La Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, formalizó con legisladoras federales y estatales el llamado “Pacto de Xicoténcatl”, un acuerdo que abre la ruta para homologar el delito de abuso sexual en todo el país y fortalecer el marco jurídico que protege los derechos de las mujeres. La reunión tuvo lugar en el Antiguo Senado de la República, donde la funcionaria definió este encuentro como el punto inicial para articular una estrategia nacional contra la violencia de género.
Durante el diálogo, Hernández subrayó que el pacto representa la oportunidad de tejer una alianza entre sectores públicos y privados para impulsar acciones que permitan reducir violencias y avanzar hacia una igualdad sustantiva. La dependencia precisó que el documento establece siete acuerdos que integran el compromiso de legisladoras y funcionarias de los distintos niveles de gobierno para reforzar la protección legal de mujeres y niñas frente a la violencia sexual.
En el encuentro, Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, señaló que el acuerdo marca un precedente para la ruta legislativa que busca unificar criterios y eliminar desigualdades clasificadas por especialistas como “agravio comparado”. Añadió que las comisiones estatales serán convocadas a instalar una mesa permanente de análisis para avanzar hacia marcos normativos armonizados y con perspectiva de género.
Por su parte, Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, resaltó que el trabajo coordinado entre los Poderes de la Unión ha permitido avances en políticas de igualdad. Recordó que México escaló diez posiciones en el Índice de Brecha de Género del Foro Económico Mundial, situándose en el lugar 23 a nivel global, lo que atribuyó al fortalecimiento normativo de los últimos años.
Desde la Cámara de Diputados, Anaís Burgos Hernández, titular de la Comisión de Igualdad de Género, afirmó que este proceso exige marcos legales que prevengan, reparen y sancionen sin tolerancia a la impunidad, así como leyes que atiendan la diversidad de las mujeres en el país.
La representante de ONU Mujeres en México, Moni Pizani Orsini, consideró el pacto como un mensaje político y ético del Estado mexicano. Recalcó que la violencia sexual ya no debe asumirse como destino para mujeres y niñas, pues cada cifra implica una historia que no tendría que existir. Aseguró que el diagnóstico y plan acordados representan un compromiso colectivo para que ninguna víctima tenga que callar o desistir de denunciar.
A la reunión asistieron también subsecretarias federales, presidentas de comisiones estatales y representantes de los 32 estados, quienes refrendaron la intención de avanzar hacia legislaciones homologadas en todo el territorio y consolidar mecanismos que garanticen la protección de los derechos de mujeres y niñas.
