(25 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El informe del Grupo de Trabajo plural de la Cámara de Diputados para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, -al que Revolución TRESPUNTOCERO tuvo acceso- concluyó que, de acuerdo a los elementos proporcionados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los mayores impedimentos para determinar las circunstancias de los hechos se encuentra en la alteración de vestigios y del lugar, presuntamente por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Aunado a esto, la tortura e intimidaciones en agravio de las víctimas sobrevivientes, a manos, presuntamente, de funcionarios del Gobierno del Estado de México, así como las deficiencias en la recolección de las pruebas, preservación de la escena, cadena de custodia, análisis pericial y otras actuaciones en las cuales presuntamente incurrieron servidores públicos del Gobierno del Estado de México, han impedido que se aclare la presunta ejecución extrajudicial de al menos 22 probables delincuentes.
El reporte señala que la CNDH “considera notoriamente insuficiente la información aportada a este Grupo de Trabajo por parte de la SEDENA, la PGR y el Gobierno del Estado de México, por lo que considera necesario hacer un respetuoso llamado a dichas instituciones para que faciliten la rendición de cuentas hacia el Poder Legislativo y atiendan sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública para la ciudadanía”
Los legisladores concluyeron, que fue imposible que el grupo de trabajo ponderara plenamente las versiones sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014 por la reticencia de la PGR y del gobierno del estado de México de entregarles la documentación solicitada, así como la insuficiente entrega de documentación por parte de Sedena.
En el documento se lee que el grupo de trabajo “considera que la Recomendación 51/2014 de la CNDH, aceptada plenamente por la Sedena, Segob y el Gobierno del Estado de México, se encuentra aún en proceso de ser solventada y… Alberga la expectativa de que la PGR y la PGJEM valoren, en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, los elementos aportados por la CNDH derivados de sus propios expedientes, que podrían abonar en el cumplimiento de la Recomendación 51/2014”.
Los diputados son enfáticos al señalar que “en el Caso Tlatlaya se está en presencia de un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la SEDENA involucrados, que tuvo por consecuencia que, cuando menos, 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales”.
El grupo de trabajo coincidió en la urgencia de que el Congreso de la Unión discuta y apruebe a la brevedad la expedición de una legislación sobre el uso legítimo de la fuerza común para todas las autoridades, además de reformas en materia de tortura y de ejecuciones extrajudiciales.
El informe añade que: “con la aceptación de la Recomendación 51/2014 de la CNDH, la Sedena reconoce que, en el Caso Tlatlaya, se violaron los siguientes derechos: a la vida, en agravio de 15 personas; a la verdad y a la debida procuración de justicia, en agravio de 25 personas…y a la integridad, en agravio de tres personas”.
En el texto, los legisladores urgen a que se esclarezcan las responsabilidades correspondientes en el ámbito penal, administrativo y de la disciplina militar, de los elementos que integraron la cadena de mando de la Sedena, más allá de aquellos que ya se encuentran bajo proceso en la jurisdicción civil; es decir, mandos jerárquicos y elementos que estuvieron presentes en el lugar de los hechos o que, sin haber estado presentes, tenían responsabilidad respecto a la supervisión de la actuación de los elementos.
Llamado a la PGR
El grupo de trabajo hizo un llamado a que la Procuraduría General de la República (PGR) redoble esfuerzos para que, en la investigación y las actuaciones, se conduzca con apego al artículo 19 de los “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, aprobados por el Consejo Económico y Social de la ONU en su resolución 1989/65, de mayo de 1989, en el sentido de que: “Los funcionarios superiores, oficiales u otros funcionarios públicos podrán ser considerados responsables de los actos cometidos por funcionarios sometidos a su autoridad si tuvieron una posibilidad razonable de evitar dichos actos”.
Hace particular énfasis en la importancia que tiene que la PGR dé a conocer públicamente los avances o los alcances de las investigaciones acerca de los elementos militares bajo custodia o de otras personas con probable responsabilidad, sin obviar el derecho de presunción de inocencia y la seguridad de sus datos personales.
En el documento se considera urgente que la PGR aclare públicamente si ha iniciado las denuncias, las investigaciones penales o los procedimientos o recursos administrativos contra quienes resulten responsables por la afectación a los derechos humanos derivada de la dilación de 11 semanas para comenzar las averiguaciones previas por el asesinato de 22 personas.
La Segob, salpicada
El informe, de 37 páginas, considera esencial que la Secretaría de Gobernación (Segob) continúe coordinando las acciones de implementación de las medidas cautelares de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en colaboración con otras autoridades, hasta que se logre la completa satisfacción de las necesidades y requerimientos de la beneficiaria, el cumplimiento cabal a la Resolución de la CIDH y de esta forma puedan contribuir al esclarecimiento, investigación y eventual sanción de los hechos en beneficio de las demás víctimas directas e indirectas.
Insta a dicha secretaría para que dé seguimiento a la Recomendación 51/2014 dirigida a la Sedena, PGR y al Gobierno del estado de México y sobre todo, dicte las medidas administrativas necesarias, en particular, para la prevención y la no repetición de los hechos.
En el informe se detalla que el grupo considera necesario que la Secretaría de la Función Pública (SFP), en los términos de la ley, investigue las presuntas conductas de servidores públicos que pudieran constituir responsabilidades administrativas y que aplique las sanciones correspondientes.
Exigencia a Eruviel
Los integrantes del grupo de trabajo urgieron al Gobierno del estado de México a aclarar las razones por las que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) no investigó acerca de la alteración de elementos y de la escena de los hechos y el desplazamiento de los cadáveres fuera de su posición original, ni se estudió la posibilidad de que pudieron haberse cometido actos de homicidio en agravio de los civiles mientras el caso continuaba siendo de su competencia.
Insta al gobierno del priísta Eruviel Ávila, a esclarecer públicamente las razones por las cuales los agentes y peritos de la PGJEM llegaron a la bodega del municipio de Tlatlaya más de seis horas después de que concluyeron los hechos.
Los legisladores argumentan en el texto, la conveniencia de que “el Gobierno del estado de México haga públicas, con respeto a los derechos de presunción de inocencia y la protección de datos asentada en la ley, los avances en los procesos penales y administrativos seguidos en contra de servidores públicos, que presuntamente hayan incurrido en conductas ilícitas en torno al Caso Tlatlaya, y la relación que guardan con aquéllos identificados por la Recomendación 51/2014; asimismo, que coadyuve con la CNDH en la reconstrucción de los hechos en los que se cometieron presuntos actos violatorios de derechos humanos, a fin de esclarecer los acontecimientos”.
Para concluir el informe, el grupo de trabajo expresó su reconocimiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la información entregada al mismo, y a las organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia, por su participación en la audiencia pública y las aportaciones realizadas.
