(14 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- De acuerdo al Diagnóstico sobre Parlamento Abierto en México, realizado por la Alianza para el Parlamento Abierto (APA) -que aglutina a más de una decena de organizaciones civiles-, el Poder Legislativo en nuestro país está sumido en la opacidad, pues “no tenemos ninguna información de cómo se usan los recursos públicos”, informó Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“En general, las instituciones legislativas no publican manejo de recursos públicos, información sobre órganos administrativos, y ninguna institución publica el presupuesto y gastos de comités…preservar estos niveles de opacidad en el Congreso no es sólo un riesgo para la vida legislativa, es un riesgo para la democracia en México”, afirmó.
En el estudio, para el que se definieron 10 principios a partir de los cuales se construyeron 95 indicadores, se analizó qué tan transparentes, accesibles, cercanas a la ciudadanía y proactivas en la rendición de cuentas, son las 34 dependencias legislativas: Cámara de Diputados, Senado de la República, 31 congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Entre los temas en los que el Poder Legislativo sale peor evaluado destaca la publicación de datos abiertos; su uso es prácticamente nulo entre las dependencias, pues en promedio, sólo en 0.3% de los casos se realiza.
La ALDF, el Congreso de Puebla y el Senado son las únicas entidades en donde se han aprobado políticas públicas para favorecer un gobierno abierto, pero este avance representa solamente 3 %.
La regulación, ordenanza y transparencia sobre el cabildeo para evitar conflicto de intereses, es el tercer principio que menos se observa en el Legislativo, pues sólo una cuarta parte de los órganos cuenta con un código de ética para funcionarios y legisladores.
El 67 % de los congresos tienen disposiciones que obligan a los legisladores a excusarse de participar en procesos parlamentarios que tengan un potencial de conflicto de interés para ellos, pero ninguna de las 34 dependencias hace público este tipo de situaciones.
Dinero y participación
El estudio arrojó evidencia que señala que los congresos locales de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo no cumplen con ninguna variable del principio de información presupuestal y administrativa.
Por lo menos 20 de las 34 dependencias de orden legislativo tienen una rendición de cuentas muy baja, al cumplir sólo con tres variables o menos de las 95 consideradas en el análisis.
María Amparo Casar, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) señaló: “es realmente lamentable que siendo el Congreso el órgano fiscalizador por excelencia, cuando se trata de sus recursos, no ha sido ejemplo de transparencia. Para evitar abusos, en particular del Ejecutivo, ha introducido leyes que le permiten investigar la forma en que gasta cada peso el Poder Ejecutivo, acotar los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Ha logrado aprobar leyes para transparentar la información pública y con ello elevar la rendición de cuentas, pero cuando se trata de ellos mismos no han sido tan escrupulosos”.
Subrayó que el de México es uno de los parlamentos más caros de América Latina cuyo monto de presupuesto no se corresponde con el nivel de transparencia que ofrece ni con las políticas para incentivar la participación ciudadana.
La promoción de la participación de personas interesadas en las actividades legislativas se cumple en un 40%, pues 28 dependencias regulan la figura de iniciativa ciudadana y en 25 se tiene considerada la consulta popular; sin embargo, ninguna institución pone a disposición del ciudadano una plataforma con mecanismos de interacción en tiempo real.
Los menos peores
A pesar de que el tema de transparencia se ha posicionado en la agenda pública y actualmente se discute una iniciativa al respecto, la mayoría de los congresos no incluyen elementos mínimos de rendición de cuentas; las dos principales carencias se centran en la falta de información detallada sobre presupuestos, así como el desempeño legislativo de los parlamentarios en lo individual.
La Cámara de Diputados federal y el Senado de la República fueron las entidades mejor evaluadas; sin embargo, ninguna de ellas alcanza el 60 % de cumplimiento de Parlamento Abierto, lo que nos da una dimensión del rezago en el tema.
Por lo menos la mitad de los congresos cuenta con un archivo histórico de fácil acceso y abierto a consulta pública en el que se presenta información sobre las actividades legislativas: 15% de las instituciones publica un listado de los documentos que recibe en el ejercicio de sus funciones, pero únicamente el 3% difunde las versiones estenográficas de los debates que se generan al interior de las comisiones legislativas, órganos en donde se dictaminan las iniciativas.
El 60% de los congresos se asegura de que las sesiones y reuniones de trabajo sean accesibles y abiertas al público, en tanto que el 94% de las instituciones evaluadas tiene un área para atención al público en materia de acceso a la información y 85% publica en su sitio web la dirección de sus oficinas de enlace.
