Carlos Bauer / @CarlosBauer3_0
Rodolfo Ríos Garza y Jesús Rodríguez Almeida son dos de los hombres más cercanos al jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera. Tienen en común varios rasgos: son egresados de universidades privadas “de costo medio”, están en la primera mitad de su cuarta década de vida y trabajaron bajo las órdenes de Mancera cuando éste fue procurador general de Justicia del Distrito Federal durante la administración de Marcelo Ebrard Casaubón.
Aunque sus trayectorias profesionales fueron notoriamente disímiles hasta que Mancera unió sus destinos, hay al menos un aspecto en el que sus nombramientos al frente de la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) pareciera irreprochable: ambos cuentan con amplia experiencia y capacitación en sus respectivas áreas.
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Rodolfo Fernando Ríos Garza, procurador general de Justicia del Distrito Federal
Ríos Garza es un amigo de juventud de Miguel Ángel Mancera que llegó a la PGJDF en 2010, como secretario particular de Mancera. Pero ya antes habían tenido relaciones laborales, pues Ríos Garza ejercía como abogado postulante en el bufete León, Moreno, Mancera y Asociados.
Egresado de la Universidad del Valle de México (UVM), la mayor parte de su carrera se desarrolló en tribunales y ejerció como profesor adjunto en diversas materias. Su semblanza proporcionada en la página de la Procuraduría informa también que “se desempeñó como director general de Frisby & Serrano International Trade Consulting de México S.A. de C.V.”. No se ha podido encontrar ninguna referencia a dicha compañía en internet.
Asimismo, aunque no realizó estudios en dicha institución, su semblanza consigna que “desarrolló diversas actividades en el Consejo Nacional de Egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México”.
Siendo secretario particular de Mancera en la Procuraduría, se le acusó de solapar malos manejos económicos de Adrián Moreno Villanueva, encargado del área de enlace administrativo, quien supuestamente se otorgaba fraudulentamente vales de gasolina y cobraba cheques de empleados por honorarios.
Cuando Miguel Ángel Mancera dejó la Procuraduría para contender por la jefatura de gobierno del Distrito Federal, Ríos Garza pasó a ser coordinador de asesores del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, pese a que él contaba con el perfil necesario para desempeñarse como procurador en mucha mayor medida que Jesús Rodríguez Almeida, quien ocupó esa cartera durante casi un año.
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Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal
Rodríguez Almeida es un egresado de la Universidad Técnica de México (UNITEC), quien cuenta con estudios de doctorado en Derecho y formación como agente del Ministerio Público. Ha ejercido multitud de cargos en todo el país y se ha capacitado tanto en éste como en el extranjero, incluida la Academia Nacional del FBI (Federal Bureau of Investigation, Oficina Federal de Investigación).
Su extenso currículum incluye los cargos de “director general del Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez, Chihuahua; director general de la Cárcel Pública Municipal de Cancún, Quintana Roo; director y primer comandante de la Policía Ministerial Investigadora en Juárez, Chihuahua; coordinador de Investigaciones en la Subprocuraduría de Coordinación General y Desarrollo de la PGR, subdelegado sustantivo de la Agencia Federal de Investigación y Agente del Ministerio Público de la PGJDF.”
Pero quizá sus cargos más destacables sean los de director de Secuestros y Robo y coordinador de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal Preventiva entre 2006 y 2007 y director de Inteligencia de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) del Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto –cargo al que renunció cuando Mancera lo invitó a la PGJDF como fiscal de Procesos en Juzgados Penales Norte en 2008 y subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales a partir de 2010.
Así, Rodríguez Almeida trabajó sucesivamente para un gobierno panista y otro priista desempeñando funciones de “inteligencia”, es decir, de infiltración y espionaje. Su relación con el ex gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto fue recordada tras los eventos del 1 de diciembre de 2012, cuando, siendo él procurador general, la policía arrestó arbitrariamente y con uso excesivo de la fuerza a los jóvenes que se manifestaban en el Centro de la Ciudad de México contra lo que consideraban la “imposición” de Peña Nieto.
Luis González Placencia, ombudsman capitalino, señaló que durante las manifestaciones hubo grupos de provocadores que atacaron a las fuerzas policíacas sin ser perseguidos por ellas, mientras gente que incluso se encontraba en el lugar por casualidad fue agredida y consignada.
Como procurador enfrentó el escándalo de los 13 policías arrestados por secuestrar y extorsionar personas, exigiéndoles un rescate a cambio de no inventarles cargos y hacerlos encarcelar. Las investigaciones que condujo determinaron la culpabilidad de los policías, pero sin que algún mando fuera responsabilizado, tal como sucedió, por ejemplo, con la sentencia por el caso Atenco.
