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Representantes de Estrella Roja niegan revelar información sobre caso Ayotzinapa; “gobierno dará carpetazo”: Toledo

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(27 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- A 20 meses de la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la diputada federal Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano (MC), fue categórica al advertir que el gobierno federal pretende dar carpetazo al tema e intenta posicionar en la opinión pública, que la ausencia de los jóvenes no puede ser considerada una desaparición forzada y que fueron víctimas de ejecución sumaria.

En días pasados, se hicieron públicas las sentencias del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales y la del Segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas -mismas que son inapelables- en las que se afirma que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), no acreditó el ocultamiento de las víctimas, requisito básico para configurar la desaparición forzada y que indicios de la Procuraduría General de la República (PGR), apuntan a que fueron asesinados.

La diputada Toledo realizó dichos señalamientos luego de una atropellada reunión entre integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa con representantes legales de la empresa Estrella Roja, propietaria de dos autobuses en que se transportaban los jóvenes que fueron agredidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en las inmediaciones de la avenida Juan N. Álvarez, en Iguala, Guerrero.

La reunión se realizó a puerta cerrada, se impidió la presencia de medios de comunicación y se cortó de manera intempestiva su transmisión a través del Canal del Congreso, a solicitud de los representantes de la empresa que adelantaron que no estaban facultados para emitir declaraciones públicas.

En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, Toledo informó que el pleno de la comisión nunca acordó que dicha diligencia se llevara a cabo de forma privada; además, cuando fueron convocados a la misma, el secretario técnico del órgano legislativo informó que la reunión sería con los choferes de los autobuses involucrados; es decir, con testigos directos de la agresión, pero no fue así.

La legisladora recordó que las únicas reuniones privadas que se acordaron fueron las realizadas con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre y con el exprocurador, Jesús Murillo Karam.  Todas se realizaron fuera del recinto parlamentario.

Ya en privado, dijo Toledo, “no hubo diálogo”; sin embargo, con la poca información ofrecida por Susana Monterrubio, asesora jurídica y Jesús Alberto Alzama, abogado de la empresa, se evidenciaron las precarias condiciones en que laboran los choferes y el desamparo en que quedaron los testigos, tras la agresión a los normalistas en Iguala, pues la empresa ni siquiera les dio acompañamiento legal en las diligencias ante la PGR.

Por si fuera poco, Monterrubio dijo desconocer el paradero de los choferes y tampoco aclaró si siguen siendo empleados de Estrella Roja. Toledo Ibarra sostuvo que la representante jurídica iba predispuesta a incriminar a los estudiantes: “dijo que los muchachos de Ayotzinapa secuestraban autobuses, se llevaban a los choferes, los trataban muy mal y que por eso hasta los llevaban al hospital; que en ese tiempo, ellos dejaban de cobrar, lo que era un perjuicio para su patrimonio familiar, que teníamos que pensar en eso”, detalló la legisladora.

Un circo 

Consultada sobre el mismo tema, la diputada Araceli Damián González, de Morena, confirmó a Revolución TRESPUNTOCERO que los representantes de Estrella Roja se negaron a responder las preguntas argumentando que todo lo relacionado con sus empleados está incluido en el expediente del caso y que no podían dar mayor información.

“No quieren ni siquiera contestar si los propios estudiantes tomaron o no camiones antes de los hechos de Iguala, si tienen protocolos, en fin. Están en una actitud muy grosera, me parece una falta de respeto”, dijo la legisladora.

Damián González y Toledo Ibarra abandonaron la reunión antes que esta concluyera, porque la presencia de ambas personas les pareció, dijo Damián, “un circo” y una estrategia para “llenar un mero requisito en su expediente”.

Entre otras cosas, se negaron a responder si, como empresa, recibieron información de los choferes la noche del 26 de septiembre de 2014 o si todas sus unidades están georreferenciadas.

“Esperábamos que vinieran en una actitud de cooperación y por el contrario; hay una cerrazón enorme, no están dispuestos a proporcionar absolutamente ninguna información. Nos enteramos que los choferes no están formalmente contratados, que no les pagan un sueldo, solo una comisión por viaje; que no los acompañaron en las diligencias ante la PGR. No tiene sentido esta reunión, no abona en nada al esclarecimiento de los hechos”, sostuvo Damián González.

Nada relevante 

En tanto, la presidenta de la Comisión Especial, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, aceptó que en términos generales, luego de la reunión con los representantes de Estrella Roja, no hubo algo particularmente relevante.

“La información que se vertió en esta reunión pudo haber sido conocida a través del Canal del Congreso sin que hubiera nada particularmente relevante. No obstante, en atención a la solicitud de la misma empresa, lo hicimos en reunión privada con la expectativa de poder allegarnos de información notable”, detalló.

Sobre la molestia de las diputadas de Morena y MC, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), declaró: “desafortunadamente, la empresa no tiene más información de los hechos. Esto molestó a algunos de los diputados que sintieron la negativa de la información. La forma en que esta fue negada, les incomodó”.

Reiteró que los abogados se centraron en argumentar que la retención de autobuses les causa “un perjuicio enorme”, porque el que estén parados “les sale carísimo” e informó que le entregaron una copia del video de seguridad de la terminal de autobuses, mismo que ya había sido difundido.

Según Murguía, lo ideal hubiera sido hablar con los choferes, pero no hubo disposición de las empresas involucradas de facilitar información sobre su paradero.

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