En un hecho histórico, el pasado 7 de enero pasado, una Corte de Arizona se pronunció sobre la desaparición ocurrida el 26 de septiembre de 2014 a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Esto fue derivado de una solicitud de asilo político hecha por un testigo clave del caso, Ulises Bernabé García, abogado testigo del caso quien fue perseguido por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El día mencionado, la Juez Molly S. Frazer determinó que la versión oficial dada por el gobierno de Enrique Peña Nieto fue creada con base en “tortura” para inventar testimonios.
De acuerdo con un artículo publicado por DW de la autoría de Anabel Hernández, este dictamen se dio de manera histórica:
“Lo que ni el actual gobierno de México se ha atrevido a decir, lo dijo de manera clara y contundente la Juez Molly S. Frazer: solo instituciones del gobierno federal mexicano tenían el poder e influencia política suficiente para desaparecer a los normalistas y fabricar una versión falsa oficial para encubrir la verdad”, escribió.
Recordó que tras el juicio de asilo político, ella fue solicitada como testigo experto:
“A fines de 2015, la abogada americana Margo Cowan, representante legal de Bernabé García, reconocida por su lucha por la defensa de los derechos humanos de los migrantes, me pidió declarar ante la Corte como ‘testigo experto’, una categoría judicial en la ley norteamericana. Yo había investigado el caso de la desaparición de los estudiantes y había ya encontrado pruebas documentales y testimonios claros que mostraban que la versión de la Procuraduría General de la República del gobierno de Peña Nieto sobre los hechos ocurridos en Iguala era falsa. Mis hallazgos los hice siguiendo mi método de investigación que me ha permitido descubrir y documentar verdades antes que la lenta y muchas veces viciada justicia mexicana”.
Recordó que Bernabé García fue parte indispensable en su investigación sobre la verdadera noche de Iguala.
“La conversación con él, como cuando hago este tipo de investigaciones, comenzó de manera casual. Él estaba libre, no tenía ningún problema legal, y el cargo que había tenido de juez de barandilla había sido accidental ya que era sustituto del titular que había pedido permiso de ausentarse durante tres meses. Le pregunté cómo había sido toda esa jornada del 26 de septiembre de 2014. Su memoria aún estaba muy fresca. Me dijo incluso hasta a qué hora se levantó, a qué hora se presentó a trabajar esa mañana en la base de la policía municipal de Iguala. A que hora fue a comer el lunch, a qué hora regresó, y cuantas personas habían sido arrestadas durante ese día y llevadas a la base de la policía municipal. Dijo que seis. Me mostró ahí mismo las boletas de multas que había puesto y cómo a los hombres arrestados no habían tenido dinero para pagar los habían metido en las celdas de la base”.
Aseveró que, así como se reveló en su investigación, el orden federal mexicano debió tener decisión en el caso:
“Después de esa pista encontré muchos elementos, incluyendo pruebas periciales que probaban que el Ejército y la Policía Federal encabezaron el ataque de esa noche y la desaparición de los estudiantes. Quien coordinaba a todas las fuerzas del orden era el Ejército, el alcalde y la policía municipal eran pequeñas figuras en comparación a la fuerza del Ejército y otras corporaciones del gobierno federal que estuvieron vigilando y siguiendo a los estudiantes desde cuatro horas antes de los ataques, durante estos y la desaparición de los 43. Gracias a Bernabé García seguí la pista para descubrir que el Ejército controlaba las cámaras de seguridad de toda la ciudad, y fue el Ejército el único que había podido borrar los videos de dichas cámaras para eliminar cualquier prueba que los involucrara”.
Tras ello, la periodista mexicana recordó la resolución de la jueza:
“La Corte está de acuerdo con la conclusión del testigo experto, la Señora Hernández, de que la verdad histórica oficial, creada por el gobierno de México ha sido refutada, que numerosos testigos fueron torturados por el gobierno de México y que piezas de evidencia fueron igualmente fabricadas o sembradas en la escena del crimen por el gobierno de México con el fin de sustentar la falsa verdad histórica”, afirma la sentencia de la Corte de Arizona.
“(La Corte) Desafía la creencia de que un departamento de policía municipal tendría influencia política y los recursos para planear un intrincado encubrimiento y la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más posible que el gobierno federal de México y la policía federal hayan sido responsables de este horrible incidente”, afirma.
Hernández concluyó que se trata de un fallo histórico, omitido, incluso, por el gobierno actual
“De este modo, la jueza Frazer no sólo dio protección a Bernabé García, sino proporcionó en tantos sentidos una forma de justicia a los 43 estudiantes desaparecidos, a sus familias, y a la sociedad mexicana. Justicia y verdad que hasta el día de hoy el gobierno del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador no puede o no se atreve a dar. Hay personas de su gabinete que piensan que el caso se mantendrá inconcluso porque el mandatario no quiere pelear contra el Ejército Mexicano. Aún espero que eso no sea verdad”.
LEE MÁS:
Desfalco por 616.2 millones de pesos en la construcción del Tren Interurbano Toluca-México pone bajo la lupa a la administración de EPN https://t.co/2cjO6d6zgq
— Revolución 3.0 (@Revolucion3_0) February 28, 2020
La mañana de este viernes, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México y Europol iniciaron consultas para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y flujo ilícito de armas, municiones y explosivos.
Mediante un comunicado, la cancillería explicó que recientemente, México fue incluido en la lista de socios prioritarios con los que Europol tiene la intención de establecer relaciones de cooperación. Para el Gobierno de México, la colaboración con la Unión Europea resulta esencial para complementar las capacidades nacionales contra la delincuencia transnacional organizada y, en particular, para frenar el flujo ilícito de armas, sus componentes, municiones y explosivos.
“Las consultas se iniciaron con miras a suscribir un acuerdo de trabajo entre la SSPC y Europol, una vez concluidos los procesos de aprobación, a fin de apoyar a los Estados Miembros de la Unión Europea y a México en la prevención y combate a la delincuencia grave, el terrorismo, y otros actos delictivos, de conformidad con los respectivos mandatos de las partes”, detalló.
Este es el resultado de la alta prioridad que ambas partes asignan a la cooperación internacional, así como del gran interés de México en trabajar, vía Europol, con los Estados Miembros de la Unión Europea, así como con los otros países y organizaciones representados ante esta agencia.
En la audiencia, ‘El Quillo’ rechazó la propuesta de la FEADLE para aceptar una condena de 20 años y ocho meses de prisión, por lo que el proceso penal será resuelto en un juicio oral.
En tanto, la Fiscalía consideró una pena mínima de 22 años contra ‘El Koala’, sin embargo, al aceptar su responsabilidad en un procedimiento abreviado, se redujo un tercio, por lo que su sentencia es de 14 años y ocho meses de prisión.
Entre las pruebas usadas por la Fiscalía para sentenciar a ambos imputados, se encuentran los testimonios de dos personas que declararon que Dámaso López Serrano, conocido como ‘El Minilic’, les ofreció 100 mil pesos y mejorar su puesto dentro de la organización criminal como pago por el asesinato de Valdez, empero, se negaron y por eso contactó a ‘El Quillo’ y a ‘El Koala’.
Otro testimonio indicó que ‘El Quillo’ le confesó el asesinato y le mostró una pistola con la imagen de Dámaso López Núñez, alias ‘El Licenciado’ y ‘El Minilic’ grabadas en la cacha. El testigo reveló que asesinaron a Javier Valdez por la publicación de una nota que desagradó “a la gente de Eldorado”
