarando que “el CED no refleja adecuadamente la información presentada por México el 2 y 3 de febrero pasados, en Ginebra, Suiza, en cuanto a las medidas emprendidas con respecto al tema”.
En los 2 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, las desapariciones forzadas han ido en aumento conforme pasan los meses, algunas son de carácter selectivo, contra defensores de Derechos Humanos. En algunas ocasiones, como el periodo febrero – marzo de 2013 se suscitaron 13 desapariciones de luchadores sociales, los cuales no fueron documentados por las autoridades, siendo hechos invisibles, advierte en un comunicado el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
Daniel Zapico, activista y ecónomo afirma “es preocupante que el gobierno no haya cumplido sus promesas de campaña, sobre actuar para prevenir y resolver la desaparición forzada, lo que ha orillado a cientos de familias a investigar por su propia cuenta, a pesar del riesgo que ello implica”.
Agregando “hemos visto muchas palabras y muchas promesas, pero muy pocos hechos. Muchas familias han investigado y documentado quién secuestró a sus seres queridos, arriesgándose a ser atacadas, pero cuando llevan la información a las autoridades, no sucede nada. Toda esa voluntad que decía tener Peña Nieto, simplemente no aparece”.
Por su parte Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, afirma “la resistencia del gobierno mexicano a aceptar las recomendaciones del CED deja un profundo mal sabor de boca, pues muestra nuevamente que Enrique Peña Nieto va a negar cualquier versión crítica de lo que hace su administración”.
Perseo Quiroz agregó que aunque el CED presentó varios informes y revisiones internacionales que documentan la existencia de miles de casos de desaparición forzada, el gobierno de Peña Nieto sigue sin reconocer la crisis de derechos humanos en el país y la dimensión del problema, manteniendo como única acción obtener credibilidad por medio de la emisión de comunicados de prensa.
Sobre el tema Jorge Verástegui, integrante del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, expuso que “este tipo de reacciones de las autoridades mexicanas demuestran que la diplomacia del Estado ya no está funcionando. No están logrando maquillar la realidad en el exterior
”.
Ante las acusaciones, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, declaró “el país está en libertad de ponderar, conforme a sus propias circunstancias, y de ponderar cuál de ellas efectivamente contribuirá a generar un mejor entorno”.
Poco después, Luciano Hazan, relator para el caso de México de ese comité, se pronunció, sentenciando “el Estado mexicano tiene el derecho de evaluar las recomendaciones emitidas por ONU. Lo que debe quedar claro es que nuestras recomendaciones están basadas en las obligaciones que asumió México al haber ratificado (en 2008) la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CID). Lo que el comité está haciendo es simplemente traducir en recomendación tales compromisos.”Puntualizando “Lo que esperamos es que México analice con el mayor cuidado posible las recomendaciones y las comience a instaurar lo antes posible.”
Dichas recomendaciones del CED, se organizan en 4 rubros. El primero es la definición y tipificación del delito de desaparición forzada, en donde se pide al gobierno crear un registro único nacional de personas sometidas a desaparición forzada, que se tipifique como delito autónomo a nivel federal y estatal.
El segundo toca el tema de la responsabilidad penal y a la cooperación judicial. Pidiendo que la desaparición forzada cometida por militares se juzgue en tribunales civiles y no en castrenses, que las investigaciones sean exhaustivas y se realicen sin demora, aunque no exista denuncia formal.
El tercer rubro toca el tema de las medidas para prevenir las desapariciones forzadas. Teniendo como punto de inicio la capacitación del personal encargado de atender a víctimas o implicado en las investigaciones.
Finalmente, el cuarto apartado, se refiere a la reparación y protección de niños contra las desapariciones forzadas. Exigiendo al Estado que redoble esfuerzos tanto “en la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas” así como “en la búsqueda, respeto y restitución de restos”.
