(09 de marzo, 2014. Revolución TRESPUNTOCERO).- La Ley General de Aguas atenta contra la investigación científica nacional y privilegia la celebración de “convenios con instituciones extranjeras y organismos afines para formar personal o hacer investigación. Está muy claro que solamente instituciones extranjeras, por lo tanto , la ciencia nacional no existe para estas personas (de los partidos del PRI, PAN y PVEM)”, señaló el doctor Rafael Huízar en Hidrogeología del Instituto de Geología de la UNAM.
La iniciativa presentada por los legisladores Gaudiano Rovirosa, Kamel Athié Flores, José Antonio Rojo Garcia de Alba y Sergio Augusto Chan Lugo fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el jueves 26 de febrero de este año, y aprobada en las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidraúlicos de la Cámara de Diputados, el pasado 4 de marzo, por los partidos PRI, PAN, PVEM y MC, con la ausencia del PRD, PT y Morena.
Su votación en el pleno, prevista para este martes 10 de marzo, fue aplazada de forma indefinida por los líderes de las fracciones parlamentarias del PRI y del PAN, Manlio Fabio Beltrones y Ricardo Anaya Cortés, respectivamente.
En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el experto en reconocimiento y evaluación de acuíferos, Rafael Huízar, reparó en el contenido del artículo 148 de la legislación (147 del dictamen), el cual establece que “Los interesados en realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación en acuíferos sobreyacentes y subyacentes o en bienes nacionales a los que se refiere esta ley deben solicitar permiso a la Comisión en los términos que establezca el reglamento así como los criterios técnicos y ambientales que determine la autoridad competente”.
Huízar denunció que “la ciencia no puede estar dependiendo de nadie, no estar sumisa, la ciencia está para generar conocimiento y solucionar problemas, precisamente eso es lo que la ciencia hace. Por tal razón, no debería estar pidiendo permiso a nadie para investigar”. De no acatarse dicho numeral, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), puede sancionar a las personas u organismos con un multas que van de los mil a los 50 mil días de salario mínimo, de acuerdo con el artículo 270.
La investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María del Carmen Carmona, quien no pudo asistir al recinto legislativo, envió un mensaje en el que dijo que entregarían al rector de la Máxima Casa de Estudios, José Narro Robles, una carta con cerca de 6 mil firmas entre académicos y universitarios “para que él, a nombre de la universidad, promueva una discusión pública y abierta”, de la Ley General de Aguas.
Toda vez que “es responsabilidad de Nuestra Máxima Casa de Estudios salvaguardar la libertad de investigación, de expresión, de educación y de información, por lo que le solicitamos que como Rector de la UNAM se pronuncie sobre esta grave situación y la necesidad de abrir una discusión pública nacional sobre el tema. Asimismo le pedimos que solicite una audiencia pública ante ambas Cámaras legislativas para poder discutir lo anterior, así como los puntos de la iniciativa que consideramos que vulneran el derecho humano al agua”, se lee en la carta, entregada a José Narro Robles.
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El doctor, Joel Carrillo, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM agregó que además de la criminalización de la investigación científica nacional, se vulneran “los derechos de los pueblos originarios, por ejemplo, a tener el agua que está concesionada por derecho por las Naciones Unidas, de 100 litros de buena calidad, y aquí ahora, esos cien litros se han disminuido a 50 litros agua, sin garantizar la calidad de la misma”
Por su parte el Doctor en Hidrogeología y experto en geoquímica del agua, Adrián Ortega recordó que en 2004, en el Senado de la República se “llevó a cavo un análisis profundo de la problemática del agua en México y se dieron a conocer muchísimos problemas relacionados con la ineficiencia con la que la Conagua”, operaba, en la que destacó la corrupción en este sector, la cual ha tenido “consecuencias muy severas”.
Consecuencias como los hundimientos registrados en la Ciudad de México “en las áreas de Iztapalapa o el Valle de Chalco, en donde se han cuantificado entre 80 mil y 100 mil personas en riesgo de inundación con aguas, no sólo urbanas, sino aguas industriales y los efectos en la salud son mucho más críticos”, subrayó Adrián Ortega.
En respuesta a los defensores de la Ley, como el diputado Kamel Athié Flores, quien descarta que se trate de una legislación privatizadora, su homónima Aleida Alavez Ruiz, espetó que “el diputado Athié lamentablemente miente al decir que se no se privatiza el agua, dado que los artículos 10, 24, 81, 94, 95, 116 y 236, “por citarlos como ejemplo disponen a que los diferentes niveles de gobierno en sus ámbitos de competencia inviten a la iniciativa privada, a las diferentes áreas de operación, distribución, de lo que implica este vital líquido”
Alevez Ruiz reiteró que esta es una “ley tramposa, con redacciones totalmente confusas de lo que son, serán o serían las responsabilidades en cada nivel de gobierno”.
