Carlos Bauer / @CarlosBauer3_0
(17 de mayo, 2013). – El sábado 11 de mayo los mexicanos despertaron con la noticia de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda decidió condonar 3 mil 300 millones de pesos en impuestos a Televisa, la empresa que controla 70 por ciento de la audiencia televisiva en el país. La indignación se apropió de las redes sociales pero, como probablemente calculaban Hacienda y Televisa, no pasó de allí. No era la primera vez que las autoridades hacendarias usaban huecos legales para favorecer a grandes empresas.
El miércoles 15 de mayo la indignación fue atizada por un comunicado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), en el que la presidente de dicho organismo expresaba su preocupación por que “de forma indiscriminada y sin juicio previo se considere evasor a cualquier contribuyente sobre el que pese un crédito, simplemente porque se acoge a un programa de regularización votado por el Congreso y establecido en la ley”.
Diana Bernal Ladrón de Guevara defendió, como si se tratara de una empleada suya, la imagen de Televisa, argumentando en su comunicado que “preocupa que se estigmatice a aquellos causantes (personas físicas o morales) por el solo hecho de que el fisco les haya determinado un adeudo o crédito”.
Asimismo, la titular de la Prodecon deslindó de toda responsabilidad a Enrique Peña Nieto, con el argumento de que el programa “Ponte al Corriente” implementado por el SAT y mediante el cual Televisa obtuvo la condonación mencionada, fue propuesto y aprobado por los diputados federales durante la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013. Ladrón de Guevara recalcó que dicha ley incluso fue defendida y votada por una amplia mayoría de los legisladores de oposición, por lo que no se puede achacar al gobierno federal alguna intención de favorecer a la empresa televisora. Son, sin embargo, los diputados que ven con buenos ojos los acuerdos interpartidos para impulsar el desprestigiado “Pacto por México”.
Lo que no cabe duda es que la presidente de la Prodecon dice la verdad. La ley de ingresos en que se contempla la condonación de impuestos a que se ha acogido Televisa fue aprobada en lo general por los diputados con 446 votos a favor, 19 en contra y 7 abstenciones (en lo particular hubo una variación, pero nada significativa: 417 votos a favor, 33 en contra y 7 abstenciones). En la Cámara de Senadores se mostró la misma tendencia, al aprobarse la ley con 101 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones.
Sin embargo, lo que Diana Bernal no menciona es que si bien La Ley de Ingresos se negocia en el Congreso, para entrar en vigor debe ser promulgada por el Ejecutivo, así que éste no puede desentenderse de las consecuencias de darle su aval. Otro aspecto que se soslaya es el hecho de que el programa “Ponte al Corriente” únicamente aplica para “créditos fiscales consistentes en contribuciones federales, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, causadas antes del 1o. de enero de 2007”. Es decir, que el SAT tuvo cinco años para cobrar esos impuestos y no lo hizo.
Por último, hay una cuestión que plantea preocupantes sospechas. De acuerdo a la ley, el SAT tiene un periodo de cinco años para reclamar por la vía judicial los adeudos de los contribuyentes morosos. Pasado ese tiempo, las autoridades fiscales pueden solicitar el pago de los adeudos pero no pueden proceder penalmente contra el contribuyente. Es decir, que el cobro de esos impuestos depende de la buena voluntad del deudor. Dado que el programa “Ponte al Corriente” entró en vigor en diciembre de 2012 y contempla la condonación de impuestos a 2007, en realidad está condonando adeudos que ya le era imposible cobrar (a menos, claro, que los contribuyentes decidieran ser buenos ciudadanos y pagar sus impuestos aunque el impago no tuviera repercusiones).
Según dio a conocer el comunicado de la presidente de Prodecon, el 51 por ciento de los contribuyentes que se acogieron a “Ponte al Corriente” tiene adeudos de menos de 20 mil pesos y sólo 2.78 por ciento deben al fisco más de 500 mil pesos. ¿Cómo fue posible que durante cinco años ningún funcionario de Hacienda detectara que una empresa le debía 3 mil millones de pesos y procediera a demandarla para evitar la prescripción del pago?
Quizá la respuesta sea, por inverosímil que suene, que las autoridades decidieron dejar pasar el tiempo para que después la empresa pudiera evadir legalmente el pago de sus impuestos. En febrero de este año, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que durante el sexenio de Felipe Calderón las autoridades hacendarias devolvieron 283 mil millones de pesos en impuestos, de los cuales 63 mil millones correspondían a únicamente 20 empresas, cuyos nombres se mantuvieron en secreto. ¿Estaba Televisa entre ellas?
El actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, ha anunciado que durante el segundo semestre de este año se presentará y aprobará la iniciativa de Reforma Hacendaria acordada en diciembre pasado por los firmantes del Pacto por México (los tres partidos mayoritarios). ¿Contemplará la Reforma cambios que eviten la repetición de estos episodios?
