(22 de enero, 2015).- En octubre pasado, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Zoé Robledo, propuso nuevas sanciones a fin de que los partidos políticos asuman mayor responsabilidad en la selección de candidatos y se establezcan rigurosos procedimientos para garantizar la honestidad de los aspirantes a cargos públicos.
“La sanción consiste en que los partidos políticos que postulen a un representante popular que haya sido sentenciado penalmente durante su encargo o gestión o tenga delitos pendientes, no podrán postular a un nuevo candidato para competir por el mismo puesto en el siguiente proceso electoral”, afirmó Zoé.
En enero pasado, Carlos Navarrete Ruiz, dirigente nacional del PRD, expresó “es imperativo retomar los valores de la izquierda y buscar a candidatos que cuenten con ese perfil, que manejen la plataforma del partido y que tengan la pertenencia de su declaración de principios como eje rector de todas sus propuestas, impulsaremos candidatos con trayectoria perredista (y no aquellos que llegaron de otro partido político) sean quienes contiendan en las próximas elecciones”.
Carlos Navarrete aseguró sus candidatos serían investigados “con lupa”, incluso verificados por los órganos de justicia e inteligencia en el país, como la Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Afirmó que dicho procedimiento se realizará a nivel nacional, en todos los distritos, poniendo puntual atención en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Morelos “para que no se filtre ningún aspirante con vínculos con el crimen organizado”, afirmó Navarrete.
Al mismo tiempo, Navarrete pidió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Acción Nacional (PAN), así como a los demás partidos, ejercer el mismo protocolo, “que no solo sea el PRD que se ponga por delante a cuidar el perfil de sus candidatos que lo hagan todos los partidos”.
Sin embargo, en las listas de aspirantes a cargos políticos por el PRD, se han registrando para diputaciones locales, federales, regidores, síndicos y alcaldes con licencia, algunos personajes señalados por presuntos vínculos con grupos delincuenciales.
En el caso de Guerrero existen dos corrientes como principales contendientes, el Grupo Guerrero y la Nueva Izquierda. El primero lleva como candidato al ex secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal, Perfecto Rosas Martínez, que mantuvo un escándalo de corrupción que afecta al grupo de Ángel Aguirre, también busca un cargo, Jenny Ríos Gamiño, ex candidata del PRD a la alcaldía de Petatlán y esposa del ex secretario particular del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, Armando Añorve Perea.
El segundo grupo de Sebastián de la Rosa Peláez o Izquierda Progresista Guerrerense (IPG) tiene en sus filas al diputado local Ángel Aguirre Herrera. En el caso de Chilpancingo el grupo de los candidatos por el distrito 01, está conformado por una mayoría ex priísta, al igual que el distrito 02, por el distrito 17 de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan y Zirándaro están José Luis Ramírez Mendoza y Rey Hilario Serrano, quien aparece en la lista que el gobierno federal filtró de alcaldes con presuntos vínculos con el crimen organizado.
En Morelos, poco más de 10 aspirantes de los distintos partidos políticos que buscan contender a los distintos cargos de elección popular tienen delitos pendientes. Según el fiscal general de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado, afirmó que “la mayoría de los aspirantes que tienen cuentas pendientes con la justicia son militantes del PRD, a quienes se les vincula con delitos que van desde el robo de vehículo hasta deudas por pensión alimenticia”.
Aunado a esto, en Michoacán, Nayeli Pedraza Huerta, esposa del ex alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera, preso actualmente por nexos con el narcotráfico, podría obtener la candidatura por la vía plurinominal.
