(21 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).-A casi 7 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la búsqueda de la verdad continúa.
Este lunes, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)- creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para atender la desaparición de los estudiantes en Iguala- presentaron un informe en donde detallaron los avances obtenidos en torno al caso Ayotzinapa.
En conferencia de prensa, Carlos Beristain y Francisco Cox dieron a conocer el progreso de la indagatoria después de su segunda visita de trabajo, la cual inició el pasado 6 de abril. En el acto los expertos reafirmaron que el caso de los 43 estudiantes se trata de un hecho de desaparición forzada y apuntaron que han proporcionado información suficiente para abrir nuevas líneas de investigación así como para ampliar las que se tienen.
Los expertos de la CIDH explicaron que el trabajo de este grupo ha tenido cuatro ejes de actividades, entre los que se contempla: el proceso de búsqueda, investigación, atención a víctimas y políticas públicas frente a desaparición forzada.
Al tomar la palabra, Carlos Beristain, médico e integrante de esta comisión de trabajo, explicó que después de las actividades emprendidas hasta el momento, el GIEI ha entregado a la Policía Federal información sobre dos sitios en lo que considera es necesario inspeccionar.
Sin dar más detalles de estos puntos, comentó que los datos de estos lugares fueron proporcionados por los padres de los normalistas y aseguró que las autoridades se comprometieron a investigarlos.
De igual manera indicó que el GIEI propuso a la PGR diversos criterios de búsqueda con los cuales se brinde mayor certeza en las investigaciones. En este sentido, detalló que es importante contar con la participación de los padres de los 43 normalistas en las indagatorias, por lo que exhortó a las autoridades a incluirlos en el proceso. Asímismo pidió al gobierno mexicano mejorar la comunicación entre autoridades y familiares, a través de un referente de confianza, esto en aras de escuchar las dudas de los familiares y atender sus demandas.
“El GIEI propuso: contar con la participación de los familiares; utilizar los recursos técnicos apropiados y contar con personal capacitado; si es necesario, asegurar los lugares hasta tener las garantías legales para su allanamiento”, agregó.
Beristain explicó que desde el inicio de sus actividades en marzo, el grupo de trabajo se ha entrevistado con16 de los detenidos por el caso Ayotzinapa, mismos que se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 en Nayarit.
Asimismo subrayó que se pidió a la PGR emprender nuevas diligencias, pues ya que, dijo, se ha entregado la información para abrir nuevos ejes de investigación. Igualmente, indicó, se ha solicitado a las autoridades responsables de la investigación se tomen más declaraciones y se analicen pruebas de tipo documental, fotográfico y de video.
Aunado a lo anterior, el especialista de la CIDH explicó que el pasado 12 de abril el grupo de trabajo realizó una reconstrucción de los hechos en Iguala, en la cual participaron algunos estudiantes normalistas sobrevivientes al ataque del 26 y 27 de septiembre. Enfatizaron que con esta actividad fue posible acercarse más al hecho, conociendo mejor las distancias y teniendo una mejor idea espacial de lo que ocurrió.
En lo que respecta a la presunta participación de las fuerzas armadas en el ataque a los normalistas, Beristain señaló que después de haber tornado la solicitud a las instancias correspondientes, el grupo de expertos podrá entrevistarse con algunos integrantes del 27 batallón para conocer más sobre su quehacer en los hechos que derivaron en el asesinato de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes.
Por otro lado, enfatizó que se ha podido detectar algunas formas de intimidación y victimización contra los familiares de los normalistas, a lo cual dijo: “la seguridad y la dignidad de los familiares debe ser protegida, por lo que el Grupo exhorta a quienes han incurrido en esta revictimización a evitarla y pide que se investiguen los hechos, dado que generan confusión y un nuevo impacto psicológico en los familiares”.
El experto también habló sobre las acciones del GIEI en torno a la creación de políticas públicas que ayuden a combatir el fenómeno de las desapariciones. En este sentido indicó que se pidió al senado de la república modificar la Constitución antes de concluir el actual periodo de sesiones, esto con el fin de preparar el terreno para aprobar, en un futuro, la Ley sobre desaparición de personas.
“El GIEI está analizando los proyectos de ley sobre desaparición de personas proporcionados tanto por el Poder Legislativo como el Ejecutivo, sobre los cuales dará recomendaciones próximamente (…) El GIEI ha recibido el Proyecto de protocolo homologado de investigación para la desaparición forzada de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia”, apuntó.
De igual manera el experto se refirió al caso del normalista Aldo Gutiérrez, quien permanece en coma desde hace más de 6 meses después de recibir un disparo en la cabeza. Dijo que su situación de salud es considerada como grave, sin embargo, detalló, el grupo de expertos ha logrado intermediar entre los familiares y la Secretaría de Gobernación en aras de atender su problemática.
“El GIEI ha revisado una parte importante de las casi 80,000 fojas del expediente, ha proporcionado nuevos puntos focales y diligencias de investigación, ha realizado entrevistas a un primer grupo de acusados, ha canalizado algunas demandas de los familiares respecto a la búsqueda, atención y protección, ha facilitado espacios de acuerdo con las autoridades, ha llevado a cabo contactos y acciones para el establecimiento de un marco legal adecuado en el tema de la desaparición de personas, y espera que se concreten próximamente los compromisos adquiridos”, añadió.
Para finalizar destacaron que si bien aún no se puede considerar concluyente su trabajo, sí se pude decir que se ha avanzado, por lo que se tienen más claro lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre. De igual manera manifestaron que a pesar que su trabajo se pactó para 6 meses, este podría alargarse debido a la magnitud de los hechos.
