Carlos Bauer / @CarlosBauer3_0
(26 de mayo, 2013).- La implementación del “mando único” policíaco es uno de los muchos pendientes de la “guerra contra el narcotráfico” que el gobierno de Felipe Calderón heredó a Enrique Peña Nieto. El proyecto surgió en respuesta al elevado grado de penetración por el narcotráfico que mostraban las corporaciones policíacas municipales y por las diferencias en capacitación y equipamiento existentes entre las policías de los más de 2,500 municipios con que cuenta México.
La incapacidad del gobierno de Calderón para negociar con los gobernadores de las 32 entidades federativas hizo que el plan se quedara en el papel, pero ahora el Gobierno de la República busca que, como las reformas estructurales, éste sea un rubro en que la nueva administración triunfe ahí donde la anterior fracaso. En cada estado de la República la implementación del mando único avanza a distintos ritmos y mientras en algunas prácticamente se descarta el proyecto, en otras se asegura que comenzará a operar en “cuando mucho tres meses”.
En un principio se pretendió desaparecer las corporaciones policíacas locales y poner la seguridad en manos de la policía estatal –cuya credibilidad se sustentaría en el modelo de “Policía Estatal Acreditable”, todavía en desarrollo. Sin embargo, pronto la realidad se impuso y se mostró imposible que los presidentes municipales accedieran a quedarse sin fuerzas policíacas que actúen bajo sus órdenes directas, por lo que el “mando único” en realidad se plantea como una ampliación de la presencia de la policía estatal de cada entidad en los municipios que se sumen al proyecto.
Este crecimiento de las policías estatales se sustenta en la aportación voluntaria de una parte de los elementos de las corporaciones municipales a la policía estatal, la cual brindaría entrenamiento y equipos muy por encima de lo que la mayoría de los gobiernos municipales puede proveer a sus corporaciones. Este esquema, que sería más respetuoso con la soberanía constitucional de los municipios, pone sin embargo en entredicho la idea del mando único, pues en los hechos seguirían conviviendo policías “confiables” bajo las órdenes de un mando central y policías locales que responden a ediles frecuentemente acusados de mantener vínculos con el crimen organizado.
El gran incentivo que presenta el mando único para los elementos de las corporaciones policíacas municipales es económico. En Jalisco 94.7 por ciento de los más de 6,500 policías municipales que laboran en la entidad perciben un salario inferior al que el gobierno estatal plantea otorgar a quienes se sumen a la Policía Estatal Acreditable: 11 mil pesos mensuales y un seguro de vida por 525 mil pesos. Según el procurador general del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, ese monto es equivalente a las percepciones que actualmente recibe un policía estatal. Además, ofrece un incentivo único, envidiable para la mayoría de los trabajadores hoy en día: la garantía de que en caso de fallecimiento, la familia del funcionario caído recibirá una pensión equivalente al 100 por ciento del salario mensual del policía.
En Jalisco los 125 presidentes municipales han firmado “cartas de intención” para sumarse al proyecto del mando único. Sin embargo, esta situación contrasta con la de otras entidades. Para el 17 de mayo, apenas 26 de los 212 municipios que conforman el estado de Veracruz se habían sumado al mando único. Pero el proyecto no sólo enfrenta la reticencia de las autoridades municipales, sino también la dificultad de reclutar elementos en medio de depuraciones, deserciones y bajas voluntarias: en lo que va del sexenio, las distintas corporaciones del estado han perdido 3 mil 200 elementos, prácticamente la mitad de los 7 mil con que cuenta la Policía Estatal.
En Oaxaca, además de los obstáculos normales que se encuentran en otras entidades, el proyecto se topa con la realidad de que prácticamente tres cuartas partes de los 570 municipios del estado se rigen por usos y costumbres, por lo que en ellos ni siquiera existen “policías municipales” que puedan plegarse a la estructura del mando único. En estos municipios la seguridad es garantizada por los “topiles”, guardias comunitarios que no perciben un salario, por lo que sería necesario convencer a las comunidades de aceptar un sistema policial operado desde fuera de ellas. El secretario de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Marco Tulio López Escamilla, ha declarado que antes de implementar el mando único habría que adaptarlo a las condiciones de la entidad.
