Las ocho armerías demandadas por el gobierno del presidente López Obrador insisten en que la denuncia en su contra no tiene fundamentos suficientes, por lo que debería ser desechada.
De acuerdo con información de La Jornada, luego de que las empresas presentaran sus denuncias, el juez encargado del caso tendrá un plazo de 45 días para emitir su resolución.
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El argumento de las compañías demandadas es que los actos criminales para los que fueron utilizadas sus armas, fueron realizados por terceros.
“Todos los acusados son empresas estadunidenses que el gobierno mexicano está tratando de responsabilizar por su conducta legal que ocurrió enteramente dentro de Estados Unidos, sobre la teoría de que algunos de sus productos llegaron de contrabando a México por criminales y usadas por otros criminales para cometer delitos allá”.
Así mismo, señalan que “México no tiene mérito para demandar a los acusados aquí”, pues para ellos es “completamente especulativo decir que las ventas y actividades comerciales supuestamente ilegales de los acusados (…) causan que los cárteles hagan daño contra el gobierno mexicano”.
Cabe señalar que el gobierno del presidente López Obrador ha señalado la negligencia de estas armerías al vender sus armas, lo que facilita que los criminales accedan a ellas.


