(17 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El diputado federal Fernando Galván Martínez denunció que ni el gobierno federal ni los estatales, han asumido con responsabilidad su obligación de garantizar que no se violen los derechos humanos de los migrantes y en repetidas ocasiones, dejan en total abandono a los familiares de connacionales que pierden la vida en territorio norteamericano, a quienes niegan apoyo, incluso, para repatriar sus cuerpos.
El legislador informó que familiares de migrantes zacatecanos –entidad a la que representa- han advertido de la ineficacia y burocratismo que persiste en las oficinas de atención al migrante a donde han acudido a solicitar ayuda para realizar diversos trámites y se los han negado bajo el pretexto de que se carece de recurso o que por el desarrollo de la campaña electoral para elegir al nuevo gobernador no pueden actuar, a pesar que el fenómeno migratorio es resultado de una fractura social y de la ineficacia del Estado mexicano para generar mejores condiciones de vida.
“Los pobres, a los que matan allá, nuestros hermanos migrantes, duran hasta tres meses para traerlos; otros, tristemente, se quedan allá. Las familias en los pueblos no encuentran quién los apoye. Muchas veces, los migrantes no tienen familiares, los matan allá y no hay ni quién vea por sus restos”, declaró el legislador.
Galván Martínez explicó que; por ejemplo, Jesús Ramírez Valadez, un joven migrante originario de Sombrerete, Zacatecas, sufrió un accidente automovilístico en Estados Unidos el año pasado que le costó la vida.
Sus familiares acudieron a solicitar apoyo de la oficina de atención al migrante de su municipio donde les fue negada cualquier ayuda; posteriormente, solicitaron la intervención de Rigoberto Castañeda, titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante; sin embargo, el funcionario se negó a intervenir para que el cuerpo fuera trasladado a su tierra natal para ser sepultado.
Lo mismo sucedió tras el deceso de Juan Manuel Moreno Leyva, de 25 años, fallecido en Tijuana y de quien encontraron sus restos hace apenas algunas semanas.
“Las autoridades no hacen nada, ¿de qué sirve tener funcionarios de atención al migrante si no atienden a los familiares de mexicanos que mueren en Estados Unidos o en alguna parte de la frontera, si no hay apoyo del gobierno federal ni del estatal?”, cuestionó el parlamentario.
El 15 de septiembre pasado, José Juan Montoya Miranda, originario de la comunidad de Saín Alto, Zacatecas, fue asesinado a balazos en la ciudad de Mexicali, mientras intentaba cruzar la frontera. Luego de 12 días, sus restos fueron recuperados, esta vez con la intervención del gobierno del municipio fronterizo, y no la de Zacatecas.
“El gobierno del estado no los apoyó aunque fueron a pedírselo, les dijeron: ‘ya nos vamos’, les dijeron que ya no había dinero porque están en elecciones”, subrayó Galván Martínez y exigió que el gobierno federal y los estatales se comprometan a garantizar los derechos humanos de la población migrante y de las familias que padecen la pérdida de alguno de sus seres queridos.
“Que de menos, sus familiares sepan dónde están sus muertos porque muchas veces fallecen en Estados Unidos y los echan a los ríos, a los basureros y los familiares nunca saben dónde quedaron los restos”, dijo el legislador.
El zacatecano recordó que la migración de miles de mexicanos se genera –entre otras cosas- porque las políticas implementadas por los gobiernos han resultado insuficientes o inoperantes en comunidades altamente marginadas de diversas entidades de la República, las que se convierten en “productoras de brazos” para la industria y el campo de otros países.
Además, recordó que el gobierno de Peña Nieto tiene como asignatura pendiente el esclarecimiento del asesinato de decenas de migrantes centroamericanos ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, pues no se ha llevado ante la justicia a todos los responsables, ni se ha concluido con la correspondiente reparación del daño a los deudos, aunado a que los abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos en su contra “no han sido ni siquiera incluidos en documentos oficiales”.
Galván Martínez exigió a las instancias gubernamentales involucradas atender casos similares a los antes referidos de manera expedita, sin burocracia y propuso analizar el desempeño de las dependencias para modificar sus facultades y en su caso, dotarlas de mayores elementos que faciliten la atención a la población migrante.
“Hago un exhorto y un llamado de atención a los funcionarios, tanto del área de atención a migrantes, para que sí haya atención a los mismos, pero también al gobierno del estado, aunque debe pasar lo mismo en Tamaulipas y Nuevo León”, apuntó el diputado.
Recursos, en pugna
A mediados de marzo pasado, legisladores integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados, presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Luis Videgaray, modificar los lineamientos de operación del Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM) y asignar recursos -para impulsar acciones de capacitación, emprendimiento productivo, mejoras a la vivienda, apoyo para familias que reciben remesas y a migrantes en retorno- a las 32 entidades federativas.
El año pasado, el fondo limitó sus beneficios a 24 estados, dejando fuera a Baja California Sur, Colima, Tlaxcala, Chiapas, Morelos, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, a pesar de que el Banco de México señala que algunos estados no incluidos reciben más remesas familiares que otros que sí fueron tomados en cuenta; por ejemplo, en el último trimestre de 2015, Chiapas recibió 160 millones de dólares (mdd) y Morelos, 143 mdd; es decir, 50 y 40% más –respectivamente- que Sonora o Coahuila.
Además, estados muy pequeños en extensión y población como Colima y Tlaxcala, recibieron entre julio y septiembre 2015, 55 y 63 mdd, respectivamente; Tabasco, 34 mdd y Quintana Roo, 31 mdd.
Aunque no hay datos exactos sobre migrantes que regresaron a nuestro país, la Secretaria de Gobernación (Segob) calcula que de enero a septiembre de 2015, hubo 155 mil 159 repatriados de Estados Unidos a su entidad de origen.
El punto de acuerdo –que sigue pendiente de análisis- subraya la importancia del fenómeno migratorio, pues datos del Banco de México señalan que el total de remesas recibidas en 2015 fue de 24 mil 791 mdd, cifra superior a los 18 mil 524 mdd que México percibió en el mismo periodo por concepto de exportaciones petroleras.
Durante el ejercicio fiscal 2015, el FAM dispuso de 300 millones de pesos, como subsidio federal para las 24 entidades, mismos que los legisladores calificaron de insuficientes.
