(17 de mayo, 2016).- Tras la liberación el viernes pasado de los últimos tres militares involucrados en la masacre de Tlatlaya, Estado de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) aportar nuevas pruebas para fortalecer las acusaciones contra los elementos del Ejército involucrados en las ejecuciones extrajudiciales contra 15 de los 22 civiles, entre ellos dos menores de edad.
La CNDH aseveró que el caso de Tlatlaya aún no está juzgado y que los elementos que prueban la responsabilidad de los militares deben ser presentados por la PGR para que el caso, después de casi dos años, no quede impune.
El 30 de junio de 2014 se cometió la masacre en Tlatlaya y testigos como Clara Gómez, madre de Érika de 15 años, una de las víctimas, se encargó de combatir la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre un enfrentamiento entre militares y un grupo armado, cuando la realidad fue que las personas fueron ejecutadas aún cuando ya se habían rendido ante los elementos del Ejército.
Desde el 21 de octubre de 2014 la CNDH concluyó que los 8 militares, actualmente en libertad, eran responsables de violaciones graves al cometer el multihomicidio contra los civiles.
Cabe recordar que la PGR hasta el momento no reconoce al 100 por ciento de las víctimas de la masacre de Tlatlaya como es el caso de Érika y presentó demoras al iniciar las indagatorias pese a que ya contaba con pruebas que presumían que la muerte de los civiles no se habían dado en un contexto de enfrentamiento.
