(17 de abril, 2015).- La diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT) calificó a la recién aprobada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de contradictoria y esquizofrénica, argumentando que ésta parte de un concepto erróneo, al considerar que la información pertenece al gobierno federal y a las dependencias que lo conforman, cuando debe considerarse un bien público al que toda la ciudadanía puede tener acceso.
La legisladora recordó que en diciembre pasado, a través de al menos 80 observaciones al dictamen que se discutía en el Senado de la República – y que no se hicieron públicas, sino por una filtración-, la Consejería Jurídica de la Presidencia pedía que el dictamen incluyera sanciones a los organismos públicos cuando proporcionaran información que al gobierno no le convenía y que solamente se debería hacer pública la información en materia de derechos humanos, previa resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o de organismos internacionales, lo que hubiera provocado que casos como el de la ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes a manos del Ejército en Tlatlaya, no hubiesen podido ser revelados.
“Hay 12 fallas centrales en esta Ley General de Transparencia que no son menores; la principal es el control político del nombramiento de los integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI). Esto quiere decir que a través del veto presidencial y las cuotas en las Cámaras, los consejeros del IFAI serán cuotas de los partidos”, argumentó la diputada.
Aguilar Gil señaló su preocupación respecto a la posibilidad prevista en la ley, de que el consejero jurídico del gobierno federal tenga la facultad de interponer un recurso de revisión en materia de seguridad nacional y la definición ambigua sobre la libre determinación de los entes obligados de proporcionar la información que así se les solicite, de acuerdo a lo que cada una interprete como “daño a la seguridad nacional”.
(click en la imagen para ir a la nota)
Sujetos no obligados
La diputada Nelly del Carmen Vargas, del partido Movimiento Ciudadano (MC) criticó que hayan tenido que pasar 25 años para que se reglamentara el derecho a la información, consagrado en el artículo sexto de la Constitución Política de México desde 1977, pues fue hasta el 2002 que se emitieron los lineamientos para proveer, transparentar, garantizar y favorecer el acceso a la información.
De lo contrario México no saldrá del deshonroso lugar 103 de corrupción, de 175 naciones en el que se encuentra, de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción de 2014 que elabora anualmente Transparencia Internacional.
En su participación, la legisladora Zuleyma Huidobro González, también de MC, criticó que en la Ley de Transparencia el Estado Mayor Presidencial, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Centro Nacional de Planeación de Análisis e Información para Combatir a la Delincuencia Organizada no serán sujetos obligados para transparentar su información, y subrayó que será casi imposible obtener información de dichas instituciones.
(click en la imagen para ir a la nota)
“Tras múltiples escándalos sobre millones de pesos en impuestos que Hacienda perdonará a empresas como Televisa, hoy quiere engañar a los ciudadanos diciendo que la ley contempla dar acceso a la información sobre condonación de impuestos, cuando ésta será entregada de modo limitado hasta que un juez determine que no pone en peligro la estabilidad económica del país”, argumentó la diputada.
Huidobro González señaló que “lo peor de esta ley es, sin duda, un solo artículo: el transitorio y último donde se reconoce que el Congreso de la Unión ha manejado los recursos públicos de manera discrecional y en total opacidad… ¿Qué significa en realidad que la Cámara de Diputados disponga de cuatro meses para crear una reorganización administrativa? Es sencillo, ahora se podrá postergar indefinidamente la obligación de transparencia y se seguirá con la opacidad en el uso y destino del dinero público”.
“Hace unos meses aseguré que en esta Cámara de Diputados se reparten bonos, ustedes los llaman subvenciones extraordinarias, otros los llaman sobornos y cada quien le da el nombre que quiere porque no existe en ninguna ley o reglamento. Es decir, no son legales y no son legales porque cada coordinador de grupo parlamentario lo maneja discrecionalmente. No tienen una finalidad específica y tampoco tiene que comprobarse en qué se han utilizado”.
La diputada declaró que, de acuerdo al último informe semestral que presentaron los grupos parlamentarios, en el rubro de subvenciones extraordinarias, se repartieron miles de millones de pesos en el siguiente orden: Partido Revolucionario Institucional (PRI), 68 millones 760 mil pesos; Partido Acción Nacional (PAN), 31 millones 284 millones de pesos; Partido de la Revolución Democrática (PRD), 33 millones 922 mil pesos; Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 12 millones 950 mil pesos y Nueva Alianza (NA), 2 millones 500 mil pesos.
Inexistente democracia
En su intervención, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara señaló que en un Estado democrático ni siquiera necesitaríamos de una Ley de Transparencia.
El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), argumentó que la Cámara de Diputados legisla para hacer inoperantes los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular, el derecho a la información y la obligación del Estado para garantizarlo, pues con la Ley General de Transparencia se violenta la autonomía que la Constitución otorga al órgano garante del derecho a la información, lo trastoca y condiciona a través del control político, pues la designación de comisionados se ciñe a la práctica política del reparto de posiciones en función de cuotas partidistas, hecho que vulnera la independencia y autonomía de los comisionados.
“Existen condiciones específicas para continuar con la opacidad, la administración de Peña Nieto, lejos de combatir estas prácticas de opacidad y corrupción, ha impulsado acciones y estrategias de comunicación que encubren lo indefendible, como la casa blanca y el tren rápido México-Querétaro, por no decir ahora las casas de Osorio Chong y del subsecretario Miranda. Más de lo mismo, y esta ley por desgracia, a pesar de evidentemente reconocer algunos avances en lo general, es más de lo mismo”, concluyó Huerta.
…
En un intento por atajar las críticas de los legisladores de oposición, la diputada del PVEM y experredista, Ruth Zavaleta Salgado argumentó que “la única esquizofrenia en esta tribuna es de aquellos que nunca quieren reconocer que lo que aquí se trabaja ha sido de gran avanzada, y es que porque quizás desconocen lo que ha pasado en otros tiempos…el sistema de transparencia viene a complementar el sistema anticorrupción y viene también a revolucionar el sistema democrático del país”.
La Ley General de Transparencia –único tema abordado en la sesión ordinaria- fue aprobada en lo general con 385 votos a favor de legisladores del PRI, PAN, PRD, PVEM y NA; 24 en contra del PT, MC y Morena y tres abstenciones, después de descartar sin siquiera discutir más de media centena de reservas.
