El 21 de diciembre de 2022, Guillermo Sheridan publicó una acusación sin ambages ni duda alguna; escribió: “En mi calidad de ciudadano y acatando el llamado de la ministra Lic. Yasmín Esquivel Mossa, procedo, pues a denunciar un acto de corrupción cometido por la pasante Yasmín Esquivel Mossa.” En su denuncia, afirma que la tesis de la “pasante” es plagio de una “tesis previa” del licenciado Edgar Ulises Báez Gutiérrez.
Más allá de que el cultísimo señor Sheridan no se dé cuenta del gazapo sintáctico de su párrafo y de que primero la llame ministra, le anteponga el “Lic” y luego la llame pasante, es obvio que está seguro de lo que afirma. Tiene “pruebas”: carátulas, índices y párrafos que muestran una coincidencia casi absoluta. Hay plagio, sin duda. Las fechas tampoco dejan lugar a dudas. Proporcionó, además, la liga al repositorio de la UNAM en donde los lectores interesados podían comprobar por sí mismos la verdad. Impecable.
Tan impecable que, a la misma velocidad de la luz con que los medios corporativos se sumaron a la denuncia, lo hicieron también algunos “obradoristas”, varios periodistas independientes pero “críticos”, la izquierda pura y casta, la progresía buenaondita y, claro, la oposición entera. A la denuncia seguían en automático las exigencias: desde retirarle el título hasta defenestrarla de toda práctica y, por supuesto, impedir que fuera elegida Presidenta de la Suprema Corte. Las voces de la honorabilidad, el decoro, el respeto irrestricto a la ley y a las buenas costumbres, se alzaron alarmadas, y el linchamiento de la inculpada fue casi unánime.
Por supuesto, no sorprendió que la oposición y los medios se rasgaran las vestiduras en nombre de la verdad, aunque mientan consuetudinariamente. Sorprendió, en cambio, que muchos dieran por buena la denuncia, no obstante varios aspectos que no pueden pasarse por alto, más allá de lo que parecía evidente.
Primero, el denunciante. Guillermo Sheridan es un conspicuo colaborador de Letras Libres, copartícipe de la cínicamente célebre Operación Berlín y presunto profesor de la UNAM. Un ejemplo preclaro de la “alta” intelectualidad neoliberal enriquecida groseramente con dinero del erario público desde Carlos Salinas.
En segundo lugar, el medio: Latinus. Ya con eso da escalosfríos. Un gran intelectual usa el medio ligado a exgobernadores con largo historial de corrupción y, muy probablemente, al narco, por no hablar de su cara pública, Carlos Loret, el comunicador estrella de García Luna. Por lo demás, no deja ser extraño imaginar a tan preclaro intelectual hurgando tesis de hace casi 40 años en el repositorio de la UNAM. Quizás así desquita el sueldo que devenga, porque al aula no asiste aunque cobre como “profesor”.
En tercer lugar, llama la atención que el “plagiado” no fuera el denunciante y que además no apareciera por ningún lado, hasta que el periodista Álvaro Delgado lo localizó en su casa. Poco a poco fue saliendo la turbiedad. Resulta que el señor admitió, primero, que sí había leído la tesis de la ministra y que había copiado, para la suya, algunos párrafos. La tesis de la ministra Esquivel había sido iniciada desde 1985, dos años antes de registrarla formalmente. El licenciado Báez icluso escribió, de puño y letra, una carta en la que admite haberla copiado porque “tenía urgencia de titularse”. Más aún, lo declaró ante notario. Cuando se le vinieron encima los cuestionamientos, negó todo, incluso su presencia ante notario. Sin embargo, se divulgó un video en el que se muestra con el notario admitiendo haber copiado la tesis de la ministra, tesis que le proporcionó su tutora en común. El teatro se cayó, pero había logrado su objetivo: difamar a una Ministra e impedir que presida la Corte.
Era obvio, desde el principio, que la denuncia tenía como propósito descarrilar a la ministra Esquivel de su intensión de presidir la Corte, que se trataba de un golpe bajo en el juego de poder a su interior y una operación que implicó haber investigado todo su pasado, una larga trayectoria profesional en el Poder Judicial. Una investigación que pretendía encontrarle alguna mancha para lo que tuvieron que indagar cuarenta años atrás. Estaba en juego la Presidencia, que implica un enorme poder en las estructuras político-administrativas y en áreas y funciones sensibles de la impartición de justicia en México.
Además, también era claro que el golpe era no sólo contra una ministra, sino contra el Presidente y su gobierno. El penúltimo párrafo de Sheridan no deja lugar a dudas.
“Triste cosa. Además de ser una forma de corrupción, el plagio académico va en contra de la revolución de las conciencias, del humanismo mexicano y del “No mentir, no robar y no traicionar”, principios rectores de la llamada “Cuarta transformación”. No parece importar mucho: quien sostiene esos principios considera honestos a su intelectual plagiario, a su procurador general plagiario, a su director del CIDE plagiario, a su jefe de comunicación social de la presidencia plagiario y, ahora, a la pasante plagiaria.”
Aparte de que el culto señor Sheridan no sabe que ya no existe tal cosa como un procurador general, no se atreve a mencionar al Presidente ni a decir quién es ese “su” intelectual, ni porqué incluye al director del CIDE y al jefe de comunicación de la Presidencia en el mismo costal que a la “plagiaria”. ¿Todos ellos plagiaron su tesis? No le hace falta probar nada; su pasmosa honestidad no lo necesita para difamar.
El dinosaurio agónico de la UNAM, por su parte, dio varias respuestas cada vez más disparatadas. La primera, en que la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales informa que realizó un cotejo pormenorizado de ambas tesis y confirmó la “alta coincidencia” entre ellas, de lo que hará del conocimiento del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, donde se tituló la Ministra. Nada dice sobre las bases legales ni los procedimientos para realizarlo, ni a petición de quién ni, mucho menos, sobre la modificación del registro de la tesis de la ministra en el repositorio de la UNAM, realizada inmediatamente después de publicada la denuncia, modificación demostrada por el periodista Javier Pérez. Por lo pronto y sin recato, la UNAM dio por buena la acusación, que fue convalidada por el propio Rector. El único argumento: que la tesis del Lic. Báez fue registrada antes que la otra, como si nadie supiera que una tesis puede llevar varios años y que generalmente se escriben varias versiones conforme avanzan las revisiones (Yo trabajé en la edición de divulgación de una tesis cuya investigación duró 10 años; el trabajo editorial llevó cinco años).
La ministra Esquivel mantuvo un silencio prudente hasta que anunció que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía de la Cdmx. Se habían dado a conocer posturas de su tutora y de uno de sus sinodales avalando la originalidad de su tesis y enfatizando su desempeño en su defensa. Nada valió. El aparato mafioso incrustado en el Poder Judicial estaba dispuesto a todo para evitar que fuera nombrada Presidenta de la Corte y, como dije, lo logró. En su lugar quedó la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
Si todo el proceso para suceder al ministro Saldívar en la Presidencia de la Corte es grave porque muestra un entramado mafioso para armar el “caso” contra una de sus integrantes, el hecho de que Norma Piña presida la Corte es más grave aún.
Elevada a Ministra por Enrique Peña, la nueva presidenta de la Corte desmanteló al equipo responsable del Instituto de Defensoría Pública y de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura y las puso en manos, nada más y nada menos, que de Isabel Miranda de Wallace. Sí, la socia de Genaro García Luna en la industria del secuestro y la tortura institucionalizada tiene hoy en sus manos la estructura de defensoría pública de la Suprema Corte y de ella dependen varios casos altamente sensibles.
Hoy, gracias a la ministra que llegó a presidir las Corte mediante la difamación, se entrega a una secuestradora la resolución de al menos dos casos emblemáticos: El juicio a Israel Vallarta y el proceso, absolutamente irregular e ilegal, que se ha seguido contra los acusados por la señora Wallace del supuesto secuestro y asesinato de su hijo. La defensoría y, en particular, la Unidad de Combate a la Tortura había logrado demostrar las irregularidades de todo el caso, las torturas a implicados y testigos. Su extitular ha hecho una valiente denucnia pública de la situación, a la que le ha dado una cobertura excelente la periodista Daniela Pastrana. Cabe señalar que este exfuncionario y otros más, fueron espiados con el programa Pegassus. También es notable que Netzaí Sandoval, el abogado que dirigía el Instituto, fue obligado a renunciar y que fuera, precisamente, Isabel Miranda quien diera la noticia de su salida.
Pero no todo termina con la destitución del titular de la Defensoria pública. La cosa es peor aún. Taissia Cruz Pacheco es hoy la nueva titular de dicho Instituto, pero antes fue magistrada del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal, donde el amparo interpuesto por acusados por Miranda permaneció 6 años sin ser resuelto. Es decir, la “Defensoría de Oficio” del máximo tribunal de justicia del país está en manos de una persona que obstruyó la justicia durante seis años, protegió a torturadores y mantiene a seis personas en prisión desde hace casi dos décadas. Ahora le toca “resolver” el caso. De miedo.
Otro personaje siniestro es Abraham Pedraza Rodríguez, quien trabaja con la ministra Norma Piña como Secretario de Estudio y Cuenta. Resulta que es familiar de Isabel Miranda y fue quien puso la denuncia ante la entonces Procuraduría capitalina por el “secuestro” de Hugo Alberto Wallace, su “primo”, como él lo ha llamado. Esta denuncia es importante, porque le permitió a Isabel Miranda torcer las declaraciones previas de testigos del edificio donde supuestamente asesinaron a Hugo Alberto. Un departamento que había sido inspeccionado en las diligencias judiciales y en el que no se encontró evidencia alguna. Con esas declaraciones, obtenidas bajo tortura, Isabel Miranda logró que se realizara una segunda inspección y ¡oh sorpresa!, apareció una gota de sangre, supuestamente de su hijo. Pero resulta que otro personaje, empleado de la misma señora Wallace, había rentado previamente ese mismo departamento y lo usó durante varios meses, antes del nuevo “hallazgo” que tiene a seis personas en prisión. De ellas el caso de Brenda Quevedo es una verdadera infamia: fue acusada por Isabel Miranda, torturada y violada en prisión varias veces, y remitida a las Islas Marías sin sentencia, un penal en el que supuestamente sólo se encerraba a sentenciados. Sigue en la cárcel con un hijo, producto de una de esas violaciones.
En resumen, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en manos de los industriales del secuestro en México. Recordemos que con Calderón el secuestro se incrementó 700% respecto al sexenio anterior y que García Luna, desde el Cisen, la AFI y la SSP, operó y ejecutó secuestros en todo el país durante casi dos décadas. El Mochaorejas, los Caletri y demás bandas que asolaron el centro de México desde finales de los años 90 eran protegidos por García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Isabel Miranda y su hijo administraban los rescates. Pero el señor Sheridan no sólo no se ha disculpado por su infamia, sino, haciéndose la víctima, pide medidas de protección porque el Presidente lo cuestionó.
Hoy, gracias a la difamación de Guillermo Sheridan, los esbirros de Isabel Miranda de Wallace y de Genaro García Luna “hacen justicia” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así de grave.
Referencias
- Guillermo Sheridan. “Una ministra pasante: Yasmín Esquivel, candidata a presidir la SCJN, plagió su tesis de licenciatura”. Latinus, 21 de diciembre, 2022. https://latinus.us/2022/12/21/una-ministra-pasante/
Daniela Pastrana. “La Suprema Corte de Norma Piña: Infiltrada por Isabel Miranda, descabeza Defensoría Pública”. Pie de página. 7 de febrero, 2023. https://piedepagina.mx/la-suprema-corte-de-norma-pina-infiltrada-por-isabel-miranda-descabeza-defensoria-publica/