(28 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Tras la visita de un grupo de representantes de organismo civiles –integrado por Reporteros Sin Fronteras, Freedom House, Propuesta Cívica, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Periodistas de a Pie y Casa de los Derechos de Periodistas (CDP)- a Chilpancingo, Guerrero, se concluyó que periodistas y reporteros deben enfrentarse a obstáculos provenientes de autoridades, políticos y crimen organizado, entre otros, para poder realizar su actividad informativa.
Con el objetivo de documentar agravios contra periodistas y conocer sus condiciones laborales, el grupo se entrevistó con 40 periodistas –hombres y mujeres- que dieron su testimonio sobre las condiciones de riesgo en que realizan su trabajo, las agresiones de las que han sido objeto durante las coberturas informativas y otros obstáculos.
Tras un monitoreo hemerográfico realizado por Freedom House en 2014, se pudieron identificar 46 agresiones a periodistas en Guerrero, que incluyen amenazas, hostigamiento, robo a domicilios, agresiones físicas durante las coberturas informativas, secuestro, extorsiones telefónicas y el homicidio de dos periodistas.
“De acuerdo a los testimonios recabados con periodistas de Chilpancingo, se pudo corroborar que las agresiones de las cuales han sido objeto provienen en su mayoría de servidores públicos, destacando entre ellos elementos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, empresas de seguridad privada, Policía Federal, Ejército Mexicano, además de integrantes de la CETEG”, informó CENCOS.
Reporteros sin Fronteras documentó que de octubre de 2014 a la fecha, han sido agredidos físicamente al menos 30 reporteros mientras cubrían las manifestaciones realizadas por familiares y organizaciones que demandan la aparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala desde el pasado 26 de septiembre.
Algunos reporteros y corresponsales han sido despojados de sus equipos, las imágenes de sus cámaras borradas y su labor informativa obstaculizada.
Según datos de Articulo19, Guerrero forma parte de las cinco entidades que durante 2014 registró mayores agresiones en contra de periodistas, a pesar de que en 2013 el gobierno de ese estado firmó un convenio de cooperación con el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), por el que se obligan las autoridades estatales a “garantizar la protección y auxilio a periodistas y defensores de derechos humanos”, sin que hasta la fecha se haya desarrollado una política específica de protección.
Diversos testimonios recabados por el grupo de activistas en Guerrero, señalan que la mayoría de los periodistas -al menos cien- que laboran en agencias informativas, medios locales y como corresponsales en Chilpancingo, trabaja en condiciones de suma vulnerabilidad, pues sólo en algunos casos, cuentan con prestaciones sociales.
La inmensa mayoría tiene contratos laborales temporales –que impide generen antigüedad laboral- no cuentan con capacitación legal ni en situaciones de riesgo o seguro de vida, y cubren horarios de 12 a 14 horas en empresas que no les proporcionan herramientas de trabajo, por lo que, al igual que muchos reporteros de otras entidades de la República, tienen que financiar sus equipos de trabajo y viáticos.
La paga que perciben van desde 20 pesos por nota publicada hasta un salario que va de mil a mil 500 quincenales.
Cabe señalar que entre 2002 y 2014, en Guerrero han sido asesinados 12 periodistas, dos de ellos, en este último año: Jorge Torres Palacios y Miguel Ángel Guzmán, mientras que Marco Antonio López, del periódico Novedades de Acapulco, se encuentra desaparecido desde junio de 2011, sin que hasta la fecha se tenga alguna información sobre su paradero.
