(01 de mayo, 2016).- Antes de salir del país, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó a la Procuradora General de la República, Arely Gómez, dar continuidad a la investigación de funcionarios de la dependencia a su cargo por obstrucción de la investigación del caso Ayotzinapa.
Así como considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos, “es necesario investigar de manera adecuada delitos que se presentaron en el caso y que así sean tipificadas por los jueces encargados de las causas penales, entre ellos: 1) desapariciones forzadas, 2) homicidios, 3) tentativas de homicidio, 4) encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, 5) tortura, 6) exceso en el uso de la fuerza, 7) lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. Esto significa que se deben ampliar los cargos en contra de los presuntos responsables, y, por ejemplo, integrar los resultados de la autopsia de Julio César Mondragón a la tipificación de su caso.
Pidió que la PGR pida la documentación militar relevante, sobre los sucesos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, misma que no se ha incorporado a la investigación. También deberá requerir los planes locales de seguridad, reportes, convenios, competencia de las distintas autoridades de seguridad que muestren los procedimientos de actuación. Así como la actuación de las diferentes corporaciones en función de dichos planes de actuación.
Se pidió que se recupere evidencia de videos del C4 y otros que no se encuentran en el expediente, incluyendo el material fotográfico tomado por el militar de inteligencia del escenario del Palacio de Justicia. Sin dejar pasar las averiguaciones sobre el posible traslado de estupefacientes y la plena identificación del quinto autobús y de documentos y declaraciones sobre el caso.
Puntualizaron en que se debe investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho. Especialmente investigar la posible participación de miembros de la Policía Federal y la Policía Estatal en la escena del Palacio de Justicia, el retén anterior a dicho lugar y la desviación del tráfico vehicular cuando se estaba dando el ataque al bus Estrella de Oro 1531, en el escenario del puente del Palacio de Justicia.
“A la luz de los hallazgos incluidos en el informe Ayotzinapa II, investigar si todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en diferentes lugares y horas en que se desarrollaron los hechos como Policía Federal, Policía Federal Ministerial, Policía Estatal cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos. En relación a la Policía Federal y Policía Federal Ministerial indagar si cumplieron con su obligación de investigar a partir de la orden de la PGR de las 22h30 de la noche del 26, y las correspondientes responsabilidades”.
Así como “investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinapa. Entre estas cuestiones están la falta de diligencia, negligencia o destrucción de evidencia en diferentes momentos de la investigación, que han sido señalados en los dos informes publicados por el GIEI”.
Puesto, que desde enero de 2016, el GIEI señaló que existieron dificultades y obstrucciones a la investigación, la fragmentación del expediente y el control de numerosas peticiones y procedimientos por parte de la SEIDO, lo que limitó el trabajo del nuevo equipo de investigación. Por otra se necesita investigar, tomando en cuenta la evidencia presentada por el GIEI, la actuación de los funcionarios que aparecen en el video el día 28 de octubre de 2014 en la orilla del Río San Juan realizando inspección del lugar con un inculpado, la recogida de evidencia en el río y el ocultamiento de dichos procedimientos al EAAF.
El Grupo puntualizó en que “se deben evitar interferencias de SEIDO en la investigación que debe ser dirigida únicamente por parte de la oficina de investigación del caso bajo la Subprocuraduría de Derechos Humanos”.
