(30 de abril, 2016).- “El primer paso para desencadenar una solución integral es reconocer la dimensión del problema y tratar con dignidad a las personas. Si uno comienza a tratar con dignidad a la víctimas, todo lo demás es mucho más fácil de ser puesto en práctica; esto no requiere un cambio de ley ni una reforma constitucional, sino un cambio de cultura”, declaró Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Lo anterior durante su participación en el foro El rol de la academia en las graves violaciones de derechos humanos en México, organizado por la Universidad Iberoamericana, donde también comentó que en el caso de México “es clara la relación entre la defensa de derechos económicos, sociales y culturales y ser víctimas de desapariciones forzadas, de tortura o de ejecuciones extrajudiciales”.
Además dijo que para resarcir los daños provocados por la desaparición forzada se tiene que pensar más allá de una “simple reparación”, porque el hecho implica violaciones que afectan garantías económicas, sociales y culturales.
“Si una madre cuyo hijo desaparece tiene problemas de salud mental, esa es una violación a su derecho a la salud; si un padre desaparece y sus hijos, como consecuencia de la búsqueda que tienen que hacer, no pueden seguir yendo a la escuela, esa es una violación al derecho a la educación; si en una familia desaparece una persona y por hostigamiento son desplazados, su derecho a una vivienda adecuada fue violado. Tenemos que concebir estas consecuencias para valorar las reacciones, no como si fueran dádivas o compensación, sino para reparar violaciones sustantivas”, afirmó.
En tanto Ruth Fierro Pineda, abogada del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm), organización que tras el comienzo de la “guerra contra el narco” lanzada en el sexenio anterior dio inicio a brindar asistencia a familias con desaparecidos, señaló que “casi la mitad de las desapariciones forzadas ocurridas en el país en los años pasados han sucedido durante la actual administración, encabezada por Enrique Peña Nieto”.
Se argumentó que “de los 28 mil 156 casos de desaparecidos, 47% fueron entre 2013 y 2015, es decir, con Peña Nieto”, y “50% de ese total ha ocurrido en los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango”. Durante la mesa de trabajo de Desapariciones forzadas y voluntarias, la activista enfatizó que las desapariciones forzadas son una constante en el país desde el sexenio pasado y señaló que la administración federal se ha visto rebasada en el tema.
Señaló que informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU y de Amnistía Internacional han evidenciado la “falta de voluntad” e “incapacidad” de las autoridades mexicanas para realizar investigaciones efectivas en estos casos.
