Záyin Dáleth Villavicencio / @ZayinDaleth3_0
Luego de un año de espera, la controversia número 32/2012, promovida por Cherán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma constitucional en materia indígena aprobada por el Congreso local de Michoacán, el 13 de diciembre de 2011, por fin, está a días de ser resuelta.
A decir de los abogados encargados del caso, Erika Bárcenas y Orlando Aragón, hay antecedentes para aducir que, pese a que el proyecto de sentencia daría revés a la demanda de Cherán, la sentencia definitiva podría sentar un precedente judicial importante a nivel nacional.
Y es que con base en las reformas en materia de derechos humanos, efectuadas al artículo primero de la Constitución, el 15 de abril, la Corte emitió el denominado ‘Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas y comunidades indígenas’, una guía que, en su contenido, incluso contradice al proyecto de sentencia.
La controversia constitucional promovida por el Concejo Mayor de Cherán en contra de la reforma indígena, que omitió “de forma deliberada” la consulta previa, libre e informada advierte -no sólo por el artículo segundo de la Constitución sino con base en el derecho internacional- la aplicación del derecho a la consulta para los pueblos indígenas no sólo para planes de desarrollo.
El propio Protocolo, manifestó Orlando Aragón, asegura que las consultas son aplicables además a “medidas administrativas o legislativas de aplicación y afectación general a los pueblos indígenas”.
Además de este nuevo elemento, la asociación civil Fundar Centro de Análisis e Investigación; Javier Velázquez Moctezuma, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, y el Seminario de Derecho y Humanidades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, suscribieron de manera colectiva e individual el documento conocido como Amigos de la corte.
A través de este instrumento, instituciones educativas, y organizaciones de la sociedad civil ofrecen a la corte argumentos jurídicos que la propia corte pudiera retomar para resolver el asunto, sin que las organizaciones sean parte del juicio. Es decir; ponen a consideración opiniones especializadas, esta vez a favor a Cherán.
Esto, ya que según los abogados, la reforma constitucional aprobada de manera sigilosa por parte del Congreso local, luego de 13 años sin legislase en la materia, “sólo se limita a hacer una declaración genérica que dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación, pero en términos prácticos no sirve de mucho”.
Incluso, argumentó, “ha dificultado la operatividad administrativa y legal del gobierno por usos y costumbres, ya que tal reforma sigue reconociéndo el gobierno municipal sólo a través de los partidos políticos”.
De no tener respuesta favorable, además de considerarlo como un grave retroceso a nivel nacional, los representantes legales del Concejo mayor advirtieron que promoverán un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
