(06 de junio, 2016).- En Querétaro las reformas en pensiones y jubilaciones sólo han beneficiado a funcionarios, legisladores y magistrados y han afectado a la mayoría de los trabajadores.
Las dos últimas dos administraciones en la entidad han realizado las reformas que sólo benefician a los altos funcionarios, quienes pueden recibir una pensión mensual de hasta 146 mil pesos.
En la entidad se realizó un recorte de pensiones y jubilaciones en el Presupuesto de Egresos pasaron de 436 millones de pesos en 2015 a 235 millones este 2016.
Dentro de los cambios en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado antes un trabajador necesitaba cumplir exactamente 28 años o más, se modificó a 27 años 6 meses los trabajadores pueden obtener su pensión.
Ley con la que se jubilaron funcionarios como Juan Marcos, ex secretario de Seguridad Pública del municipio capitalino, quien obtiene una pensión de 95 mil 847 mil pesos por el puesto de asesor de la secretaria particular del ayuntamiento.
Juan Martín Granados Torres, ex procurador general de Justicia, quien al mes recibe 43 mil pesos, monto que recibía en su último puesto como coordinador de proyectos en la Secretaría General de Gobierno municipal de Querétaro.
En octubre de 2015 el gobierno panista de Francisco Domínguez Servién, propuso nueva reforma que cambió a 30 años de servicio y 60 años de edad para poder adquirir una pensión que no excederá los 42 mil pesos mensuales.
Cabe recalcar que antes que entrara en vigor la reforma, los magistrados del poder judicial tuvieron la opción de jubilarse con los beneficios de la anterior reforma y se concretó un salario mensual de 146 mil pesos, como es el caso de la magistrada Celia Maya García.
Por ello el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado se ha manifestado contra las reformas de pensiones, “que representan retrocesos en derechos laborales”, y se han interpuesto 10 amparos a favor de 900 trabajadores que rechazan el requisito de tener 60 años para jubilarse; y el abogado Filiberto López Díaz, declaró que la ley es de carácter general, “no se puede decir a éste se aplica y a éste no”.
