(24 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En abril pasado la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reformas a los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Penal Federal y la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro, entre otras, paquete conocido como miscelánea penal, la cual entrará en vigor el próximo 18 de junio.
El contenido del dictamen, autoriza las intervenciones telefónicas, la geolocalización de teléfonos móviles y la obligación de resguardar la información de las telecomunicaciones cuando se trate de casos de secuestro.
A su vez se incluye el derecho del imputado a obtener registro fotográfico o electrónico de la carpeta de investigación, la asistencia consular como derecho opcional de un extranjero sujeto a un proceso; también se agrega como causa de prisión preventiva oficiosa los delitos cometidos con medios violentos, como armas de fuego y explosivos.
Dentro de la miscelánea penal existen otro tipo de propuestas, que tanto organismos defensores de derechos humanos, como universidades han condenado y calificado como “propuestas inconstitucionales que fomentan la tortura”, señalando que a su vez la ley anti-tortura no está en la agenda, pero propuestas pro-tortura sí.
Organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, se dieron al estudio y análisis durante los últimos nueve meses, para aportar insumos técnicos para la Ley General en materia de tortura, aprobada el mes pasado por el Senado, sin embargo este lunes en un pronunciamiento dieron a conocer que lamentan que dicha ley no se contemple para el periodo extraordinario acordado por el Congreso para el 13-17 de junio, aun cuando el plazo constitucional para su aprobación venciera en enero de este año.
Por el contrario, señalan, que sí se tomó en cuenta una de las reformas el paquete conocido como la “Miscelánea penal”, misma que contiene propuestas que fomentarían la tortura. Señalando que entre otros temas propone: legalizar que las fuerzas de seguridad no pongan a las personas detenidas a disposición de la autoridad ministerial de la localidad de la detención, sino que puedan llevar a la persona a otro lugar distinto “por cuestiones de seguridad o atendiendo las características del hecho investigado”. Esto significa no más y no menos que legalizar la paseada, es decir la retención inconstitucional y prolongada durante la cual ocurren actos de tortura.
Además se suspende indefinidamente el plazo máximo de la prisión preventiva cuando la persona imputada denuncia tortura. Puesto que gran número de personas imputadas se encuentran en prisión preventiva, debido a la aplicación automática de tal medida, esto significa que una persona acusada falsamente con base en una prueba fabricada bajo tortura, se podría quedar años en la cárcel con su proceso suspendido, medida que provocará que las víctimas de tortura simplemente se desistan de su denuncia.
También se elimina el derecho de la defensa de desahogar pruebas en la audiencia inicial. En otras palabras, incluso si la persona cuenta con un video que demuestre que estuvo en otro país el día del delito, no lo puede reproducir y podría ser encarcelada y procesada.
Los organismos puntualizan que en semanas pasadas, el país se conmovió y se indignó ante varios videos circulados en las redes que muestran actos de tortura por fuerzas federales y estatales, así como uno en el que un funcionario de la Procuraduría del Estado de México reconoce que la fabricación de delitos es una práctica “de toda la vida”.
Otra serie de casos referidos en el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) apunta a que la “verdad histórica” de Ayotzinapa se construyó bajo la fabricación de declaraciones. “La sentencia recién dada a conocer en el caso Tlatlaya también otorga valor a declaraciones fabricadas bajo tortura a las sobrevivientes”.
Retomando dichos ejemplos actuales de alto perfil, puntualizan que son sólo un botón de muestra de la práctica cotidiana de la tortura y mientras persista dicha práctica, en vez de las investigaciones, las miles de víctimas en México no tendrán acceso a verdad y justicia, y no podrá funcionar el sistema acusatorio y oral.
Por ello su principal llamado -de manera enérgica- es para el Senado, donde se exige que no se aprueben las propuestas realizadas a la minuta de la Miscelánea Penal, y al Congreso en su conjunto para que demuestre un claro compromiso con la erradicación de la tortura como prioridad legislativa.
A inicios de este mes, Amnistía Internacional denunció la tortura en México y reprobó que en México hay un uso “sistemático y generalizado” de la tortura y otros malos tratos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad y de la Policía federal, estatal y municipal; con unas prácticas que se utilizan para “arrancar confesiones” y otro tipo de información.
El organismo internacional, también dio a conocer que la problemática está indocumentada, porque los registros oficiales sobre tortura y malos tratos son “inexactos, incompletos y contradictorios”, lo que facilita la “impunidad casi total” para los autores de los abusos, y provoca un “auténtico temor” entre la sociedad mexicana.
