(16 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El lavado de dinero en México mantiene una calificación de 5.76 puntos, en una escala del 1 a 10, donde 10 representa el mayor riesgo de incidencia en este ilícito. Con dicha puntuación, el país se ubica por arriba de Colombia, que califica con 4.64 y por arriba de Estados Unidos, con un índice de 5.26, esto de acuerdo a información del Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas, Basel.
Al mismo tiempo da a conocer que México es uno de los países que presenta más riesgo de incurrir en operaciones con recursos de procedencia ilícita a través del lavado de dinero.
Según el diagnosticó del Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma total de fondos blanqueados en el mundo se ubica entre 2% y 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, además de que los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra. En el caso de México, se estima que el monto de lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año, lo que representa el 3.6% del PIB del país.
En 2012 se aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida comúnmente como Ley contra el lavado de dinero), que estableció la protección del sistema financiero y la economía nacional con la implementación de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tendría como fines recabar elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
A casi 3 años del surgimiento de la ley, organismos nacionales e internacionales reportan que en México las actividades de lavado de dinero se incrementa año con año, según estudios de la Cámara de Diputados
En México, con las modalidades bajo las cuales se puede dar el delito de lavado de dinero, se desprenden ocho conductas que integran y tipifican como ilícito penal a este delito, así como las cuatro conductas que conforman el propósito del mismo y son: adquirir, enajenar, administrar, custodiar, así como cambiar, depositar, dar en garantía, invertir, transportar y transferir.
Para la autoridad existen 15 actividades catalogadas como vulnerables, que deben cumplir con el reporte de las operaciones de acuerdo a los montos previstos en la ley. Entre estas operaciones se encuentran juegos, concursos y sorteos, la compra-venta de inmuebles, así como la de vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), joyas, obras de arte y tarjetas de prepago, construcción y venta de inmuebles, servicios de blindaje, además de ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios.
El académico Romain Aby, especialista en economía y gabinetes estratégicos afirma “si no se logra percibir la estrecha relación entre el lavado de dinero por parte de los bancos y las personas asesinadas en México, el gobierno y otras autoridades, no están entendiendo nada”.
“El estudio realizado por Global Financial Integrity (GFI) señaló que el blanqueo en el país asciende a 232 mil millones de pesos. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados señala que esto es alarmante, porque equivale al 82% del gasto que tuvo la Federación. Sin contar que aproximadamente 160 mil millones de pesos ilícitos, circulan entre los cárteles a través de las fronteras de México y Estados Unidos, actos que directa o indirectamente respaldan las miles de muertes de sociedad civil”, puntualiza.
Argumentando que “se lava el dinero que proviene de actividades que matan a las personas, 41% del tráfico de drogas; 33% del tráfico de personas; 20% de la piratería y 6% del fraude. Del total de ganancias ilícitas, 76% acaba en la economía formal y 24% en la informal, en todos esos rubros hay muerte, el presidente y los legisladores lo saben, pero al primero no le importa por ser un lánguido social y los segundos son unos laxos”.
En 2014, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reportó a la Procuraduría General de la República (PGR), 87 denuncias por presunto lavado de dinero, el número más elevado de toda su existencia.
Además reportó que el año pasado se registraron cerca de 114 mil operaciones inusuales, cifra mayor en 38 mil 500 al cierre de 2013, cuando ocurrieron 75 mil 468 casos, es decir, un aumento del 50% en esta actividad ilícita.
“México ha obtenido 40 recomendaciones que hicieron organismos internacionales con respecto a lavado de dinero, sumando a esto 9 recomendaciones más por el delito de financiamiento al terrorismo, otro ilícito financiero en el que el país está reprobado y que va concatenado indudablemente al primero, con un incumplimiento de un 65%”, afirma Aby.
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Según el FMI, el financiamiento del terrorismo es la captación y el procesamiento de activos para dotar a los terroristas con recursos que les permitan llevar a cabo sus actividades. Los dos fenómenos pueden manifestarse de numerosas maneras, pero por lo general explotan las mismas vulnerabilidades de los sistemas financieros que dan lugar a niveles inapropiados de anonimidad y falta de transparencia en las transacciones financieras.
“En México al ilícito de financiamiento al terrorismo no se le presta atención, un motivo de peso es que éste pareciera se relaciona exclusivamente con países de medio y próximo oriente, lo que conlleva a que sea extremadamente difícil de detectar, en ausencia de información específica sobre individuos, entidades y métodos”, advierte Aby.
Y agrega “los pasos a seguir deberían ser obligatoriamente que si ya se detectó la Entidad, se debe enfocar en la información específica u obtenida en el curso del monitoreo de transacciones y esfuerzos de cumplimiento diarios, cualquier pista identificada que lleve a alguna actividad inadecuada o ilegal debe tomarse en cuenta, es posible que en primer lugar parezca un robo de identidad o fraude, pero una investigación mayor puede determinar que esté relacionada con el terrorismo, sin embargo esa opción en este país casi nunca es tomada en cuenta, incluso cuando el mismo caso puede aplicarse al narcotráfico, lamentablemente”.
El ecónomo Juan Campos afirma “al no existir una investigación altamente eficaz sobre el lavado de dinero por vía del financiamiento terrorista, que también se debe aplicar al narcotráfico, cada año, el Departamento de Estado de Estados Unidos denuncia en su International narcotics control strategy report afirmando siempre que el sistema financiero mexicano es un centro de lavado para el crimen organizado, y recientemente ha afirmado que en el país, la delincuencia organizada blanquean entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares anualmente”.
Y sugiere “la ley anti lavado del dinero del Congreso no ha funcionado y tampoco ha sido modificada para lograrlo, y para Peña Nieto es un tema irrelevante, aún más cuando algunos personajes de su equipo han estado involucrados; se debería: modificar la estrategia actual; buscar el quiebre de la capacidad financiera de las organizaciones criminales transnacionales; generar la capacidad institucional (instancias judiciales y jueces especializados en lavado de dinero, para atender sistemáticamente este tema y elevar a categoría de tema de seguridad nacional la lucha contra este fenómeno, dándole peso a su investigación.
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