(07 de abril, 2015).- Por más que diversas instancias del gobierno de México traten de negar, refutar y ofender a los comentarios sobre desaparición forzada, que dio el relator de la ONU Juan Méndez, es un hecho que es un problema de seguridad sumamente grave, si bien es cierto que la atrocidad cometida en Ayotzinapa dio a conocer de mayor manera este delito no todo se queda en Guerrero.
Jan-Albert Hootsen, de Newsweek, ha escrito un reportaje acerca de un acto terrible de desaparición forzada, acaecido hace dos años en Veracruz, del cual aún hoy no se sabe absolutamente nada. Los mexicanos están cansados de la impunidad y abuso y hoy en día, lamentablemente, México está posicionado a nivel mundial pero por su corrupción, inseguridad y violencia.
Ricardo Illescas Ramírez tenía sed. Era agosto de 2013, y el joven de 25 años de edad, vendedor de ropa, estaba en Nuevo Potrero, en la costa este del Golfo de México, en el estado de Veracruz. Él había llegado más temprano para reunirse con los compradores y, cuando terminó el día, Ramírez fue a un bar destartalado cerca del centro de la ciudad.
Poco después de que él entró, dicen los testigos, un grupo de hombres con uniformes de policía irrumpió por la puerta, arrastrando a Ramírez y a otros fuera del lugar, los metieron en las patrullas se retiraron. Testigos reportaron incidentes similares ese día en un parque y parada de camiones cerca. En total 20 personas desaparecieron aquella jornada. Ninguno de ellos se ha vuelto a ver o a saber algo de su persona.
Desaparecer sin dejar rastro no es extraño en América Latina. Entre 1974 y 1982 al menos 10.000 argentinos desaparecieron durante la dictadura militar de ese país. En Guatemala se estima que 70.000 personas murieron o desaparecieron en 1982 y 1983 durante el gobierno del dictador Efraín Ríos Montt. México, por supuesto, está lejos de ser un estado policial despótico pero, en los últimos seis meses, el tema de la desaparición forzada ha enturbiado el país a causa de la relación incestuosa entre la policía mexicana y sus principales adversarias; viciosas y poderosas bandas de narcotraficantes del país. A medida que la indignación se ha intensificado Enrique Peña Nieto se ha comprometido a restaurar la ley y el orden y brindar explicaciones a las familias de los que han desaparecido.
Sin embargo los críticos dicen que el gobierno tiene poco que mostrar. Dieciocho meses después de que esas 20 personas desaparecieron, las familias de las víctimas aún no saben quién los secuestró ni por qué. Más importante aún; no saben si están vivos o muertos. “Todavía no tenemos respuestas”, dice Rosa María Ramírez Rojas, de 48 años, madre de Ramírez. “Nadie nos puede decir nada”.
Lo más triste…
No se suponía que sería así para Peña Nieto. Una vez alabado por la prensa occidental por sus intentos de crear puestos de trabajo, llegó al poder en 2012, comprometiéndose a dejar atrás la guerra contra las drogas, que había cobrado la vida de 100.000 personas desde 2006. Durante un tiempo la tasa de homicidios de México cayó a su nivel más bajo en años y Peña Nieto impulsó una serie de reformas económicas a través de la legislatura rebelde del país.
Pero en septiembre de 2014 surgió una nueva crisis nacional. 43 estudiantes en Iguala, una ciudad en el sur de México, desaparecieron cuando intentaban ir en autobuses a un mitin en la Ciudad de México. Lo que las investigaciones arrojaron, acerca de su desaparición, fue tétrico: Supuestamente el alcalde de la ciudad había ordenado a la policía secuestrar a los estudiantes y entregarlos a una banda de narcotraficantes local. La razón: Los estudiantes que protestaban habían sido muy críticos con su esposa.
Las autoridades arrestaron rápidamente al alcalde, su esposa y a decenas de agentes de policía, junto con miembros de la banda de narcotraficantes. Pero miles de mexicanos salieron a las calles en todo el país haciendo un llamado a la policía para que buscara y encontrara a los estudiantes. Muchos exigieron la renuncia de Peña Nieto. Él respondió intensificando sus esfuerzos para encontrar a los desaparecidos, o al menos sus restos.
Hasta ahora el gobierno no ha tenido un progreso evidente, y una de las razones principales es la medicina forense. Hace más de una década las autoridades mexicanas establecieron un banco nacional de ADN, destinado a resolver una variedad de delitos, desde violación hasta trata de personas. El banco ha recogido más de 25.000 perfiles genéticos pero, a medida que el gobierno de México, junto con el ejército, la policía y una serie de investigadores forenses, continúa la búsqueda en Iguala y en otros lugares, menos de 600 muestras genéticas han sido los emparejadas con sus respectivos restos.
“El gobierno mexicano tiene el dinero y la tecnología, pero carece de la transparencia y la voluntad para afrontar el problema de la desaparición forzada”, dice Ernesto Schwartz, especialista en genética y fundador de Ciencia Ciudadana Forense, una organización no lucrativa creada con el dinero de subvención para ayudar a los mexicanos encontrar a sus seres queridos desaparecidos. “Lo más triste es que las instituciones tienen la información, tienen muestras de ADN, pero los manejan mal y no comparten su información con otros. Estamos tratando de acabar con el monopolio que el Estado tiene en la verdad y permitir que los propios ciudadanos tengan el control”.
Otros grupos de ciudadanos han tratado de hacer lo mismo y el resultado ha conducido a una vergüenza mayor para las autoridades mexicanas. El otoño pasado voluntarios inundaron el campo, con la esperanza de encontrar a los estudiantes que faltan. No tuvieron éxito, pero lo que hicieron los llevó a descubrir docenas de tumbas secretas, muchas de las cuales pertenecían a otras víctimas de la violencia relacionada con las drogas. El problema de la desaparición forzada era mucho mayor de lo que la mayoría de los mexicanos habían imaginado.
Durante los últimos seis meses han aparecido más y más fosas clandestinas en todo el país. Sin embargo estos macabros hallazgos no han brindado consuelo a los familiares de las víctimas de Nuevo Potrero.
La ciudad está rodeada de exuberantes montañas y extensos campos de caña de azúcar. También está en una lucrativa ruta para el tráfico de drogas, ya que conecta la frontera norte de México hacia el sur del Caribe. El control de estas rutas es dominado por una pandilla brutal llamada “Los Zetas”. “Ellos dominan todo y se han infiltrado en las fuerzas policiacas locales, mismas que llevan a cabo desapariciones”, dice José Reveles, un veterano periodista del delito y experto en la guerra contra las drogas.
Aún no está claro si los Zetas, junto con la ayuda de la policía local, secuestraron a Ramírez y los otros 19 en esa fatídica noche en agosto. Varios días después de la desaparición la oficina del fiscal del estado emitió un breve comunicado diciendo que estaba investigando el asunto, pero negando que hubiera habido una operación policial en ese día. De acuerdo con las familias de las víctimas la oficina del fiscal no tiene registro de arresto contra alguno de los desaparecidos. Cárceles cercanas no enumeran a ninguno de ellos como los internos y las autoridades no han respondido a las numerosas peticiones para ver imágenes de vídeo tomadas cerca de las escenas de los secuestros.
“Tuvimos una reunión tras otra con los fiscales”, dice la madre de Ramírez. “Se sintió como si sólo nos mantuvieran ocupados. Lo que nos enoja más es que reaccionaron demasiado tarde cuando nos quejamos de las desapariciones.
El autor de la nota señala que: “Ni la oficina del fiscal del estado de Veracruz, la comisión estatal de derechos humanos y la oficina del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, respondieron para hacer comentarios al respecto”. Sin embargo, no mucho después de mis investigaciones, los familiares de las víctimas dijeron que las autoridades las contactaron el mes pasado, primera vez en casi un año. “Nos sentimos abandonados por todos,” dice Alicia Hernández, de 43 años de edad, cuyo hijo Kevin, de 20, fue secuestrado en Potrero. “Le he dicho mi historia tantas veces a tanta gente y no ha ayudado en nada.”
