(10 de abril, 2015).- Se recibió la denuncia por parte del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) y la Fundación Diego Lucero de que integrantes de la familia sobreviviente a la “guerra sucia”, Guzmán Cruz, recibieron amenazas de muerte.
Después de que el día de ayer el hogar de Abdallán Guzmán Cruz, ubicado en Morelia, Michoacán, sufriera allanamiento las dependencias han solicitado la intervención de la tele procuradora Arely Gómez y del obtuso secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
A su vez se señala, en epístolas que también fueron enviadas a Salvador Jara, gobernador de Michoacán y al procurador de la entidad, José Martín Godoy, que los hechos suceden tan sólo un mes después de que, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se presentó un documento donde se hacen observaciones en torno al caso donde cinco miembros de la familia están desaparecidos.
Por su parte Abdallán Guzmán indicó que, aproximadamente a las 2:10 horas, despertó porque escuchó ruidos y se percató de dos hombres en su recamara que increparon; “no se haga pendejo”, “ya deje de estar molestando” y “ustedes saben que los matan”.
Producto de la oscuridad de la noche le fue imposible observar si los amenazadores estaban armados o no pero señaló que tras gritarle huyeron por la azotea.
Dentro de la misiva enviada, catalogada como “acción urgente”, también se indica que las luces estaban prendidas, cuando habían sido apagadas antes de ir a dormir, y que el techo estaba roto. A su vez se indica que los intrusos no se llevaron nada de valor.
“Lo anterior demuestra que no se trata de un robo, sino de un acto de otra naturaleza y que encuadra en la serie de antecedentes de allanamientos sufridos por la familia Guzmán Cruz en años recientes”, señala el documento enviado a Chong y a Arely Gómez.
Sin embargo los hechos de la madrugada no son aislados; se suman a otros “incidentes” que han ocurrido en el transcurso del tiempo que la familia ha demandado saber el paradero de cinco de sus integrantes, que desaparecieron durante los años setenta.
El documento también indica que “en 2008 los miembros de la familia “fueron víctimas de vigilancia, hostigamiento y dos cateos ilegales por parte de integrantes del Ejército, hechos a los que precedió un robo a la casa”.
Posteriormente en 2012 “se presentó una serie de incidentes de seguridad, culminando en un allanamiento y robo de documentos probatorios, dejando objetos de valor”, esto fue posterior a la entrega de documentos, por parte de la familia, a la CIDH.
Las fundaciones mostraron su preocupación ante “la reiteración del patrón” además de expresar que, a pesar de que se han puesto denuncias penales, “las autoridades no han podido esclarecer tales hechos, y por ende, no han evitado la repetición y aumento de tales delitos”.
Por lo que se pidió la intervención de Osorio y de Gómez para “el pleno esclarecimiento de los hechos denunciados, el cese de cualquier tipo de hostigamiento a la familia Guzmán Cruz y garantías de seguridad para la familia”.
