(22 de enero, 2015).- El informe Principales Avances de la Política de Seguridad 2014, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dio a conocer que en el país registró 17 homicidios por cada 100 mil habitantes, muy debajo de países como Honduras con 90.5, Venezuela con 53.7, Colombia con 30.8 o Brasil con 25.2.
Dicho documento fue elaborado por SEGOB, secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de Marina Armada de México (Semar) y la Procuraduría General de la República (PGR), afirmando que en el país se comenzó a registrar una tendencia general a la baja en la incidencia delictiva en los últimos dos años.
Según los datos, en 2014 se reportaron un millón 590 mil 282 delitos en las procuradurías y fiscalías del país, una reducción del 5% en comparación al millón 681 mil 77 de ilícitos denunciados en 2013, y de 7% comparados con el millón 704 mil 918 del hechos delictivos reportados en 2012.
A esta información se agregó la afirmación que “en 2014 se establece la tasa de delitos totales por cada 100 mil habitantes, como la segunda más baja en 17 años, entre 1997 y 2014″.
Ante estos resultados el presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas comentó “no se puede hablar de mejores resultados, cuando hay entidades donde se está desbordando la violencia. Las organizaciones sociales no entienden de dónde se sacaron esas cifras porque se puede decir que hay mejoras importantes como Chihuahua y Nuevo León, pero hay otras entidades donde impera la inseguridad”.
Asimismo apuntó “las cifras presentadas por el responsable de la política interna del país, Miguel Ángel Osorio Chong, tienen debilidades metodológicas, y es que no se puede afirmar que estamos mejor porque se están viendo situaciones difíciles en entidades como Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, donde la violencia está desbordada, a niveles de estado fallido”.
Francios Rivas agregó “no se puede afirmar que estamos mejor cuando los mexicanos no tenemos acceso a la justicia, vemos niveles de impunidad, no se está mejor cuando se vemos los registros, cuando vemos la incapacidad de las autoridades de no tener control de sus territorios”.
Ésta no es la primera vez que el ONC se pronuncia de forma contraria a los resultados en seguridad, durante el sexenio de EPN. En 2013 dicha institución alertó que “existe un incremento de secuestros en el país, mayor que en los primeros cuatro meses, incrementándose en un 16.9%”.
También denunció la falta de trasparencia en las cifras que revelaban que los delitos iban a la baja, afirmando “los delitos de extorsión y secuestro aumentan, no bajan, exijo a las autoridades de los tres niveles de gobierno mantener actualizadas sus bases de datos sobre incidencia delictiva”.
“No podemos permitir una regresión en materia de transparencia y apertura en materia informativa; es importante que la ciudadanía conozca y evalúe el desempeño de las políticas de seguridad a través de las cifras sobre su incidencia”, dijo Francisco Rivas, con referencia al Estudio sobre los 5 delitos de alto impacto enero 2012-abril 2013”.
En 2014 Francisco Rivas, hizo nuevamente un llamado al gobierno federal, argumentando que sus cifras, no reflejaban la incidencia delictiva, debido a que “las cifras obtenidas por el Observatorio estaban basadas en la información de denuncias recibidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública”, de acuerdo a las cuales destacó que el año pasado, el secuestro es el delito de alto impacto que más se incrementó en los últimos 16 meses con un crecimiento de 31.4%.
Rivas afirmó “continúa pendiente la asignatura de transparencia de ciertas entidades reflejado en el grave problema de falta de información en materia de extorsión y secuestro; las autoridades, junto al gobierno federal, deben mejorar las estrategias para combatir el secuestro y la extorsión, únicos delitos de alto impacto que registraron alzas el año pasado, como ejemplo, en 2013 hubo 8 mil 42 casos de extorsión que hubo en 2013, 9.34% más que en 2012”, además precisó, “en 2013 se registraron mil 702 secuestros, lo que representa un incremento de 19.6% en comparación con el año anterior a ese”.
En ese momento puntualizó “necesitamos una política nacional que busque erradicar y prevenir los delitos; necesitamos una coordinación entre autoridades de gobierno, ya sea las del Ejecutivo, las del Legislativo y Judicial”.
