La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre los avances de las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal, uno de los esquemas de contrabando de combustible que más pérdidas ha provocado al Estado mexicano y que actualmente es objeto de operativos, decomisos y acciones coordinadas entre distintas dependencias federales.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria adelantó que próximamente se presentará un informe público sobre los resultados obtenidos en el combate al contrabando de combustibles, una estrategia que, afirmó, ya comienza a reflejarse en indicadores concretos, particularmente en el comportamiento de las ventas de Pemex.
Sheinbaum pide a la FGR informar sobre las investigaciones
El tema surgió luego de que una reportera preguntara sobre el empresario Miguel Alemán Magnani, quien ha sido señalado por diversas investigaciones relacionadas con presuntas operaciones de huachicol fiscal, además de mantener un adeudo millonario con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
A partir de ese cuestionamiento, la presidenta señaló que es importante que las investigaciones avancen y que la información sea dada a conocer por las autoridades competentes.
“Hay que pedirle a la Fiscalía que pueda, en el momento que avancen las investigaciones, dar toda la información relacionada con el contrabando de combustible”.
La mandataria indicó que el Gobierno federal ha venido trabajando en el seguimiento de estos casos y reiteró que existe una estrategia permanente para combatir las distintas modalidades de tráfico ilegal de hidrocarburos.
Las ventas de Pemex muestran el impacto del combate al combustible ilegal
Uno de los puntos que destacó la presidenta fue el incremento registrado en las ventas de Pemex, fenómeno que atribuyó directamente a la reducción del mercado ilegal de combustibles.
Según explicó, al disminuir el ingreso de producto de contrabando, las estaciones de servicio y grandes consumidores han incrementado la compra de combustible legal, fortaleciendo la participación de la empresa productiva del Estado.
Además, recordó que parte de esta estrategia se consolidó desde el inicio de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se implementaron medidas extraordinarias para frenar el robo de combustibles.
La presidenta recordó que el cierre de ductos realizado en 2019 permitió modificar los mecanismos de distribución y fortalecer la vigilancia sobre la infraestructura energética nacional.
Bajo ese esquema, explicó, Pemex cuenta actualmente con sistemas de monitoreo y detección más avanzados, capaces de identificar de manera inmediata posibles tomas clandestinas o actos de robo de combustible.
El caso que investiga a una red empresarial vinculada al huachicol fiscal
La investigación mencionada durante la conferencia involucra a la empresa Impulsora de Productos Sustentables (IPS), la cual es indagada por autoridades federales por presuntas operaciones relacionadas con huachicol fiscal y posibles esquemas de lavado de dinero.
De acuerdo con la información expuesta, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT mantienen abiertas diversas líneas de investigación sobre las operaciones realizadas por esa compañía y por otras empresas relacionadas.
Dentro de esa red aparece Galem Energy, empresa que adquirió el 51 por ciento de IPS en 2018 y que forma parte de una estructura empresarial señalada en expedientes ministeriales.
Según la causa penal 325/2025 de la FGR, las investigaciones apuntan a posibles operaciones relacionadas con contrabando de hidrocarburos, ocultamiento de recursos financieros y esquemas de triangulación empresarial.
Más de 21.5 millones de litros y un daño fiscal de 173 millones de pesos
Uno de los casos más relevantes documentados por las autoridades involucra la introducción de más de 21.5 millones de litros de diésel automotriz por el puerto de Tuxpan, Veracruz, entre el 4 y el 18 de octubre de 2019.
Las investigaciones señalan que el combustible ingresó al país a bordo del buque Atlantic Bay y que la mercancía no habría sido declarada correctamente ante las autoridades fiscales.
De acuerdo con estimaciones del SAT, únicamente ese cargamento habría provocado un daño al fisco de 173 millones de pesos.
Las consecuencias administrativas derivadas de estas irregularidades llevaron a que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) cancelara en 2021 los permisos de comercialización y logística de combustible de IPS.
Ese mismo año, la empresa también fue incorporada al padrón de importadores suspendidos, debido a inconsistencias detectadas en sus operaciones.
Gobierno refuerza vigilancia y controles contra el contrabando
La administración federal reconoció que entre febrero y marzo de 2025 se detectó un incremento en el ingreso irregular de combustibles al país, situación que derivó en nuevas investigaciones y acciones de supervisión.
A partir de esos hallazgos, las autoridades identificaron diferencias entre el volumen de combustible importado, producido y comercializado, lo que encendió alertas y dio paso a nuevos decomisos y denuncias.
Actualmente, la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González, coordina un grupo especializado que revisa semanalmente el comportamiento de las importaciones para detectar posibles anomalías.
Al referirse a la actuación del Gobierno federal frente a estos casos, la presidenta defendió la decisión de actuar de inmediato una vez detectadas las irregularidades.
“Lo más importante es que se actuó. Mal hubiera sido que nos hubiéramos dado cuenta de eso y esconderlo”.
