(19 de mayo, 2013).- Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, aseguró que no existen razones jurídicas para no incluir los Acuerdos de San Andrés en la Constitución. De acuerdo con el funcionario, tal incorporación sería un parteaguas para que los derechos de los pueblos indígenas sean tomados en serio y en verdad se cumplan las promesas y buenas intenciones que las autoridades manifiestan tener hacia ellos.
“Los Acuerdos de San Andrés, no eliminaran las contradicciones, que existen entre los diferentes actores sociales y políticos, pero son un lugar de encuentro, que nos permitirá procesar las diferencias. Habría que precisar, que los Acuerdos de San Andrés, no son un punto de llegada, sino un punto de partida, para el establecimiento de una nueva relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas de México.”, declaró Martínez Veloz a La Jornada.
El artículo primero constitucional otorga el mismo nivel a los tratados y normas internacionales. Existe una declaración en materia de derechos indígenas por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de acuerdo con lo que dictan el Pacto por México y el Protocolo de Actuación, debería bastar para identificar que es pertinente incorporar los Acuerdos de San Andrés a la Carta Magna, según las palabras de Martínez Veloz.
“Lo jurídico, fue un pretexto que se utilizó como propaganda para descalificar los esfuerzos por la paz, realizados por múltiples actores”, refirió el funcionario con respecto a las evasivas de Ernesto Zedillo para respetar los Acuerdos de San Andrés.
Martínez Veloz agregó que el argumento sobre la “supuesta carencia de técnica jurídica” de la Comisión para la Concordia y Pacificación (COCOPA), se dio debido a que en los eran “los mismos sectores que durante los últimos 18 años concesionaron la mitad del territorio nacional (98 millones de hectáreas) a empresas mineras extranjeras y nacionales”, quienes se oponían a una ley que permitiera a las comunidades indígenas defenderse de esos grandes capitales.
Según el comisionado, sus planteamientos han sido recibidos de forma receptiva por parte de la Secretaría de Gobernación. Ahora hace falta que la Secretaría de Hacienda comparta esta visión, aclaró.
Desde el plano legislativo, Martínez Veloz indicó que la COCOPA debe ser considerada, ya que llevar a cabo reformas que beneficien a las comunidades indígenas, mejorará la desgastada credibilidad hacia el diálogo y la negociación. Los indígenas también son mexicanos y sus derechos deben estar plenamente garantizados en la Constitución. No se trata sólo de hacer reformas, sino de implementarlas y demostrar con hechos que las leyes se respetan y que éstas benefician a la población.
