(20 de abril, 2015).- El régimen priista trata de ocultar la magnitud de la violencia en el país y mantiene al Ejército en funciones policiacas. Con respecto al tema, un estudio estadístico realizado por expertos de la Universidad de Harvard demuestra que los municipios con mayor intervención militar, lejos de pacificarse, registran un aumento de asesinatos.
Desde que el Ejército y la Armada salieron a las calles, en el sexenio de Calderón, no hay día en que no hayan protagonizado algún episodio de violencia. Donde han realizado operativos se incrementa la tasa de homicidios, y la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informa que son más de 3 mil 500 los hechos de violencia en que el Ejército se ha involucrado, incluida la masacre de Tlatlaya.
El estudio señala que aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha anunciado formalmente la puesta en marcha de nuevos operativos, las Fuerzas Armadas mantienen en las calles “operaciones de alto impacto para reducir la violencia”, que solamente han dado resultados negativos, como el ocurrido en aquel municipio del Estado de México el 30 de junio de 2014.
La mayor parte de la violencia militar ha ocurrido en el noreste (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila), pero también ha sido repetida en el norte (Chihuahua y Durango), el noroeste (Baja California y Sinaloa), el centro (Michoacán, Guanajuato y Zacatecas), el suroccidente (Guerrero) y el este (Veracruz).
La intervención de los militares está asociada al aumento de muertes violentas. Esa es una consideración que debe tomarse en cuenta en México para decidir la presencia de los militares en las calles, asegura Valeria Espinosa, analista cuantitativa de Google, una de las autoras del estudio ¿Las intervenciones militares en la guerra mexicana a las drogas incrementaron la violencia?, publicado el jueves 2 de abril por la Asociación de Estadística de Estados Unidos (American Statistical Association, ASA), la principal y más antigua organización de su tipo en ese país, cuyos integrantes trabajan en más de 90 naciones.
Apoyada en cifras oficiales de México, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de la Presidencia en el gobierno de Calderón y del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), Espinosa elaboraró diversos modelos estadísticos y concluyó que la decisión del gobierno de México de involucrar a los militares en su guerra a las drogas “incrementó en promedio la tasa de asesinatos en las regiones donde hubo intervenciones militares”.
La conclusión sentencia: a mayor presencia militar, más violencia y tasas de homicidio más altas. Para demostrarlo, compararon las tasas de homicidio en cada región donde hubo operativos del Ejército con las tasas esperadas de no haber existido intervención castrense.
El análisis abarca regiones de 12 estados: Tijuana, Baja California; Nogales, Sonora; Madera, Chihuahua; Ciudad Juárez, Chihuahua; Pánuco, Zacatecas; Villa de Cos, Zacatecas; Teúl, Zacatecas; Reynosa, Tamaulipas; Bustamante, Tamaulipas; Guadalupe, Nuevo León; Rincón de Romos, Aguascalientes; Sinaloa; Tepic, Nayarit; Celaya, Guanajuato; Apatzingán, Michoacán; La Piedad, Michoacán; Coahuayana, Michoacán, y Acapulco, Guerrero.
Estas demarcaciones incluyen a varios municipios porque, de acuerdo a la autora del estudio, la intervención de las Fuerzas Armadas afecta no sólo a la ciudad donde se establecen los operativos, sino a los municipios vecinos. Además de que las operaciones militares se enfocan a municipios y no a estados.
En promedio, la intervención militar implicó un incremento de casi 11 homicidios por cada 100 mil habitantes en esas regiones, especialmente en Ciudad Juárez.
“A Peña nieto se le debe reprochar dos cosas generalizadas, que quiso enfrentar al crimen organizado sin estrategia firme y adecuada y que ocultó el tema de la violencia en si discurso y en el de su ejército, en una acción mediática y propagandística, tan irresponsable como criminal”, asegura el analista Martín Moreno.
“Peña Nieto está fracasando en materia de seguridad, porque además que ni la violencia ha disminuido ni se ha controlado: 30 mil 780 ejecutados durante 21 meses de gobierno, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Peña Nieto es responsable de las acciones del Ejército mexicano, pero el temor a la fuerza castrense lo llevó a darles carta blanca y actuar como se les antojara”, afirma.
Y agrega “las consecuencias, soldados mexicanos fusilando a quienes se suponían, eran una amenaza para la sociedad, pero que debieron haber sido llevados a juicio y no acribillados. Cuando los soldados asesinos jalaron del gatillo, demostraron el nulo respeto al ser humano y a los derechos individuales”.
