(23 de octubre, 2014).- Es incuestionable que la ausencia de Estado de derecho en el país ha conducido a la terrorífica situación en que nos encontramos los mexicanos. Tal ha sido la consecuencia de una total falta de división de poderes, que sirviera de indispensable contrapeso a un Ejecutivo que tiene bajo su mando al Legislativo y al Judicial, como hay sobradas evidencias. La institución presidencial sigue siendo en México una cuasi monarquía sexenal, con atribuciones meta constitucionales. De ahí que sea plenamente responsable del actual estado de cosas, que ensombrece la realidad como en ningún otro momento de la historia nacional, después del movimiento armado de 1910.
Sin embargo, mucho de culpa tienen los miembros de los otros dos poderes del Estado, no sólo por incumplir sus responsabilidades sino por asumir el rol de cómplices de una institución presidencial al servicio de intereses ajenos al país, como lo patentizan los hechos. De ahí la dramática descomposición del tejido social, cada vez más acelerada desde que la tecnocracia priísta se adueñó del poder en 1982, situación que se complicó aún más con el interregno del PAN en la primera magistratura, del año 2000 al 2012. La situación actual sería muy diferente, sin ninguna duda, de haber respetado el grupo en el poder la voluntad popular en las urnas: se habría propiciado un indispensable ajuste en el Estado que diera margen a cambios democráticos fundamentales.
No fue así y ahora estamos pagando las consecuencias, el pueblo con sufrimientos cada vez más lacerantes, y el país con un descrédito mundial como nunca antes se había tenido. Sin embargo, la alta burocracia ni se da por enterada, y la oligarquía vive sólo para salvaguardar sus intereses, así que si el país cae en una sima de la que no pueda salir, la tiene sin el menor cuidado. Cabe puntualizar que si las cosas están cambiando en Colombia, es porque las instituciones están funcionando conforme al interés nacional, no porque así lo haya promovido la intervención estadounidense, como gusta señalarlo la Casa Blanca.
La Corte Suprema de Justicia colombiana es en verdad un contrapeso del Ejecutivo y está cumpliendo con su deber. Una muestra de ello es que la fiscalía nacional actúa con libertad, como lo demuestra su reciente decisión de declarar crímenes de lesa humanidad los homicidios de 34 militantes del Partido Unión Patriótica (UP). El fiscal interino, Jorge Fernando Perdomo, dijo que “se logró determinar que se trata de ataques cometidos por grupos paramilitares, en algunos casos en asociación con agentes del Estado, ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, ocurridos entre 1986 y 1996”. (La Jornada, 21/10).
Al ser declarados crímenes de lesa humanidad no prescriben y pueden seguir las investigaciones. ¿Acaso no fueron crímenes de lesa humanidad los cometidos contra campesinos en Aguas Blancas, en Acteal, en Tlatlaya y hace poco menos de un mes en Iguala donde se desapareció a 43 estudiantes normalistas? Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha dicho nada al respecto y la PGR apuesta a que pase el tiempo y nuevos casos hagan olvidar los cometidos anteriormente. De ahí que haya profunda preocupación en otras partes del mundo por el rumbo que sigue el Estado mexicano, situación que presagia gravísimos problemas de todo tipo que afectarían no sólo al pueblo mexicano, sino el futuro de las inversiones extranjeras en nuestro país.
No es de extrañar que cada día aumente el número de jóvenes metidos a delincuentes, no porque tengan esa vocación sino porque no se les deja otro camino. Es por demás alarmante la noticia que se conoció el miércoles sobre el desmembramiento de una banda de secuestradores, todos ellos menores de treinta años, quienes utilizaban en calidad de “vigilantes” a niños de 11, 14 y 16 años. Tenían plagiada a una menor de 13 años que fue liberada.
Lo más asombroso es que el coordinador nacional antisecuestro, Renato Sales Heredia, haya salido con una propuesta que no resolverá nada: la integración de un “grupo táctico interinstitucional” con la participación de militares, marinos, policías federales, un representante de la PGR y otro del Cisen. Todos en el país suponíamos que ya el gobierno federal estaba trabajando coordinadamente para combatir el dramático ilícito. Ahora sabemos que no es así.
