(21 de febrero, 2015).- La coordinadora del programa Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Camppos, reconoció que hay desacuerdo en las distintas fracciones parlamentarias respecto de la iniciativa de Ley General de Transparencia. Situación que alarma a las organizaciones sociales.
En tanto, indicó que están en marcha ciertos cambios que ponen en riesgo el espíritu de esta reforma constitucional, pues tratan de “inducir mecanismos de reserva de información que no son apropiados”.
En tanto, añadió que uno de los principios básicos de la reforma es el de la máxima publicidad, con el cual se puede tener acceso a la información gubernamental, a excepción de aquéla que afecte algún interés público o de seguridad nacional. Por esta razón, sólo podría reservarse información en casos de gran envergadura.
De este modo detalló que en la ley se precisan los puntos para que se respete el principio de máxima publicidad, que es de prueba de daño, que es “cuando tú le solicitas información a la autoridad y la autoridad te la reserva te demuestra que en efecto si se divulga la información que tú solicitas va haber un daño en un interés público”.
En consecuencia, declaró que en la discusión de la ley se está solicitando que se instituya la prueba de daño y que sólo cuando se presenten quejas ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), se pueda realizar la revisión. Dicha situación es “inadecuada” porque sería más fácil reservar información.
Agregó que el IFAI ha solicitado no tener competencia para sancionar. Por lo que, dijo que en tanto las sanciones sean ejecutadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) seguirá habiendo conflictos de interés “porque su titular es un empleado del Presidente, entonces se pierde el interés de cobrar las sanciones”.
Finalmente, informó que esta semana será intensa porque se realizarán distintos foros en el senado para discutir con especialistas y legisladores el tema de la iniciativa de Ley de transparencia.
