(15 de abril, 2015).- A casi 7 meses de los hechos de Iguala, que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas, la lucha de los padres y de la sociedad en general no sólo se ha movido en la exigencia de justicia, sino también en el afán de no permitir que el caso caiga en el olvido, esto ante una actitud de las autoridades que han decidido cerrar el caso
En tal sentido Mario Camarena Ocampo, doctor en antropología e investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (DEH-INAH), reitera lo antes planteado y asegura que ahora el caso Ayotzinapa ha tomado la tónica de ser una lucha por la memoria.
“En esa lucha por la memoria también se lucha para procurar que algo no se repita. La memoria tiene función pedagógica ya que ayuda a que la gente tome conciencia del papel que está teniendo en la sociedad y sirve para construir elementos de identidad. La lucha que se está dando en el caso Ayotzinapa es una lucha por las memorias, una lucha por fundamentar una cuestión de justicia y la posibilidad de que se pueda seguir luchando y no se repitan las cosas”, manifestó.
Aunado a lo anterior detalló que esta cuestión de la memoria y los recuerdos son un poderoso mecanismo de participación de la sociedad, además dijo “quitar la memoria es quitar la posibilidad de la indignación, porque no tenemos una referencia”.
De igual manera expresó que en este panorama donde los padres han emprendido su lucha, las autoridades mexicanas también han emprendido la propia, en aras de imponer su memoria, es decir de validar su versión.
“En este sentido ha habido un conflicto sobre las formas de interpretar y estructurar los acontecimientos de Ayotzinapa. Por un lado están los padres que están luchando para que se les atienda y por otro lado un Estado que se empieza a esconder, a olvidar y desaparecer ciertos aspectos de lo ocurrido en Iguala”, agregó.
Aunado a lo anterior señaló: “esta lucha tiene que ver en términos del orden en que se platica lo que fueron los acontecimientos. El Estado puede decir que sí participó la PFP, pero en qué momento participó, simplemente cambiar el orden modifica totalmente la responsabilidad que puede tener”.
Asimismo enfatizó que la “reconstrucción de los hechos de Ayotzinapa, es un proceso dinámico que se va transformando al calor de conflictividad que se está dando, por un lado entre los organismos y por otro el Estado mexicano en términos de cómo se está justificando”.
“La memoria es un elemento central y detonante en los conflictos sociales. Si no hay memoria no hay posibilidad de conflicto, no hay posibilidad de que aglutina a la gente”, manifestó.
Por otro lado, recordó que el caso Ayotzinapa, así como la lucha por la memoria, se mueven en un contexto particular, donde se presentan las reformas estructurales y una intencionalidad del gobierno por terminar con los “espíritus comunitarios”.
“Hay una de destrucción de los valores nacionales; hay un Estado que omite buscar la justicia y en lugar de eso está buscando pactar donde hay problemas; hay un Estado que está perdiendo la soberanía ante los gobiernos estadounidenses. Pero también nos encontramos ante una política anti jóvenes, en la que no tienen expectativas, ni alternativas. Acompañado de una concentración de las tierras por las empresas de capital extranjero y la expulsión de las comunidades a través del desplazamiento, mismo que se mueve bajo el mecanismo del terror y la violencia”, declaró.
El académico también hizo referencia al actuar de la PGR y remarcó que esta institución no busca la justicia en el caso Ayotzinapa sino negociar el conflicto. Dijo que trata de esquivar sus responsabilidades, poniendo la atención en otros planteamientos.
“La PGR hace un recuento de los hechos pero no busca justicia. En este trata de ver que es un acto de violencia entre particulares, pero no incorpora la violencia institucional. Vincula al crimen pero no lo hace con las instancias federales; busca negociar los problemas y con esto el Estado plantea un problema de negociaciones y no de justicia”, señaló.
Asimismo detalló que en el panorama de esta situación es posible observar cómo el Estado emite argumentos engañosos, con los cuales pretende justificar los hechos.
“Por un lado hay un grupo que pide justicia y construye una memoria para pelear por la justicia y por otro un Estado que argumenta en términos legales pero no busca justicia sino simplemente justificar y llega al extremo de ofrecer dinero por el daño de los jóvenes. Aquí hay dos formas sobre cómo se reconstruyen los hechos, dos intenciones diferentes: una es la lucha por conservar la memoria, una lucha para un actuar, un legitimar, contra un Estado que lo único que le interesa es fundamentar y justificar su no participación”, puntualizó.
