(27 de febrero, 2015).- El gobierno de Estados Unidos capacitó y brindó apoyo técnico, de armamento, y económico a autoridades y policías mexicanos que estaba infiltrados en los cárteles de la droga, así como a elementos federales que violaron los derechos humanos incontables veces sin importar que se susciten hechos como los de Tlataya o Aytozinapa, denunció Jesse Franzblau investigador de la revista estadounidense The Union.
Según cables desclasificados del gobierno norteamericano, la revista publicó un artículo que demuestra la empoderación de los cuerpos policíacos y funcionarios tanto estatales como federales, de los que se sabía estaban al servicio del crimen organizado, por parte de Esyados Unidos a través del proyecto presentado por Felipe Calderón, Iniciativa Mérida. Los funcionarios están ligados a masacres como las de Allende, Coahuila y San Fernando.
El artículo menciona que luego de que el gobierno estadounidense se enterara de las masacres mencionadas, su respuesta es brindar cada vez más apoyo a las autoridades corruptas. Especialmente a las de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, corrompidas por el cártel de los Zetas. No sólo eso, también brindó apoyo a militares que han cometido múltiples asesinatos y violaciones graves a los derechos humanos.
“Washington ha pagado apenas 2.5 mil millones de dólares desde 2008. A pesar de que las leyes estadounidenses explicitamente prohíben la entrega de ayuda a unidades implicadas en sistemáticas violaciones a los derechos humanos” señala el artículo.
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Según el medio norteamericano, desde febrero de 2010 el consulado de E.U en Monterrey, tuvo conocimiento de los vínculos entre Zetas y Héctor Santos Saucedo, líder de las investigaciones criminales en Coahuila. Estado en el que ‘ocurrió una de las peores masacres de la guerra contra las drogas’, que fue tapada por años, y en la que unas 300 personas que eran familiares, amigos o conocidos de unos informantes de la DEA oriundos del lugar, fueron secuestradas y asesinadas. Ninguna fuerza policíaca estatal o federal lo impidió; nadie investigó”.
El artículo continúa evidenciando capacitaciones especiales de agentes de la DEA a dos mil 735 policías federales en 2010. Así como prácticas similares de funcionarios de Asuntos de Narcóticos (NAS) entrenando a policías federales en Coahuila y Nuevo León.
Los documentos que sustentas la publicación, provienen del Departamento de Estado sobre la mencionada Iniciativa Mérida, así como cables desclasificados de los consulados y embajadas estadounidenses.
“La respuesta tradicional del gobierno de EU a los reportes sobre el involucramiento del gobierno mexicano en los abusos ha sido siempre incrementar programas de entrenamiento y asistencia”, sostiene The Union.
La corrupción dicen lo documentos, se extiende a todos los niveles del estado en México, incluyendo al Ejército Méxicano e investigadores federales.
