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Ex gobernador panista desvió 942 millones de pesos en Morelos

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Enrique Legorreta/@enriquelego3_0

 

 

(29 de mayo, 2013).-El actual gobierno del estado de Morelos denunció que la administración pasada, comandada por el ex gobernador panista Marco Adame, realizó desvíos de recursos públicos que podrían llegar a los 942 millones de pesos.

Esta situación fue denunciada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el secretario de Gobierno de la entidad, Jorge Meseguer Guillén, quien resaltó que donde surgieron estos desvíos fueron en las áreas de educación y de salud.

Esto se suma a acciones similares que han ocurrido en otros estados de la República. Se estima que durante los gobiernos panistas se permitió que los gobernadores aumentaran su deuda al doble, pasando de 138 mil millones de pesos a 269 mil millones de pesos, sin que los gobiernos estatales realizaran el pago pertinente. El estado de Morelos presentó este problema:  Adame endeudó a la entidad con 1 mil 500 millones y no pagó 2 mil millones a proveedores.

En su administración, Marco Adame dejó sin concluir más de 80 obras públicas. El gobierno actual se encuentra trabajando para acabarlas a la brevedad y con los recursos que van llegando, así lo destacó la actual titular de la Secretaría de Obras Públicas de Morelos, Patricia Izquierdo Merino.

Izquierdo declaró que trabaja en  conjunto con la titular de la Secretaría de Hacienda, Adriana Flores Garza, para ir buscando los recursos económicos que hacen falta para continuar con las diferentes obras a fin de concluirlas lo más pronto posible.

La Secretaría señaló que las obras inconclusas son parte de rubros como el de Salud, Educación e infraestructura en general, lo que se ha ido apuntando en un listado en el que trabajó un despacho contratado al principio de la administración para tener registro de lo que se tiene que trabajar.

La primer denuncia que presentó Jorge Messeguer destaca que la Secretaría de Gobierno del estado -en el gobierno de Adame- signó un contrato con la compañía “Nadro”, que se encargó de la distribución de medicamentos.  El contrato tiene una estimación de 745 millones de pesos debido a que tuvieron que pagar sobreprecio de las medicinas, haciendo que se desviaran recursos de programas sociales federales, entre ellos el Seguro Popular.

Esta falta de claridad de los pagos a los servicios de apoyo a los hospitales ha repercutido directamente en el servicio médico del estado, sobre todo en el centro de salud de la comunidad de Tilzapotla, que fue inaugurado en diciembre de 2011 y que  carece de medicamento y personal suficiente.

La situación fue presentada por el ayudante municipal, José Luis Castrejón, quien envió un oficio al gobierno municipal en el que pedía ayuda con la distribución de medicamentos que están siendo mínimos, principalmente con suero antialacrán, ya que en esta temporada del año es lo que más se atiende.

“Esta denuncia es por el presunto desvío de recursos de programas federales para cubrir el pago de servicios de suministro de medicamentos y material de curación a centros de salud y hospitales del estado, por parte de la empresa Nadro S. A. de C. V.”, detalló Messeguer Guillén.

La segunda demanda en contra del ex gobernador panista se refiere a la a la omisión de los pagos de 173 millones de pesos al Instituto de Crédito de los Trabajadores del Gobierno del Estado sobre las aportaciones de los trabajadores y de patronales del Poder Ejecutivo.

Esta denuncia se planteó por el delito de peculado contra ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Las denuncias se suman a otras dos anteriores presentadas por el gobierno actual contra ex funcionarios de la administración del periodo 2006-2012.

Con esta situación, Marco Adame se une a la lista de ex funcionarios públicos que han realizado acciones de desvío de recursos durante sus mandatos, y se suma al más reciente escándalo de extracción de dinero del erario público, el caso Granier, que dejó el estado de Tabasco una deuda de más de mil millones de pesos. El dinero, a la fecha, no aparece y no fue justificado por parte de la administración del ex gobernador tabasqueño.

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