Ilustración: Pe Aguilar
(18 de febrero, 2015).- Con motivo del Segundo Informe de Gobierno se hizo llegar a la Cámara de Diputados, por medio de la Secretaría de la Gobernación (SEGOB), la respuesta a las 42 preguntas hechas por los legisladores a Enrique Peña Nieto.
Los temas tratados fueron diversos pasando desde economía, seguridad, política internacional, social y energética, pero también fue destacado el tema de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas ocurrida en septiembre pasado.
Se cuestionaron los motivos de haber tratado la desaparición como un secuestro desde un inicio y no como desaparición forzada, a lo que se contestó: “Se arribó a la conclusión de que se trataba de un caso de desaparición forzada, esto porque se advertía la probable participación de elementos de seguridad pública municipal durante la detención de los normalistas”.
Y agregó: ““Ante este único y primer alarmante dato, diversos medios de comunicación y líderes de opinión pública difundieron y generalizaron que el evento se trataba de desaparición forzada, sin que hasta ese momento existiera ningún medio de prueba suficientemente sólido que justificara dicha afirmación”.
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Presuntamente según la autoridad jurisdiccional; “los hechos investigados no cuadraban en la hipótesis que establece el tipo penal de desaparición forzada” y justificó “no obstante la PGR no ha cesado en su intención de acreditar el ilícito de desaparición forzada y, muestra de ello, es la obtención de una orden de aprehensión por ese delito librada contra 5 policías municipales”.
Y, justificando el hecho de que no haya sido desaparición forzada en primera instancia, aclaró que el encargado de la clasificación provisional de los hechos, por los cuales se ejerce acción penal, es el Ministerio Público pero el encargado de esclarecer, determinar y tipificar los hechos, consignados por dicha instancia, es el Juez de Distrito.
“Se insiste en que no se considera una omisión en virtud de que la autoridad judicial determinó que los hechos por los que ejerció acción penal el Ministerio Público de la Federación fueron constitutivos del delito de Secuestro y no de Desaparición Forzada, destacando que al no compartir el criterio jurisprudencial se interpuso recurso de apelación contra la negativa de orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada”.
Además añadió que el Ejército, al menos en lo que corresponde a la 27 Zona Militar, no tuvo nada que ver ya que se encuentra en otro municipio guerrerense (como si eso mermara la posibilidad de transportarse a donde fue la tragedia) y no en Iguala donde se encuentra la 35 Zona Militar.
A su vez respondió a la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que “no hubo omisión en los protocolos de exhumación ni de registro de cadena de custodia, selección de peritos y atención a víctimas, porque se aplicaron medidas establecidas a nivel internacional, aunado a que no existen disposiciones específicas para el tema de desaparición forzada”.
Respecto a la pregunta del Partido Acción Nacional (PAN) sobre Ayotzinapa se respondió que “la Procuraduría General de la República (PGR) “no pudo” atraer la investigación sino hasta que el gobierno de Guerrero lo pidió”.
Pero que eso no impidió que se desplegara un “importante operativo” de búsqueda para los normalistas y que las fuerzas federales asumieron funciones de seguridad.
Además, en un acto que va en contra de hechos comprobados, aseguró que el ataque en contra de los normalistas fue totalmente llevado a cabo por el crimen organizado en colusión con autoridades locales.
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De esta manera se trata de seguir “sacando la vuelta” a un tema tan polémico que no dejará tranquilo a ninguno y mucho menos a los afectados de la desaparición, los padres de los normalistas, mismos que no creen absolutamente nada de lo dicho por el gobierno que parece que cada vez quiere ir acomodando los hechos para dar caso cerrado al asunto.
