Natalia Antezana Bosques / @Natalia3_0
(10 de mayo, 2013).- El Gobierno del Distrito Federal aceptó los 22 puntos de la recomendación 7/2013 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del D.F., con respecto a las “Violaciones a derechos humanos en el contexto del operativo policial del 1 de diciembre de 2012 denominado por autoridades del Distrito Federal Transmisión del Poder Ejecutivo Federal y Palacio Nacional”, después de pedir dos prórrogas para el análisis de dicha recomendación.
Uso indebido y desproporcionado de la fuerza, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. No es un listado de faltas cometidas por algún delincuente o banda criminal, sino las acciones de autoridades capitalinas, en el operativo del 1 de diciembre.
A través de un comunicado de prensa, el GDF informó que “promoverá la reparación integral a las víctimas por los hechos excepcionales acontecidos el 1 de diciembre de 2012”. La Comisión señaló en su recomendación que las personas que aún siguen bajo proceso penal, a pesar de que se ha demostrado su inocencia, son de las principales víctimas del operativo y del proceso posterior al mismo.
Por lo tanto, el gobierno local expresó que “se implementarán las políticas públicas que garanticen la no repetición y se comprometió a instrumentar los procedimientos administrativos y legales que permitan que los hechos sean efectivamente investigados y los servidores públicos responsables sean sancionados de acuerdo a las reglas del debido proceso”.
Así también, reiteró su compromiso con el respeto y garantía de los derechos humanos, con hacer valer los derechos a “la seguridad ciudadana, a la libertad y seguridad de las personas, al debido proceso, a la integridad personal y al derecho a la libertad de expresión que traducido en manifestaciones sociales pacíficas constituye un elemento fundamental del desarrollo democrático de nuestra sociedad”, derechos humanos básicos que fueron violados por autoridades capitalinas el 1DMx.
En el operativo realizado durante las manifestaciones en oposición a la toma de protesta de Enrique Peña Nieto “se registraron 99 detenciones arbitrarias, de personas que no estaban vinculadas con los hechos de violencia y acudieron a prácticas policiales violatorias del derecho a la integridad”, se informa en el documento de la recomendación 7/2013 de la CDHDF. También, se registraron actos de tortura, como es el caso de Uriel Polo Guzmán, víctima de más de 200 golpes en distintas partes del cuerpo, a la hora de su detención.
