(19 de febrero, 2015).- La madrugada de este jueves, se llevó a cabo la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre los topes de campaña del PRI en las pasadas elecciones presidenciales de 2012, además del caso Monex al puro estilo del Congreso de la Unión “cuando se quiere que las cosas no se sepan”, manifestó Javier Corral, representante del PAN ante el INE, más cuando se trata de un asunto “tan importante de la vida democrática de México” como lo es “la montaña de dinero sucio con el que Enrique Peña Nieto financió su campaña”.
El TEPJF instó al INE, determinar el tipo de gasto que representó los casi 7 mdp distribuidos por el PRI a través de tarjetas emitidas por Monex y patrocinadas por Soriana.
El en ese entonces llamado Instituto Federal Electoral (IFE) decidió catalogar como gastos ordinarios los 6.8 mdp dispuestos en monederos electrónicos, una vez concluida la elección presidencial que llevo a Peña a una presidencia por demás cuestionada. Por ello, dos años después de cometidas tan escandalosas irregularidades, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, deberá explicar a qué tipo de gasto corresponde la diferencia antes mencionada de la campaña electoral priista.
“Todos estos gastos que fueron por un monto aproximado de 66 mil 326 mdp (…) se distribuyeron a las personas de la estructura, como se denomina por el partido, todos aquellos representantes del PRI ante las casillas en las labores de capacitación (…) sin embargo, posteriormente a la jornada electoral, la Comisión Bancaria y de Seguros apreció que había 7 mdp que no se identificaban claramente con los montos aludidos. Y el IFE, automáticamente, cargó esos 7 mdp a los gastos de campaña federal, pero no encontramos ninguna justificación de por qué tenía que haberse depositado o cargado hacia la cuenta federal”, expresó el magistrado Manuel González Oropeza.
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Por su parte, para el magistrado Pedro Esteban Penagos López, no hay nada que aclarar puesto que todo esta debidamente justificado “no se demuestra en el expediente la coacción o compra de votos, el contrato de mutuo es legal, el gasto está reconocido por el Partido Revolucionario Institucional y no hay otro tipo de financiamiento paralelo al que está reconocido”, declaró para terminar su participación mencionando que “Sólo hay que determinar en qué se gastó la diferencia de los 6 millones de pesos”, como si la cantidad no representara nada, más en las condiciones actuales del país que recorta el gasto público, el presupuesto de PEMEX, pero perdona cantidades estratosféricas en impuestos a grandes empresas.
Javier Corral explicó en qué consiste la decisión del Tribunal, quien “revocó lo relativo a los montos posteriores a la jornada. En la queja por compra y coacción de votos, se comprobó que el dinero que supuestamente recibieron los militantes, no lo recibieron, aún así es válida la decisión del consejo general que dio por buenos esos contratos”.
De esta forma, queda claro que el PRI hizo fraude no a las instituciones electorales, sino a sus propios votantes. De ser cierto que éstos no recibieron los supuestos beneficios de las tarjetas Monex/Soriana, sólo los engañaron para conseguir el voto y olvidaros una vez ganadas las elecciones. La historia de siempre.
“Pareciera que se está exonerando al PRI, ante recursos cuyo destino no está determinado”, declaró Corral en entrevista radiofónica, “Sin embargo, los grandes asuntos del tema están absolutamente avalados: lo que tiene que ver con el origen ilícito de los recursos, lo que tiene que ver con el mecanismo para el que estas tarjetas se usaron, para la compra y coacción del voto”
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