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Con la complicidad del gobierno, compañías extranjeras realizan el mayor saqueo de oro en la historia

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(25 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La complicidad de las compañías mineras extranjeras que operan en el territorio mexicano han causado daños irreversibles en el ámbito socio-ambiental, económico y cultural del país. No obstante, el gobierno mexicano y sus reformas a la ley minera han permitido que estas multinacionales realicen el mayor saqueo de oro registrado en la historia.

De acuerdo con investigaciones realizadas por el portal Ríodoce, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), entre el 2000 y 2010, estas compañías extrajeron del subsuelo mexicano 419 mil 097 kilogramos, es decir 419 toneladas con 97 kilos de oro, mientras que en el periodo comprendido entre los años 1531 y 1830 —la época colonial— la minería tradicional apenas logró extraer 191 mil 825 kilogramos.

Asimismo señalan que las zonas más afectadas son las vastas regiones donde se localizan áreas extensas de reserva ecológica, de cultivo, de flora y fauna y, más aún, sitios arqueológicos y sagrados desde la época prehispánica.

Sin embargo, para los políticos estos no son temas relevantes. De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Economía, en junio del 2014 el Gobierno de la República había otorgado 25 mil 566 títulos de concesiones vigentes, que les da el derecho a las compañías mineras multinacionales para explotar intensivamente 25.7 millones de hectáreas, que equivalen al 12.85 por ciento de la superficie total del país.

“Este desmesurado incremento de concesiones para la explotación intensiva de metales que las empresas particulares y autoridades promueven con argumentos de “progreso y desarrollo”, han desencadenado conflictos por todo el país porque la nueva ley de minas vulneró el patrimonio biocultural de los mexicanos  y arrebató a  gran parte de las comunidades indígenas y campesinas  su legítimo derecho a la propiedad social del subsuelo y a un bien común que encierra saberes tradicionales, que desde generaciones atrás han sido el soporte principal de sus vidas”, expresa el análisis.

Y es que el objetivo de estas empresas es aprovechar la precariedad económica, marginación y abandono de comunidades, a las que ofrecen empleos y servicios que deberían ser aportados por el Estado.

También compran voluntades mediante el reparto de despensas y regalos; ofrecen fiestas, donan material escolar; apoyan a los templos religiosos, pagan vigilancia policiaca y hasta servicios funerarios.

La oposición 

Todos estos megaproyectos que realizan estas empresas, han causado que los habitantes tengan que revelarse para defender sus tierras al grado en que en un lapso de tres años —febrero del 2011 a enero del 2014— se tenga un promedio de 300 conflictos socio-ambientales de los cuales, 80 casos son de proyectos mineros.

Debido a esto se han asesinado 90 activistas, ambientalistas, dirigentes campesinos, indígenas y defensores de los derechos humanos que se han opuesto a los intereses de las multinacionales mineras.

En Sinaloa, la mina de hierro de potrero de Cancio, ubicada en Choix y explotada por una sociedad chino-mexicana, ha producido conflictos que hay llegado hasta el asesinato de líderes comunales, como es el caso de Ramón Corrales Vega, en mayo de 2014.

La burla a la sociedad

México es uno de los países del mundo que cobra menos derechos por concesiones de subsuelo y menos impuestos por los productos que extraen las empresas nacionales y extranjeras. Nuestro país cobra por extensión de tierra concesionada y no por el volumen de metales extraído. En los primeros años de las concesiones, México cobra 5.90 pesos por hectárea concesionada cada semestre.

Mineras explotadas 

Una investigación realizada por el diario El Universal indica que entre 2001 y 2014 el pago de derechos sobre minería representó entre 0.4% y 2% del valor total de la producción minera en el país.

Estados como Chiapas o Veracruz encabezan la lista de las entidades con mayor atraso en la recaudación al no alcanzar la mitad de los cálculos iniciales. En Jalisco, por ejemplo, se dejó de percibir un tercio de lo estimado, mientras Campeche sólo obtuvo 72% de lo programado.

Asimismo, durante el primer semestre del año 2014 se recaudaron 978 millones de pesos por el pago de derechos mineros.

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