(10 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En 2014, de acuerdo al Índice de Percepción sobre Corrupción que realiza Transparencia Internacional, México se encuentra en el lugar 105 entre 176 países. Manteniendo en cuanto al rubro de corrupción y un calificado ‘desalentador’ sistema de justicia, a la par de naciones como Kosovo, Mali, Filipinas y Albania.
En cifras, según el Banco Mundial, la corrupción y la falta de un sistema de justicia que la erradique, le cuesta a México 9% del Producto Interno Bruto (PIB) cada año. Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la cifra alcanza el 20% del PIB, es decir la quinta parte de lo que el país produce se diluye, filtra y trasmina en corruptelas.
La única manera de que México resurja de la tumba donde Peña Nieto lo ha sepultado es un desafío altamente difícil pero no por ello imposible. El reto sería transformar el sistema de justicia mexicano, en donde el déficit de ésta se erradique, se transforme en un país donde la ley sea utilizada a favor del pueblo y no en contra como el presidente en turno, su partido y la derecha panista lo han implementado durante más de 80 años, afirma el abogado Luis Torreblanca.
Y agrega, “prometer no empobrece, es por ello que ya es difícil que los mexicanos crean en las ‘buenas conciencias’ de funcionarios como Medina Mora, que llegaron un cargo pagando y cobrando favores en un sistema podridamente corrupto como el que hoy impera en el país. La restauración de la ley no pasará en el sexenio de Peña Nieto, desesperanzados sí, pero real, un presidente al que se le exhiben sus actos corruptos y la impunidad tiene vía libre gracias a los órganos que deberían juzgarlo, es reafirmar que la carencia de estructuras de Estado de Derecho en todo el país se incrementan cínicamente”.
Según el informe de Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones que se relacionaban con el procurador Medina Mora fue a la baja.
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Con respecto a las estadísticas que se refieren al Ministerio Público, en 2008 el 34% de los ciudadanos confiaban poco en esa institución y otro 34% no tenía ninguna confianza; para 2009 el 32.3% confiaba poco y el 34.7% no confiaba. Por lo que se refiere a la Policía Federal, para 2008 los porcentajes referidos eran del 21.6% y 25.6% y para el 2009 la desconfianza se había elevado a 28.5% y 28.6%.
Por lo que se refiere a las violaciones a los Derechos Humanos y conforme a los informes de la Comisión Nacional, en el periodo 2006-2007 se presentaron contra la Procuraduría General de la República (PGR) 671 quejas, fue la segunda institución con más quejas durante dicho período.
En el período 2007-2008 se presentaron contra la PGR 769 quejas y contra el Ejército 1230; entre 2008 y 2009, en el orden de autoridades referido, las quejas fueron de 600 y 1,791 y para el período 2009 a 2010, en el mismo orden, las quejas fueron 595 y 1,415.
“Los números no mienten y la gestión de Medina Mora al frente de la PGR fue deficiente por decir lo menos. A pesar de esto hoy ocupa el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, analiza el Doctor en Derecho Oscar Müller Creel.
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Y continúa enfatizando en que “los designios de la clase política mexicana van en contra de los intereses de la sociedad, la independencia del órgano judicial más importante del país se pone en riesgo por los intereses en que se encuentran involucrados Peña Nieto, los dos principales partidos políticos y sus legisladores, que antes que ver por la ciudadanía que les ha encargado su mandato, cuidan sus intereses políticos, olvidan que la función de un juzgador debe ser objetiva e imparcial y que la justicia es una función de valores en tanto que la política es una función de resultados y cuando esta se involucra con aquella los valores se corrompen”.
“Desde siempre, pero en el sexenio pasado y hoy más que nunca, el sistema de justicia es la mucama de los altos mandos del país, ya sean políticos, empresarios o civiles corruptos con el suficiente poder económico para comprarla de manera que se incline a su favor. Porque para el pobre, para ese que robó por necesidad o incluso porque vive en un ambiente disfuncional, de desempleo, pobreza, que ha creado frustración y odio hacia la sociedad y/o el sistema, a ese personaje es a quien sí se le aplica una ley que exagera su ‘peso’, dando paso a torturas en las cárceles, desapariciones y corrupción”, argumenta Torreblanca.
Según un informe del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), durante el 2014 se destinaron por la Federación casi 6,000 millones de pesos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
Y explica que aunque se observa que el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), la Ley Nacional de Justicia Alternativa y la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales reúne cambios positivos, no quiere decir que éste se practique, ya que ninguna entidad opera al 100% bajo el nuevo ordenamiento.
