(21 de febrero, 2015).- De acuerdo con el proceso penal 11/2015, las empresas Comercializadora 2003 y Constructora Trabesa desviaron en forma presuntamente ilícita, 268 millones 764 mil 594 pesos a ex funcionarios del gobierno estatal de Guerrero.
Ese dinero, según la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera, conforman un 25% de los mil 99 millones 310 mil 916 pesos que recibieron dichas empresas por contratos de obra pública entre enero de 2011 y octubre de 2014.
El desglose de los depósitos revela que en ese periodo la federación entregó a dichas constructoras una suma de 617 millones 921 mil 795 pesos, mientras que la administración del propio Ángel Aguirre les hizo depósitos por 470 millones 358 mil 399 pesos.
A la par de ello, La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó 528 millones de pesos en daños al erario en el segundo año de gobierno de Ángel Aguirre, en el que se registraron de nueva cuenta numerosos desvíos, saldos sin explicar, obras sin concluir, contratos sin licitar y otras irregularidades.
Hay otros 24 millones cuyo destino es difícil de explicar. La Comisión de Infraestructura Carretera de Guerrero, otra área bajo sospecha de haber sido usada en la red de corrupción de Mateo Aguirre, usó esa cifra para pagar supuestos estudios de manifestación de impacto ambiental, técnicos y hasta “programas ambientales” de los que no existen registros.
A contraposición de lo anterior, cerca de 17% de la población guerrerense mayor a 15 años es analfabeta, dicha situación no se compara con la de todos los demás estados, que no han tenido el problema en ese porcentaje.
Después de haber sido azotado por el huracán “Manuel”, de categoría 1, aún siendo la más baja, lo dejó devastado debido a los niveles de pobreza, que se intensificaron después de este fenómeno meteorológico, debido a que los afectados se quedaron sin viviendas y aún no les resuelven el caso.
Las familias de las víctimas de la Guerra Sucia consideran que la impunidad imperante por esos crímenes impulsó la nueva ola de desapariciones que ha vivido México desde hace una década.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el caso de Guerrero, el 66% de la población capta dos salarios mínimos al día, sin embargo, 3 de cada 10 ciudadanos son pobres y 31.7 por ciento de estos, vive en la extrema pobreza.
El informe Multidimensional de Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estimó que siete de cada 10 guerrerenses carecen de lo suficiente para cubrir las necesidades básicas, las cuales son alimentación, la vivienda y la educación.
Los altos niveles de marginación han colocado a Guerrero como el estado en el que la mayor cantidad de mujeres mueren al momento de dar a luz (126.7 mujeres por cada 100,000 nacidos, el doble que el nivel nacional) y donde uno de cada cinco niños padecen las consecuencias de la desnutrición.
