Enrique Legorreta/@enriquelego3_0
(6 de junio, 2013).-Los casos de desvío de recursos en las arcas publicas se mantiene en la coyuntura de la información, esto debido a que se dio a conocer que el Congreso local en el estado de Jalisco enfrenta una demanda por fraude y peculado a raíz de que dos ex secretarios pertenecientes a la bancada priista dieron el pago por 31 millones de pesos a una empresa de asesoramiento.
Esta denuncia fue presentada por el grupo legislativo del PAN en el estado, quienes recalcaron que los ex secretarios Carlos Corona Martín del Campo y José Manuel Correa Ceseña son los responsables de que la legislatura pasada dejara una deuda de casi 700 millones de pesos.
El legislador del blanquiazul, Gildardo Guerrero, señaló que tienen pruebas, recabadas por ellos, que podrían demostrar la culpabilidad de los priistas, debido a que estos papeles determinan que la responsabilidad del desfalco recae en los diputados locales mencionados.
El contrato “fantasma” se llevó a cabo para que el Poder Legislativo estatal formara parte del “decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos con fecha 3 de diciembre de 2008”, señaló Guerrero en conferencia de prensa.
Ante este anuncio de denuncia, el legislador de Acción Nacional recalcó que este contrato es del año 2010 a nombre de una empresa en el Distrito Federal denominada SAE Sistemas Administrativos Empresariales SA de CV, la cual tendría la labor de realizar diligencias, estudios y análisis de información por un pago de 31 millones de pesos, “la supuesta empresa asesoró en la regulación de impuestos de los trabajadores, pero nunca hizo su labor como tal”, destaca Gildardo Guerrero quien es el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Jalisco .
El diputado también presentó contratos y documentos firmados por los ex funcionarios para amparar los señalamientos de ese pago que se dividió en tres, reiterando que es “oscuro, ventajoso y escueto, ya que el mismo tiene cláusulas de confidencialidad que prohíben dar a conocer montos y detalles”, concluyó el legislador.
