(23 de enero, 2015).- En octubre pasado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que, “tenía conciencia y constancia de que había hechos claros que los militares actuaron de forma que no correspondían con lo que su función obligaba”, en el caso de la muerte de 22 jóvenes en el municipio mexiquense de Tlatlaya, Estado de México.
Jaime Rochín del Rincón, presidente de la CEAV, lo declaró, al comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y afirmó que esperaban el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el que se destacaría que “hubo violaciones graves” en el caso Tlatlaya, y después se procedería a contactar y atender a las víctimas.
En septiembre pasado, 9 elementos del Ejército fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar e internados en el Campo Militar Número 1 de la Primera Región Militar, en el Distrito Federal.
Los militares, un oficial y siete elementos de tropa, fueron detenidos por su participación en los hechos de Tlatlaya. “Las detenciones las realiza la Procuraduría General de Justicia Militar, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa; independientemente de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles conforme a su competencia en el referido acontecimiento”, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En noviembre pasado el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, aseguró que reparará los daños a las víctimas de los hechos ocurridos en Tlatlaya, aceptando que los ejecutores fue el Ejército mexicano.
A inicios de febrero, los 7 militares involucrados, declararon que a
La semana pasada la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) pidió a la Sedena, indemnizar a los militares que participaron en el caso Tlatlaya y fueron heridos, calificándolos “víctimas del delito”.
Esto después de asegurar que en el intercambio de disparos, y al resultar heridos, se convierten en víctimas y, por tanto, se les otorgará una indemnización próximamente conforme a la ley, aseguró Adrián Franco, comisionado encargado de coordinar los apoyos y las asistencias a las víctimas y sus familiares de los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en ese municipio mexiquense.
Esto ocurre días después de que la Organización Humanista por el Progreso Social, protestara en el Centro Histórico de la ciudad de México, para exigir el debido proceso
y respeto a los derechos humanos
de los soldados detenidos por ese caso.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) ha negado información del caso a la comisión especial de los diputados, que investigan dicha problemática, argumentando que las investigaciones son de carácter no sólo confidencial, sino reservado
.
Adrián Franco aseguró “estamos ante la posibilidad de hacer justicia y que la Sedena haga un reconocimiento de los delitos. Si hay personal del Ejército responsable de la ejecución a ‘mansalva’ de personas, como ocurrió en Tlatlaya, y eso queda acreditado, es una deshonra para el país, para el Ejército”.
Dicha indemnización forma parte de un proceso, donde ha habido militares que se han presentado recientemente, ante la CEAV, como víctimas, Franco asegura “hemos recibido solicitudes para inscripción de víctimas de la CNDH, de la Sedena, de la PGR y del gobierno del estado de México. En total son 43 solicitudes: 22 víctimas directas y 21 indirectas”.
“Los hechos de Tlatlaya están siendo sujetos a un procedimiento judicial de revisión, porque la misma CNDH ha determinado que hay personas que fallecieron en un intercambio de fuego entre el Ejército y las personas que se encontraban dentro de una bodega; otras más fallecieron en lo que se llama fuego cruzado, y el resto fueron ejecutadas”, puntualizó Adrián Franco.
