La corrupción, la impunidad, la violación de derechos humanos, el empobrecimiento de la población, la mano dura contra movimientos sociales, el fortalecimiento de un Estado policial, la ralentización de la economía, el despojo de los recursos de la nación, particularmente energéticos, y el mantenimiento e incluso elevación de los índices de delincuencia y violencia, caracterizan la administración del presidente Enrique Peña Nieto y tendrán un impacto directo en las elecciones del próximo 5 de junio en 13 entidades del país y, por supuesto, en los comicios presidenciales del 2018. Un argumento más, el más socorrido para los partidos opositores al PRI en esta contienda gira en torno a la deuda, aunque de ella solo hacen referencia en las entidades al saberse la serie de aprobaciones por sus diputados hechas para incrementarla sin recibir explicaciones. O sea otra de las muchas complicidades en contra de México y los mexicanos.
La mayoría de la población reprueba la corrupción de la actual administración y su endeble combate, revelan las encuestas sobre la materia. Las repercusiones del escándalo de la Casa Blanca, así como las fastuosas residencias de los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; los acuerdos políticos para garantizar impunidad al gobierno de Felipe Calderón y sus principales operadores; la captación de los líderes de “oposición” del PRD y PAN para sacar adelante las reformas estructurales en el Congreso; y el empobrecimiento de la clase trabajadora como resultado de la política económica aplicada, tienen costos políticos muy altos, lo cual se refleja en el descontento generalizado de la población con su clase gobernante y la evaluación negativa al gobierno de Peña Nieto, la cual es cada vez más alta, como revelan los sondeos de opinión pública realizados y publicados por diarios de todo el país.
De poco o nada sirvió en el combate a la corrupción el nombramiento de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública, después de 26 meses de permanecer acéfala esta dependencia. Lo único útil de este funcionario fue la exoneración a su jefe en el escandaloso caso de la Casa Blanca, donde se implicó a “la primera dama de México”, Angélica Rivera, cuya defensa la fue hundiendo cada vez más en estas peligrosas arenas movedizas. Tampoco sirvió de mucho la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyo objetivo principal es la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Sus leyes principales siguen atoradas en el Congreso de la Unión ante la incapacidad de los partidos políticos para ponerse de acuerdo en su alcance y elaboración. Y por la serie de complicidades ya referidas en las cuales ninguno está exento y mucho menos es inocente.
A nivel internacional, el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, publicado por Transparencia Internacional, posiciona a México con 35 puntos, en una escala que va de 0 puntos (altos niveles de corrupción) a 100 (bajos niveles de corrupción). Nuestro país se encuentra entre los más corruptos a escala mundial. Los altos niveles de esta práctica han beneficiado lo mismo a autoridades de los tres niveles de gobierno, sin por ello excluir a los empresarios, nacionales y extranjeros, tiene consecuencias económicas, políticas y sociales para el país. El estudio “México: Anatomía de la Corrupción”, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A. Cl (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) revela los principales costos económicos de la corrupción: el descenso de hasta 2 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) del país y una pérdida de ingreso de las empresas de hasta 5% anual.
En cuanto a los costos sociales, se asocian al bienestar: los hogares mexicanos destinan 14 por ciento de sus ingresos anuales a pagos extraoficiales; y en el violencia, existe una correlación positiva entre corrupción y sus altos niveles. Otra consecuencia relevante de la corrupción es la insatisfacción de la población con la democracia: sólo 19 por ciento de la población está satisfecha con la democracia; y la crisis de representatividad, pues 90 por ciento de los mexicanos no confía en los partidos políticos. En suma, la corrupción afecta la legitimidad y credibilidad de las autoridades. Todo lo anterior es, sin duda, el camino trazado para lograr la ingobernabilidad a plenitud.
IMPUNIDAD
México también sobresale entre los países con mayores índices de impunidad. En 2015 ocupó el segundo sitio a escala mundial, entre 59 naciones que fueron medidas y comparadas. El principal problema: tiene policías de sobra para detener personas sospechosas, pero faltan jueces que se encarguen de procesar los casos. En promedio, por cada juez se abren casi 500 expedientes nuevos al año. Hay un déficit de juzgadores. Esto explica la profunda y extendida impunidad, la cual crea incentivos perversos en el sistema y, por lo regular, el delito cometido, por pequeño o grande que sea, queda sin denuncia, investigación o castigo. En su última visita a México, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó: a partir de las cifras oficiales es posible detectar que la mayoría de los crímenes cometidos en nuestro país no se resuelven y en realidad nunca son investigados de manera adecuada.
La impunidad retroalimenta y multiplica los efectos negativos de problemas igualmente complejos como la inseguridad, la violencia, el acceso desigual a la justicia o la violación a los derechos humanos. También afecta el desempeño institucional y deriva en un profundo desprestigio de la clase política. Asimismo, es un problema extendido y generalizado en la mayoría de los estados del país. De acuerdo al Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX), sólo los estados de Campeche y Nayarit registran una baja impunidad; San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas, tienen una impunidad promedio; Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos, resienten una impunidad alta; y Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, y México , resienten una muy alta impunidad.
Hay corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y de sus tres niveles (federal, estatal y municipal) para atender el problema de la impunidad. Del total de delitos consumados, sólo existe un 4.46% de sentencias condenatorias, es decir, una impunidad cercana al 95% de los delitos acreditados por la autoridad como consumados. La cifra anterior (delitos consumados) en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arroja: la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, está en los márgenes del 99% en México.
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El país está considerado en el lugar 11 como nación con alarma en violación de derechos humanos. Lo anterior presenta un grave problema en temas de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y feminicidios. Organismos universales como Amnistía Internacional mantienen una evaluación crítica de México en esta agenda.
No obstante, el gobierno ha recortado el presupuesto para atender el tema de derechos humanos y de atención a víctimas, aseguró la diputada María Concepción Valdés Ramírez, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. “Se habla mucho en el discurso y se asegura que se están fortaleciendo las políticas de derechos humanos, pero la realidad es que el feminicidio, la desaparición forzada y el abuso del poder, es una constante en México”, destacó la legisladora.
Lo peor es que durante esta administración federal, en el marco de acciones contra el crimen organizado, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en graves violaciones de derechos humanos en forma reiterada: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. No hay avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de arbitrariedades cometidas por soldados y policías desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” en el 2006.
En el caso de las desapariciones forzadas, el gobierno reconoció en 2014 no saber cuál había sido el destino de más de 22,000 personas, cuyo paradero se desconoce desde 2006.
El número aumentó hasta 25,500 al cierre del año pasado. Por lo que toca a las ejecuciones extrajudiciales, en 2014, el Relator Especial de la ONU señaló “en México sigue produciéndose un número alarmante de asesinatos ilegales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad sistemática y endémica”. Estos casos se han convertido en escándalos internacionales: Apatzingán, Michoacán, en enero de 2015; Tanhuato, en mayo de 2015; o Tlatlaya, en junio de 2014. Sin considerar la cadena de fosas clandestinas descubiertas reveladoras de crímenes y desapariciones-
Desde 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CND) recibió aproximadamente 9 mil denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército –incluidas más de 1,700 durante el actual gobierno- y emitió informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó la participación de esta fuerza en graves violaciones de derechos humanos.
