El conflicto fiscal entre una de las empresas de Grupo Salinas y el Gobierno de México se remonta a auditorías realizadas entre 2008 y 2013, durante sexenios anteriores al actual. Las autoridades hacendarias de aquel momento determinaron un adeudo fiscal significativo debido a supuestas irregularidades en la consolidación fiscal.
Desde entonces, el consorcio empresarial ha recurrido a una serie de amparos y procesos legales, lo que ha extendido el litigio por más de una década, buscando evitar o reducir el monto exigido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El Gobierno de México ha sostenido reiteradamente que el cálculo de la deuda tiene un sólido sustento técnico y legal, negando que se trate de un asunto político o de una “persecución” contra el empresario. El monto que se exige pagar es resultado de procedimientos de auditoría y no de una decisión arbitraria.
La Corte respalda al SAT y la respuesta contundente del gobierno
La tensión escaló recientemente cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un amparo clave promovido por la empresa, avalando así el cobro del adeudo fiscal, el cual asciende a una cifra millonaria. Este fallo ratifica la posición del SAT.
Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara y directa en su postura, desestimando la versión de que se haya llegado a algún acuerdo previo para reducir el monto. En una declaración contundente, la mandataria afirmó:
“Que sepa todo México que no es subjetivo, que no hay un tema de afectar a un empresario o a un grupo empresarial. Es un tema técnico que tiene que ver con auditorías fiscales que se hicieron y queda un monto muy importante de impuestos, y que durante mucho tiempo se ha venido amparando este grupo empresarial, y pues está a punto de resolver la SCJN”.
Asimismo, ante la defensa del consorcio que alega querer pagar pero sin claridad del monto, Sheinbaum cerró la puerta a cualquier negociación que no sea el cumplimiento total de la ley, señalando que no hay necesidad de mesas de diálogo, acuerdos “en lo oscurito” o dilaciones.
“Él dice que ‘queremos pagar’, pues paguen, nada les impide pagar, que paguen. No se necesita mesa de negociación ni acuerdos en lo oscurito. Ya hubo muchas mesas técnicas en el pasado”.
La presidenta enfatizó que el caso debe resolverse con base en el estado de derecho y que la empresa puede efectuar el pago de inmediato si así lo desea, reiterando la famosa frase: “Mejor que pague sus impuestos en vez de campañas en redes”.
La administración federal subraya que el cobro de este adeudo es crucial para las finanzas públicas y que el único camino es que el grupo empresarial cumpla con sus obligaciones tributarias, como lo hace el resto de los contribuyentes.
Grupo Salinas se victimiza y acusa presiones
Por su parte, Grupo Salinas ha reaccionado al fallo de la Corte con acusaciones de una supuesta “persecución sistemática” y una intención de “extorsión fiscal” por parte del Gobierno Federal.
El grupo empresarial, que históricamente ha diferido del monto determinado por el SAT, ha llegado a calificar la decisión de la Suprema Corte como un acto que obedece a “instrucciones del Ejecutivo Federal” y que busca convalidar cobros que consideran incorrectos. Han anunciado incluso que recurrirán a instancias internacionales.
Sin embargo, el Gobierno de México y la Procuraduría Fiscal han mantenido su postura, indicando que este tipo de declaraciones son una táctica para politizar el tema y victimizarse, buscando alargar los procesos en lugar de liquidar la deuda. La postura oficial es clara: el conflicto no es personal ni político, sino una obligación fiscal que debe ser cubierta.
