(18 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En 1997 Isaías Uribe Hernández decidió ser veterinario. Realizó sus estudios en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna, ubicada en Torreón, Coahuila.
Moreno, 1.83 de estatura, labios gruesos, ojos rasgados, nariz ancha y frente amplia, Isaías es un hombre tranquilo; quien siempre ha aceptado que su pasión es la música, sobre todo la romántica. El 7 de diciembre del 2002 se casó con Claudia; desde entonces su vida familiar fue sencilla y sin contratiempos
Los domingos, Isaías se lo dedicaba a sus hijos, esposa y a convivir con la familia de ella. “Tiene un corazón grande, vivía para nosotros y cuando supo que iba a ser papá nuevamente rebosó de felicidad”, dice Claudia.
El sábado 5 de junio del 2009 Isaías acude por la mañana a realizar una operación canina. Por la noche se reúne en su casa con su amigo Juan Pablo, como casi todos los fines de semana, para quedarse hasta la madrugada charlando; a la una de la mañana los dos salen en la camioneta de Isaías a comprar agua. A unas cuantas casas delante de la suya, el Ejército estaría cateando una vivienda. Los dos veterinarios pasan por ese lugar.
El tiempo pasa, Claudia empieza a intentar localizarlos en los números de celular. No contestan. Se preocupa. No sabe nada sino hasta pasadas un par de horas después del amanecer; la camioneta, propiedad de Isaías, es encontrada con 7 disparos y sangre en los asientos. No se sabe más.
Vecinos atestiguan que el Ejército los detiene. La Secretaría de Gobernación lo niega. Por ahora la única realidad que prevalece es que ninguno de los dos aparece. Los médico aseguran que, las preocupaciones y la pena fueron las causas de que Claudia perdiera al bebé que esperaba.
Isaías conforma el mapa de desaparecidos que existe en Coahuila y que las autoridades no quieren reconocer, pese a que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ha informado que a nivel estatal se encuentran mil 776 personas sin localizar, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), mantiene un registro de mil 433 personas desaparecidas de la entidad.
Sin embargo, aún con esa diferencia de datos, Coahuila figura a nivel nacional entre los 7 estados que menos personas desaparecidas ha localizado. Recientemente el gobierno de Coahuila, encabezado por Rubén Moreira Valdez, creó una unidad de búsqueda, que sólo estará activa para personas desaparecidas dentro de las primeras 96 horas.
“Las familias agrupadas en la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), están inconformes porque con la unidad creada por el gobernador, es un mecanismo mal copiado de la alerta Amber, con éste no se cubre la búsqueda de los casos que desaparecieron años atrás, dejándolos en el abandono”, afirma el abogado Michael Chamberlin, del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
“Desde el año pasado las familias de personas no localizadas, pidieron al gobernador que se creara un mecanismo de búsqueda en donde se tomen en cuenta las desapariciones forzadas de tiempo atrás, urge una plataforma personas que están desaparecidas desde hace varios años; los familiares presentaron un proyecto, la estructura contiene la petición de recursos propios, pero sobre todo tener estrategias de búsqueda con posibilidades de salir a campo a buscar, propuestas en términos de investigación y campañas de información, lo anterior pese a que ya se encontraba en diálogo con el gobernador, se detuvo al crearse el decreto de la búsqueda de personas con 96 horas de desaparecidas, el cual no completa los aspectos que las familias querían”, asegura Chamberlin.
“Mal entendido o no, en el último diálogo que se sostuvo con el gobernador, él estaba de acuerdo con la propuesta de la unidad de búsqueda. Que nada tiene que ver con 96 horas. Hoy la deficiencia de su unidad de búsqueda recientemente lanzada, está en que se activa la alerta y nada más. Nosotros estamos buscando que exista un equipo de búsqueda en campo, que sean capaces de investigar no sólo en los espacios de Coahuila, sino a nivel nacional a buscar en cárceles, a buscar en lugares distintos de detención”, argumenta Charberlin.
Y agrega “pero también se necesita un sistema de análisis de contexto, del cual carece la Procuraduría, con el cual se podría entender cómo se dan los patrones de desaparición y posibles lugares de ésta, para así poder realizar operativos un poco más precisos, porque aunque se supone que a los desaparecidos de hace años, tanto la Procuraduría Estatal, como la Federal los están buscando, lo hacen con muchas deficiencias y de una manera que las familias llama búsqueda de oficio, que consiste en enviar documentos a una que otra dependencia, preguntando ‘¿usted no lo ha visto?’, pero no salen a buscarlos”.
“El enfoque de las procuradurías, es hacia la búsqueda de los responsables y del delito, pero no de la persona desaparecida, también ha formado parte de los motivos por los cuales los resultados han sido deficientes e infructuosos. Es por ello que esperamos el gobernador no ignore los acuerdos construidos en la Mesa de Búsqueda e Investigación, en la que participaron Funndec, instancias del gobierno estatal y federal y organizaciones de derechos humanos, donde se acordó la creación e independencia de la unidad de búsqueda para personas desaparecidas hace años”, puntualiza Michael Chamberlin.
2007 fue el año en que se intensificaron los casos de desapariciones forzadas, hechos dondetanto la delincuencia organizada como las mismas autoridades estatales, han sido señaladas por los mismos familiares.
“Fue hasta 2014 Rubén Moreira emprendió un operativo que a todas luces era un escenario presuntuoso y falso, que se suponía daría paso a la búsqueda de cientos de personas desaparecidas de manera forzada, teniendo como principal zona de investigación la frontera con Texas”, comenta el abogado Pedro Olmos.
“En aquella ocasión hubo un despliegue de más de cien funcionarios, todos dispuestos a tomarse la foto, porque convocaron a muchos medios de comunicación, pero sin duda esto provocó que pueblos como Allende erradicaran su silencio y dieran a conocer sus testimonios, recordándonos que habían sido víctimas de un caso de lesa humanidad en 2011”, agrega.
“500 cuerpos fueron encontrados en aquel momento, sin embargo después de un trabajo de investigación periodística se contó con mayor fuerza la masacre de Allende donde los Zetas destruyeron las casas y la vida de 36 familias, todo esto bajo el encubrimiento del priista Jorge Torres, porque siempre tiene que ser del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien defienda criminales, y deje en la indefensión al pueblo”, comenta Olmos.
Y puntualiza, “a final de ese año, Moreira a quien no le salió bien su despliegue de búsqueda fingido, presionó a los medios para afirmar que sólo tenían conocimiento de la desaparición de 28 personas y que esa era la cifra oficial de desaparecidos en Allende. Es decir, quiso demostrar la existencia del 13% de 500 restos encontrados en enero de 2014, eliminando así el 83%”.
“Las desapariciones forzadas y el nulo esclarecimiento significan que el gobierno de Moreira es la copia del inhumano, miserable, criminal y opresivo gobierno de Peña Nieto, de tal forma que usó el mismo truco que usó Murillo Karam con los estudiantes de Ayotzinapa, enviar los restos a la policía científica, e incluso la misma estrategia vil y mentirosa condenada al fracaso, que consistió en una busca a los desparecidos basada en teorías absurdas, para entretener a las familias de las víctimas, buscando así el olvido y proteger a los responsables por acción u omisión de las tragedias que significan las desapariciones forzadas” sentencia Olmos.
Según el abogado Chamberlin la corrupción y la colusión del crimen organizado con las instituciones estatales en Coahuila, no permitirían que la desaparición forzada se detenga, tanto en la entidad como en el país. Dando a conocer que esto se demuestra con la constante detención de elementos policíacos por su presunta relación con el crimen organizado.
También afirma que el deficiente desempeño de las instituciones gubernamentales a nivel federal, anudado a la imperante corrupción, la relación de políticos y elementos de la fuerza pública con el crimen organizado, además de generar desconfianza, provoca que no sea posible llegar a resarcir a las víctimas y traer justicia al país.
En la actualidad Coahuila es señalado por la prensa local como un lugar en el que la desaparición de personas es inquietante, por frecuente, e impune en la mayoría de los casos.
