Luego de que el incremento de los precios internacionales de petróleo frustraron, al menos por el momento, el gran negocio que representa la reforma energética para inversionistas, nacionales y extranjeros y coyotes que les acompañan en la administración federal, ahora la gestión de Enrique Peña Nieto tiene en la mira la explotación privada de los ejidos. El gobierno federal está delineando una reforma agraria para fortalecer los derechos de empresas privadas que hacen negocios con propietarios rurales, a fin de atraer inversión e impulsar la economía. Esos son ahora los argumentos que por cierto están muy trillados y aterrizan solamente en el beneficio de unos cuantos, siempre explotadores.
Peña Nieto ha perdido la apuesta que hizo a una reforma energética para reactivar la debilitada económica, que entró nuevamente en fase de desaceleración según el Banco de México, pero la caída de los precios del petróleo ha hecho menos atractiva esa industria. Ahora le apuesta a una reforma agraria para acelerar el crecimiento fomentando la inversión en sectores como la minería, el turismo, la generación de energía, la agricultura y el transporte. Lo que aún no se sabe es en que manos irán a caer todos estos renglones ya que tienen al país literalmente fraccionado y entregado a diversos intereses extranjeros. Un par de ejemplos en extremo claros están precisamente en el turismo y en la minería. En el primero los capitales españoles se han multiplicado y en el segundo Canadá tiene la delantera.
El peñanietismo va una vez más contra los logros históricos del pueblo mexicano. Hay que recordar que tras ser creados bajo un programa de redistribución masiva de la tierra en la primera mitad del Siglo XX, derivada de la Revolución Mexicana, los ejidos tienen derechos de superficie en vastas zonas del país. De acuerdo con la Sedatu, poco más de la mitad de las 196 millones de hectáreas de tierra está controlada por grupos de tierras comunales. Ahora está al frente de la dependencia que tendrá que hacer la entrega, otra más, quien fuera procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por lo que no hay que dudar que todo será con cargo al patrimonio nacional y en perjuicio de los mexicanos, porque si no se demostró el respeto a la vida y a los jóvenes poco puede esperarse.
La nueva reforma agraria se maneja con mucha discreción pues al incluir ventajas legales para los inversionistas puede encender protestas de los propietarios de tierras, reconocen los involucrados en el proyecto. La nueva legislación va contra derechos de los propietarios de tierras comunales, o ejidatarios, que han sido protegidos durante mucho tiempo. Sin duda, en el Congreso, el proyecto enfrentará una gran oposición por parte de la izquierda, por lo que dependerá de la conformación de la Cámara baja tras las elecciones del 7 de junio próximo. De llegar el PRI-PAN con su aliado, el Verde, a controlar la mayoría ya pueden despedirse, merced a la modernidad, a la “revitalización” del campo, los que poseen parcelas. La zanahoria para el conejo se las lanzarán en medio de una miseria que ya se hace ancestral y después llegará una multiplicación aún mayor de quienes carecen de medios para sobrevivir.
De acuerdo con funcionarios federales y legisladores federales del PRI y del PAN, la actual administración federal está preparando la más dramática revisión de los derechos de tierras rurales desde una reforma promulgada en 1992. Con esta nueva reforma, elaborándose en al Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se pretende partir de la reforma energética del año pasado, que dio al gobierno más poder para actuar a favor de inversionistas en disputas con ejidos. Habrá que tomar en cuenta lo publicado por el diario El País sobre la riqueza en hidrocarburos para el tracking, colocándose al país después de EU.
Actualmente, la Ley de hidrocarburos, una parte clave de la reforma energética del año pasado, obliga a las empresas a pagar a los titulares de derechos de superficie un porcentaje de los ingresos de explotación de la tierra. La ley, que está restringida al sector energético, establece cómo los inversionistas deben negociar con los terratenientes para el uso de la tierra, obligando a ambas partes a realizar valoraciones del terreno. Y también habrá que recordar que la cantidad que se fija por hectárea es ridícula si se toma en cuenta la riqueza a explotar.
En caso de no alcanzarse un acuerdo, el Estado debe mediar y si aún así no se llega a un trato, el Estado puede expropiar a favor del inversionista y determinar qué compensación recibirán los miembros del ejido. Es precisamente esta parte de la ley energética la que representaría la base para dar a los inversionistas una mayor protección, con el persuasor del ingreso compartido destinado a convencer a los ejidos. Situación ésta que se reproduce frecuentemente en diversos sectores en donde las entregas y los apoyos que se brindan a los que invierten son excesivos y van en contra, inclusive, de los trabajadores tal y como se ha dejado muy claro con la reforma laboral vigente en la que de entrada se renuncia a las prestaciones que se tenían y que fueron resultado de muchas luchas en el pasado.
En la minería, empresas del sector buscan acuerdos con los propietarios de tierras, pero con el riesgo de tener que renegociar los términos si los ejidatarios más tarde cambian de opinión. De ahí los paros y bloqueos frecuentes a sus instalaciones, y los tribunales agrarios tienden a favorecer a los terratenientes. En este renglón habrá que dejar muy claro que apenas se obligó a las mineras a pagar impuestos porque ni eso se hacía y se han llevado durante Siglos la riqueza nacional sin dejar un solo beneficio sino estelas de muerte porque no se les exigen ni siquiera las mínimas medidas de seguridad para quienes debajo de la tierra encuentran el medio de sobrevivir.
