(03 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La iniciativa para expedir la “norma de ordenación general de desarrollo urbano para incentivar la vivienda social en venta y renta en el Distrito Federal”, es a decir de la organización Vecinos Unidos, inaceptable dado su carácter regresivo en varios planteamientos, entre ellos, el desconocimiento de las leyes vigentes vinculadas al desarrollo urbano.
“Los planteamientos presentados en los proyectos relacionados con la Norma 26 imposibilitan un ordenamiento territorial sustentable y con sentido común, ya que muestran contradicciones de carácter técnico, normativo, de alcance y objetivos, incluyendo elementos totalmente ajenos a lo que debe ser la definición técnica de la vivienda de interés social y popular”, afirmó Vecinos Unidos.
La iniciativa de la norma 26 que ha sido objeto de distintas manifestaciones en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) va dirigida al beneficio de las inmobiliarias capitalinas, explica Ricardo Acosta, integrante de la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias Originarias de Xochimilco y quien ha dado seguimiento al tema de desarrollo urbano en su demarcación y en el Distrito Federal.
Osnaya asegura que mientras la Norma 26 carece de toda planeación ambiental, urbana y de servicios, las inmobiliarias siguen obteniendo ganancias; “es puro negocio para ellas so pretexto de densificar la vivienda. Se pretende aplicar en toda la Ciudad de México incluyendo los pueblos originarios”.
La norma 26 es cuestionada hasta por el propio Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), agrega Acosta pues la dependencia ha considerado que la inviabilidad puede residir en problemas tan básicos como lo es el agua, insuficiente para dotar a los nuevos megaproyectos luego de que el Distrito Federal cuente con 430 pozos que aportan el 43 por ciento del agua potable que consume la población capitalina, mientras el resto proviene del Sistema Cutzamala y del Lerma, “de existir una sequía podría colapsar la ciudad, sería terrible para el DF”.
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Apenas el pasado 11 de febrero, el Instituto de Vivienda (INVI) rechazó la propuesta de iniciativa de norma calificándola de “un absurdo” en voz de Ignacio Cabrera, director ejecutivo de promoción y fomento de programas de vivienda de la institución durante un foro de discusión al respecto.
“No estamos de acuerdo, ésta tiene que ser una norma para la producción de vivienda popular. No podemos estar incentivando a los ricos inmobiliarios con el pretexto de que te voy a quitar impuestos que les cuestan a los ciudadanos, para que me hagas unas migajas de vivienda popular, no estamos de acuerdo si no hay factibilidad de agua”, declaró.
Es por ello que la organización Vecinos Unidos insistió en que los planteamientos presentados en los proyectos relacionados a tal norma, “imposibilitan un ordenamiento territorial sustentable y con sentido común, ya que muestran contradicciones de carácter técnico, normativo, de alcance y objetivos, incluyendo elementos totalmente ajenos a lo que debe de ser la definición técnica de la vivienda de interés social y popular”.
En un documento dirigido al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, Vecinos Unidos exigió la entrega de los documentos adjuntos sobre lo que debe contener una norma de vivienda e interés social y popular, pues esta no puede presentarse como aval del proyecto de iniciativa que presente la ALDF al pleno para su aprobación.
Asimismo, insistieron en que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda haga una entrega del listado de todas las construcciones edificadas al amparo de la Norma 26 en los últimos 10 años, incluyendo direcciones y empresas inmobiliarias involucradas, así como los nombres de los funcionarios que las autorizaron y si han existido sanciones al respecto.
Además, demandaron proceder con sanciones y detener las construcciones actuales bajo la Norma 26, hasta verificar la legalidad de los documentos que las amparan y las corridas financieras, así como la elaboración de un Programa General de Desarrollo Urbano que no sea aislada de la participación de la sociedad.
Para Ricardo Acosta, resultará fundamental la recuperación de la vigencia de los programas delegacionales de desarrollo urbano pues éstos contienen un diagnóstico integral de cada demarcación y con base en ello se otorgan los denominados usos de suelo; no obstante es la norma 26, asegura, la que rompe este esquema al habérsele otorgado desde el 2010 a la SEDUVI la facultad de cambiar los usos de suelo a través de una Comisión, misma que se ha encargado, asegura, de colapsar al Distrito Federal.
