(18 de abril, 2015).- El próximo lunes se darán a conocer los lineamientos para la restructuración de la megadeuda de Coahuila, heredada por el ex Gobernador Humberto Moreira, al mismo tiempo se conocerá cuáles instituciones financieras se contratarán los nuevos créditos.
El 25 de febrero pasado, la Secretaría de Finanzas estatal presentó los lineamientos para la obtención de un crédito por hasta 37 mil 500 millones de pesos para refinanciar el “moreirazo”. Según el documento, el monto solicitado incluye los costos y gastos adicionales que se generen de la operación.
El Gobierno de Coahuila solicitó a los bancos presentar propuestas financieras estimadas a plazos de 20, 25 y 30 años, sin periodo de gracia, así como de amortizaciones de capital crecientes mensuales a razón del 1.35 por ciento para 20 años, 1.70% para 25 años y 2.25% para 30 años.
Entre las condiciones planteadas están que no se cobre comisión por apertura o por prepago. El 29 de noviembre, el Congreso local aprobó al Estado contratar una línea de crédito por hasta 38 mil millones de pesos para la reestructuración de la megadeuda de más de 36 mil millones de pesos.
Sobre el tema y ante el fracaso de la comisión para investigar la megadeuda que instituyó el Congreso de Coahuila, el senador Luis Fernando Salazar propuso crear una comisión especial para investigar dicha deuda, compuesta por un grupo plural de senadores.
Luego de que el diputado local Fernando Gutiérrez renunciara a la comisión que el Legislativo coahuilenses instaló para investigar los recursos de la megadeuda, alegando que no existían avances en dicha comisión, ahora la estafeta la toma el senador coahuilense.
Por ello, Luis Fernando Salazar afirma “existen dudas muy claras que nadie ha podido resolver ni explicar con datos precisos y comprobables acerca de la deuda de Coahuila, como son el origen real de la deuda y sobre todo, el destino y aplicación desglosado de dichos recursos, lo más grave es que se han seguido realizando renegociaciones de una deuda que en vez de disminuir de cantidad y plazos, ha aumentado, a pesar de que ni los mismos funcionarios conocen a ciencia cierta todo el destino de ella, porque hasta ellos mismos han declarado que les faltan documentos, que presuntamente fueron robados”.
Puntualizando que si desde 2012 se sabía del robo, “¿por qué lo revelan hasta ahora?”, y señala que si todo este tiempo han carecido de dichos documentos, “¿sobre qué bases y documentación reestructuró la deuda el propio Ismael Ramos en 2011, y luego el Gobierno Estatal en otras tres ocasiones?”.
Asimismo, preguntó, “¿Qué pasó con los respaldos electrónicos de los documentos presuntamente robados, pues todas las operaciones financieras de las entidades federativas se respaldan en plataformas digitales?”
Es por ello que también ha solicitado que el Senado pida a la Secretaría de Finanzas de Coahuila un informe sobre la supuesta desaparición de esos documentos y las acciones legales que presuntamente ejercieron desde 2012.
