José Jacques y Medina
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(07 de junio, 2013).- El día 5 del presente, una delegación de niños ciudadanos norteamericanos, hijos de padres indocumentados en peligro de ser deportados o ya deportados de los Estados Unidos, encabezados por Saúl, hijo de la emblemática migrante Elvira Arellano, sostuvieron una reunión con miembros del Congressional Hispanic Caucus del Congreso estadounidense, formado por representantes y senadores de origen hispano.
Después, los niños caminaron a las puertas de la Casa Blanca a entregar cartas de la niñez ciudadana al presidente Obama, solicitando que se incluya en la Iniciativa de ley migratoria la oportunidad de regularización a los padres deportados antes del 31 de diciembre de 2011.
Docenas de niños nacidos en los Estados Unidos llegaron a esta ciudad provenientes de varios estados de los Estados Unidos, México y Centroamérica. A más de su edad, tienen en común la posibilidad de la deportación de sus padres o el hecho trágico de que alguno o ambos ya fueron removidos del país por falta de documentación migratoria.

El tema de la división de familias con estatus migratorio mixto, donde conviven ciudadanos, indocumentados y migrantes con autorización, es tema álgido en el debate del Congreso estadounidense, donde lo político supera lo humanitario, de aquí la importancia y razón principal de la presencia de la niñez ciudadana ante los legisladores de la Cámara Baja.
El pasado 21 de mayo, el Comité Judicial de la Cámara de Senadores aprobó por 13 votos contra 5 la iniciativa de ley Border Security, Economic Opportunity, And Inmigration Modernization Act Of 2013 (Ley de 2013 sobre seguridad fronteriza, oportunidades económicas y modernización migratoria) y se dispone a pasarla al pleno para su aprobación en el mes de julio. Posteriormente esta iniciativa de ley pasará a la Cámara de Representantes con el propósito de ser aprobada como tal o en su caso sufrir modificaciones en su contenido, lo que obligaría a la realización de una conferencia de ambas cámaras para aprobar o rechazar una propuesta final que cubra las expectativas de ambas cámaras y de ambos partidos.
La iniciativa de ley del Senado, de entrada, ya ha dejado fuera de contexto y de su articulado una serie de cuestiones relacionadas, entre otros temas, con familias migrantes con hijos nacidos en Estados Unidos en las cuales alguno de sus miembros fue deportado o se encuentra bajo procesos de deportación. La ley actual, por ejemplo, sólo beneficia a las familias indocumentadas cuyos padres hayan sido deportados después del 31 de diciembre del 2011 y hasta la fecha de la aprobación final de la ley de reforma migratoria.
Una de las contradicciones que saltan a la vista de la aplicación actual de la política migratoria es que se continúa deportando, según la cuota oficial, mil 400 migrantes diariamente, (Operación EndGame 2003-2012, remoción de entre 8 y 10 millones de indocumentados en 10 años). http://cryptogon.com/docs/endgame.pdf No se explica la lógica de seguir deportando a estos migrantes, cuando la propuesta de ley de facto los califica para regularizar su situación migratoria. Es evidente que se requiere una moratoria en las deportaciones, en tanto se defina el procedimiento de regularización aprobado por el Senado.
Quienes fueron deportados antes de la fecha señalada no tendrán derecho a los beneficios de la reforma migratoria, incluso y a pesar de tener hijos nacidos en los Estados Unidos. En la misma situación de inminente separación familiar se encuentran los jóvenes llamados “Dreamers”, a quienes se les otorgó un procedimiento de regularización denominado “acción diferida”, pero que no incluye a sus padres.
Todo esto tiene que ver directamente con la cuestión familiar, con su natural unidad humana, misma que está ausente en la legislación actual y en el debate político en torno a la aprobación o no de lo que el Senado está cocinando como reparación a las leyes de migración quebradas, desmembradas, injustas.
El debate político del momento sobre la iniciativa del Senado es: o se acepta la iniciativa del Senado, tal cual, sin que se le haga ninguna modificación en la Cámara de Representantes, o no tendremos ninguna reforma migratoria. Esto implicaría que el tema de la unidad familiar de los migrantes quedaría en la incertidumbre, relegado para, quizás, resolverlo en algún momento futuro con otra iniciativa de ley que incluyera la posibilidad de la Unidad familiar de las personas migrantes.
En 1990, durante el debate de la Convención de los derechos de los migrantes en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue de gran impacto mundial el haber incluido en su título y cuerpo las palabras “y sus familiares”. Sin embargo, Estados Unidos se negó a suscribir y ratificar la Convención Internacional Sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares del 18 de diciembre de 1990.
Actualmente, en el seno de la Cámara de Representantes –con mayoría del Partido Republicano–, existe una gran actividad de cabildeo entre los propios representantes demócratas, incluyendo a los representantes de origen latino, para que se acepte la iniciativa del Senado tal como está. Se les presiona para que no se admitan modificaciones, dejando de lado derechos faltantes como la aludida “Unidad Familiar”, base del tejido social de la Unión Americana.
Es el propio presidente Barack Obama quien encabeza este planteamiento, seguido por senadores y representantes demócratas quienes desde el 2008 han enarbolado la bandera “Defendamos a Obama”. De esta manera, quienes se opongan a la aprobación de la ley tal como está, y se nieguen a conculcar el derecho humano de los niños a vivir acompañados de sus padres, serán considerados enemigos de la política de la Casa Blanca.
La aprobación de la Reforma Migratoria se ha vuelto a complicar por el ambiente de xenofobia exacerbada tras el atentado en el maratón de Boston el pasado 15 de abril, perpetrado por dos inmigrantes de origen checheno. El apoyo de la sociedad estadounidense a la regularización, aunque sigue siendo mayoritario, disminuyó sensiblemente tras el episodio.
Las preocupaciones de quienes actúan con responsabilidad se sustentan en razón de que, sólo durante la administración de Obama, se ha deportado a casi dos millones de personas sin documentos, en su gran mayoría de origen latino mexicano, y casi 200 mil niños ciudadanos han sido obligados a abandonar su lugar de nacimiento y han sido forzosamente desplazados al seguir a sus padres.
Al parecer, cuando las consideraciones electoreras predominan, los papeles sociales se invierten: mientras la preocupación principal de la niñez debería ser usar su tiempo en jugar y aprender mientras los políticos cuidan las leyes y obligaciones constitucionales y humanitarias, en el mundo al revés se observa a la niñez cabildeando y custodiando los derechos humanos universales, mientras los políticos dedican su tiempo al juego, en este caso el juego político/electoral.
La campaña de la niñez ciudadana por los derechos humanos universales plenos continúa y sabemos de antemano que regresará el día de mañana a reclamarlos, los niños son el futuro de la lucha de las familias migrantes binacionales.




